- Ahí se encierra el golpe de quienes pretenden hacer imperar sus deseos y ambiciones inescrupulosas por encima de la ley para servir a un Gobierno que discierne por su cuenta y riesgo que nadie puede enjuiciarle. Quienes aguarden una rectificación de Sánchez pierdan cualquier esperanza
Como con Pedro Sánchez no cabe rectificación, a un fiscal general inhabilitado por el Tribunal Supremo como Álvaro García Ortiz lo suple otra, Teresa Peramato, que hará méritos para serlo. Pero procurando, eso sí, que a ella no la pillen si tiene que ejecutar otro complot monclovita contra una antagonista política como Isabel Díaz Ayuso. No en vano, ni el Gobierno ni la nueva fiscal aceptan el fallo del Tribunal Supremo ejemplificando que, cuando la ambición de poder es insaciable, este se extiende hasta donde no se le fijan límites.
Como a su precursor, al que acompañaba cogida del brazo a la sala de vistas donde fue juzgado por primera vez en la historia un máximo responsable del Ministerio Público, tampoco habrá que rememorarle a Peramato de quien depende la Fiscalía porque trabajará en la dirección que convenga a Sánchez sin que La Moncloa se lo explicite. Como expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación en la que militan sus dos antecesores, es astilla del mismo palo que Ortiz y Dolores Delgado. Dos fiscales de trinchera que, a diferencia de la primera fiscal general con Sánchez, María Jesús Segarra, dimitió, pese a engrosar la misma agrupación izquierdista. No quiso ser una simple delegada del Gobierno llamada «a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y, al propio tiempo, condescendiente con los delitos atribuidos al equipo gubernamental que lo ha nombrado», sea dicho con palabras del exfiscal y magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en su libro La Justicia amenazada.
Si Segarra marchose por decoro, otro tanto Marchena cuando declinó regir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, cuya renovación habían pactado Sánchez y Casado, al filtrarse un WhatsApp en el que el senador popular Ignacio Cosidó presumía que «controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás». Sin embargo, lo que, según el Sánchez de aquel 2018, demostraba imparcialidad e idoneidad en Marchena para el Sánchez de 2025 este deber ser linchado al achacarle ser el instigador de la condena de su fiscal tras presidir el juicio del 1-O contra sus hoy socios golpistas. La ojeriza debe obedecer «a ese clerical vicio de querer siempre tener razón» y del que se deriva que «el rival debe valer menos cuando ha sido vencido», según escribe Max Weber en El político y el científico.
Desde que otorgó la Fiscalía General a Dolores Delgado, a quien antes hizo ministra agradecida al rol del ex juez Garzón en la trastienda de la sentencia-fake contra Rajoy, Sánchez instrumentaliza la Fiscalía para avivar los pleitos que perjudican al adversario y desactivar aquellos que dañan a su familia y a su partido. Si en los primeros, la Fiscalía opera cuál Torquemada; en los segundos, refuerza a la Abogacía del Estado en amparo de la Moncloa y de Ferraz, salvo que sea atribución de una Fiscalía Anticorrupción que aún preserva margen de autonomía. Ello aclara su sabotaje por parte de las cloacas sanchistas.
Como es hábito en «Noverdad» Sánchez, quien manifestó en 2014 a Jordi Évole que renunciaría a «todas aquellas comodidades que han hecho peor al PSOE», hoy las desborda y sobredimensiona. A este respecto, no le importó usar las puertas giratorias para que, por primera vez en democracia, una ministra como Delgado fuera fiscal general tras prometer clausurar esa gatera. Ni ratificar a un Ortiz «inidóneo» para el Consejo General del Poder Judicial y culpado de «desviación de poder» por el Tribunal Supremo en provecho de su predecesora. Con tales bagajes, ambos atesoraban antecedentes apropiados para cualquier fechoría que se les reclamara como la perpetrada contra Ayuso.
Es más, Ortiz tenía la escuela de una fiscal desprestigiada hasta el vómito como Delgado que, como prueban las ominosas grabaciones oídas en su día de su almuerzo con el comisario Villarejo en compañía de su hoy marido, Baltasar Garzón, festejaba la red de «información vaginal» del policía contra políticos y hombres de negocio sita en los prostíbulos del suegro de Sánchez. A la par, le indicaba a Villarejo posibles chantajeables como los fiscales y jueces, de los que comentó que mantuvieron relaciones sexuales con menores en un viaje oficial a Colombia.
De igual forma que Zapatero condujo sus tratos con ETA por medio del otrora fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, hoy comisionado en el Tribunal Constitucional, Sánchez ha buscado disponer igualmente en la jefatura del Ministerio Público a alguien presto a que el vuelo de las togas no eludiera el contacto con el polvo del camino. Si la Justicia no estaba para obstaculizar procesos políticos con Zapatero, otro tanto para protegerle a él y hacerle inimputable. Por eso, a la caída de cada soldado en acto de guerra, le ha sucedido otro que no se ande con las dudas de aquel aspirante a un cargo prominente que, al preguntarle a Samuel Johnson si creía que estaría a la altura de la requisitoria, halló la tajante respuesta del prohombre: «No tenga miedo alguno, señor. Pronto será usted un magnífico bribón».
Empero, con el cambio de fusible en la fiscalía tras el cortocircuito originado por Ortiz tratando de asesinar políticamente a Ayuso por orden de Sánchez, el Gobierno y sus socios ladrando como una rehala aprovechan para sitiar a un Tribunal Supremo al que el Tribunal Constitucional, contraviniendo la Carta Magna, expropia de su fuero de última instancia judicial. Por ende, lo probable es que el Consejo de Ministros no le prodigue el indulto al caído Ortiz, sino que Sánchez opte porque el TC revoque el veredicto para humillar al Tribunal Supremo, como en otras causas que atañen al PSOE.
Ello coadyuvaría a abonar la tesis gubernamental del «golpe de Estado judicial» para que la Justicia no sea el poder autónomo que consagra la Constitución. Ello produciría la implosión del sistema que timonea un prevaricador como Garzón después de comandar su malograda ofensiva contra los jueces y fiscales argentinos que sentenciaron a Cristina Fernández de Kirchner. Fue por desviar más de mil millones de dólares de fondos públicos, y no por ningún lawfare ni bicho que se le parezca, dado como aquí se emplea la misma estratagema por parte de los corruptos.
Después del fiasco de aquel «Objetivo: Cristina» de allende los mares, aquende, lo reactualiza con su «Objetivo, Pedro» para, de paso, vengarse de quienes le expulsaron de la carrera como Marchena. Este atisbó además un supuesto tráfico de influencias en aquel «querido Emilio» con el que encabezada la misiva que dirigió a Botín para recabarle unos patrocinios, mientras instruía un sumario al todopoderoso mandamás del Santander.
Ahí se encierra el golpe de quienes pretenden hacer imperar sus deseos y ambiciones inescrupulosas por encima de la ley para servir a un Gobierno que discierne por su cuenta y riesgo que nadie puede enjuiciarle. Quienes aguarden una rectificación de Sánchez pierdan cualquier esperanza porque, como enseñó Heráclito, su carácter es su destino (y el de los españoles si no le ponen coto). Habrá que ver lo que tarda en destaparse la fiscal Peramato que iba de la mano del condenado Ortiz.