La clase media se encuentra hoy pulverizada entre tres fuerzas destructivas, al servicio del Leviatán estatal: el expolio fiscal parasitario, la erosión implacable de la inflación y un coste de vida desbocado que la ha convertido en una esclava de sus facturas esenciales. Se ha roto el contrato social no escrito que garantizaba que el esfuerzo se traduciría en ascenso y seguridad.

La contracción flagrante del tamaño de esta clase media es un indicador demoledor. Si en 2018, utilizando la definición de la OCDE (ingresos entre el 75% y el 200% de la renta mediana), este contingente abarcaba alrededor del 53% de la población, al cierre de 2024, esa cifra había colapsado a un exiguo 43%−45%; esto es una pérdida neta de entre 8 y 10 puntos porcentuales en apenas siete años.

Eso no es un ‘declive’ estadístico; es una deportación forzosa de millones de ciudadanos productivos hacia la vulnerabilidad, la pobreza relativa o, lo que es peor, la dependencia directa del Estado. Se ha dinamitado la base de la pirámide social que genera la riqueza y paga las facturas del despilfarro público. Esta fuga hacia la vulnerabilidad es una de las pruebas tangibles del fracaso de la política social comunista.

Para ocultar esta catástrofe social, el Gobierno y su aparato mediático han vendido con cinismo la narrativa de los aumentos salariales nominales. Es una burda falacia estadística.

El efecto acumulado del impuesto silencioso de la inflación ha devorado, en promedio, hasta el 89% de toda subida salarial

El efecto acumulado del impuesto silencioso de la inflación ha devorado, en promedio, hasta el 89% de toda subida salarial percibida por el trabajador entre 2018 y 2024. El trabajador medio, ese que el Gobierno dice proteger, ha sufrido una pérdida tangible y real de cerca de 1.410 euros de poder adquisitivo acumulado.

Para la familia tipo, el crecimiento neto de su Renta Real Disponible ha sido, a efectos prácticos, nulo en el periodo crítico de 2019 a 2023. Los incrementos nominales no han sido más que un paliativo insuficiente para mitigar la hemorragia, no para generar riqueza real ni capitalización familiar.

El único efecto palpable de estos aumentos ha sido el de justificar, ante la opinión pública, el incremento subrepticio de la carga fiscal que viene a continuación.

Si la inflación es un atraco de guante blanco, el sistema fiscal español es una máquina de triturar rentas a plena luz del día. La clase media, por definición, carece de la pobreza suficiente para ser subsidiada y de la riqueza necesaria para permitirse la elusión sofisticada. Se convierte así en el recaudador forzoso y perfecto del Estado, la víctima ideal.

La cuña fiscal directa —el IRPF y las cotizaciones sociales que son, esencialmente, otro impuesto al trabajo— absorbe un escandaloso 38,8% de la renta generada. Pero el factor más perverso e inmoral es la progresividad en frío del IRPF, un deliberado expolio planificado.

La familia media se ve forzada a dedicar alrededor del 34% de su renta a la hipoteca o hasta un insostenible 36% al alquiler

El Gobierno se ha negado a deflactar la tarifa conforme al aumento del coste de la vida. El resultado es devastador: subidas salariales que apenas compensan la inflación son automáticamente empujadas a tipos marginales más altos. Esto es un incremento de impuestos encubierto, ejecutado sin necesidad de votación parlamentaria y con un mensaje claro para la mesocracia patria: tu esfuerzo será mi botín.

Al sumar la imposición indirecta (IVA sobre el consumo básico, impuestos especiales sobre la energía), la carga fiscal total sobre la renta generada por la clase media roza el 50%; es decir, el Estado se apropia de la mitad de todo lo que el ciudadano produce antes de que la familia pueda siquiera disponer de su renta para pagar sus gastos ineludibles. La confiscación es casi total.

Desde esta posición de debilidad financiera inducida por un Estado voraz, la clase media debe afrontar un coste de vida en el que la vivienda es el agujero negro que devora cualquier posibilidad de estabilidad o capitalización patrimonial.

Entre 2018 y 2025, los precios de compra se han disparado entre un 35% y un 45%, y los alquileres han escalado entre un 35% y un 50%. Los umbrales de endeudamiento sostenible son historia antigua. La familia media se ve forzada a dedicar alrededor del 34% de su renta a la hipoteca o hasta un insostenible 36% al alquiler.

Cuando el INE arroja datos agregados de una tasa de ahorro que se acerca al 13.6%, se está perpetrando una burda mascarada estadística diseñada para el autoengaño. Este ahorro se concentra de manera casi absoluta en las rentas altas y patrimonios consolidados.

Para la clase media, que consume implacablemente entre el 80% y el 90% de su renta neta en gastos ineludibles (comida, suministros, transporte), el ahorro es un concepto teórico, un lujo inalcanzable.

La ausencia de un colchón financiero condena a esta inmensa porción de la población a una vulnerabilidad sistémica y crónica, obligándola a vivir al día y forzando en muchos casos el desahorro y el endeudamiento puramente existencial, solo para mantener una apariencia mínima de dignidad y un nivel de consumo que la mantenga a flote.

El periodo 2018-2025 ha marcado el epitafio de la vieja clase media española. La contracción de su tamaño y la anulación de su capacidad de ahorro han sustituido la estabilidad por una vulnerabilidad crónica.

A pesar de los presuntos «buenos datos» del PIB, la realidad es que la economía española ha demostrado ser incapaz de traducir la mejora macroeconómico en un bienestar familiar real y duradero.