«Hasta que el presidente no regrese no se tomará ninguna decisión», avisaban este lunes fuentes gubernamentales. El jefe del Ejecutivo tampoco quiso despejar la incógnita en una breve comparecencia en Luanda en la que, prácticamente, se limitó a elogiar la actitud de García Ortiz, el hombre al que los socialistas pero también sus socios de Sumar presentan como una víctima más de los desmanes de una derecha sin escrúpulos encarnada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, y por jueces como Manuel Marchena, miembro del tribunal que lo ha condenado y artífice de la sentencia del ‘procés’.

Que el Gobierno se prepara para hacer frente a una parte del Poder Judicial a la que considera hostil en un momento en el que aún están pendientes de desenlace un buen puñado de causas judiciales con consecuencias para su devenir (el ‘caso Cerdán-Ábalos-Koldo’, el ‘caso fontanera’, el de Begoña Gómez o el de David Sánchez) es una obviedad. Pero en manos de Sánchez está ahora decidir cómo juega sus cartas. Y la figura que elija para ocupar la Fiscalía General del Estado servirá para medir cuán lejos quiere ir y qué mensaje pretende mandar al electorado de izquierdas y al adversario.

En las propias filas socialistas –donde, en todo caso, aseguran que el asunto se lleva con discreción en el núcleo duro del Ejecutivo (Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero)– han bromeado en estos días con lo que supondría recuperar para el puesto a la exministra Dolores Delgado o encomendárselo a su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. A ambos se los pudo ver el domingo manifestándose frente al Supremo contra la sentencia. «Ella no creo que quiera después de cómo lo pasó y él se come al presidente si hace falta», dice un dirigente.

Esos nombres no forman parte más que de las conversaciones de patio y chascarrillos que se activan en este tipo de situaciones, pero es cierto que dan la pauta del estado de ánimo que se instaló en el PSOE al conocer el jueves el fallo del Supremo. Un ardor guerrero del que en estos días ha ejercido como máximo exponente el ministro de Transformación Digital y Función Pública, además de líder de la oposición madrileña, Óscar López. «Algunos no nos vamos a chupar el dedo y no nos vamos a callar», volvió este lunes a la carga.

El que fuera también jefe de gabinete de Sánchez cuando se produjeron las filtraciones de los correos que llevaron a García Ortiz al banquillo arguyó que el fallo es obra de jueces que «creen que tienen que salvar la patria» y que siguen el dictado del expresidente José María Aznar, quien, en vísperas de que el Ejecutivo impulsara la ley de amnistía, acusó a Sánchez de poner la Constitución al servicio de «los separatistas» y de «antiguos terroristas», y pidió: «Quien pueda hacer que haga».

El tono del socialista madrileño no es, aun así, el de todo el Gobierno. El propio Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han cuidado más la institucionalidad en sus escasas intervenciones sobre este asunto. Pero eso no quiere decir que López vaya por libre o que los dos primeros no piensen lo mismo que él. Es una cuestión de roles, que, sin embargo, sí puede tener una incidencia en la elección del nuevo o la nueva fiscal general.

El Gobierno ha dejado claro, en cualquier caso, que la persona elegida será indiscutiblemente progresista, como lo eran Delgado y García Ortiz, cuya ratificación, tras las últimas generales, fue recibida con recelo por un sector de la Judicatura y la carrera fiscal, que, entre otras cosas, lo acusó de no defenderlos de los ataques que, a su juicio, contenía contra ellos el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts.