ALVARO García Ortiz es un soldado que por convicción, por una idea militante de la justicia o por apego al cargo puso al servicio de Pedro Sánchez la Fiscalía General del Estado. Un día recibió una orden desde Moncloa y, a diferencia de Juan Lobato, entendió que los soldados no cuestionan las órdenes del mando: las llevan a cabo. Lo que no fue capaz de comprender cuando el Supremo le abrió una causa es que su jefe había decidido utilizarlo fuese cual fuese el desenlace del caso. Si salía absuelto el aparato oficialista podría lanzar una campaña de propaganda a todo trapo, y si lo condenaban utilizaría la sentencia para victimarse y cohesionar a su electorado. Era un ‘win-win’, una apuesta rentable a prueba de fallos.

El fiscal se convirtió en una pieza del juego. Un alfil sacrificable en algún gambito de alcance estratégico. Por eso tenía que permanecer en el puesto; si dimitía no podía servir al verdadero objetivo del movimiento. Su carrera profesional y su suerte penal eran lo de menos; ya habrá tiempo para indultarlo, para que el Tribunal Constitucional revise el veredicto o para buscarle acomodo en algún destino dependiente del Gobierno. Su presencia en el banquillo como jefe de la acusación y a la vez reo, una anomalía institucional de primer orden, constituía condición necesaria para sacar partido del proceso. El presidente es un consumado experto en explotar cualquier tipo de crisis en su propio provecho.

Ésa es la fase actual. Por mucho que las primeras reacciones gubernamentales aparentasen contrariedad por la condena, si no estaba descontada tampoco ha sido ninguna sorpresa. El plan de contingencia incluía esa posibilidad y su correspondiente transformación en una palanca con la que movilizar a los sectores más comprometidos de la izquierda. A ello se han aplicado, en medido orden, las terminales mediáticas, las judiciales y las tuiteras, embarcadas en una ofensiva paralela que presenta la resolución del tribunal como un episodio de guerra sucia de la derecha. Se trata de minimizar el evidente revés para articular una oleada de protesta –con alguna pintoresca concentración callejera ante las Salesas– en busca de una remontada en las encuestas.

El empeño no es fácil porque el asunto entraña notable complejidad jurídica para la mayoría de la opinión ciudadana y además queda bastante lejos de sus preocupaciones inmediatas. Pero la máquina de consignas se ha puesto en marcha para simplificar los argumentos a la medida de las emociones primarias. Nada de explicaciones sofisticadas: nos atacan desde distintos frentes y con Ayuso a la cabeza, con eso basta. Si funciona o no se empezará a saber en Extremadura dentro de un mes, en unas elecciones que pintan para el sanchismo con muy mala traza. A García Ortiz, con su trayectoria profesional arruinada, siempre le quedará el consuelo de verse declarado mártir de la democracia.