Quieren sangre

Cuando el Poder Ejecutivo se lanza a atacar sin disimulo al Poder Judicial, algo va muy mal en un país. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España. Sánchez se creía que los magistrados del Tribunal Supremo no se atreverían a dictar sentencia condenatoria después de que él declarase a El País que la marcha del juicio demostraba que García Ortiz era inocente. Sánchez cree que la Justicia debe obedecerle, que él tiene un mandato superior. Lo de la división de poderes no va con él.

Se ha puesto en marcha la campaña –torticera– de que Álvaro García Ortiz ha sido condenado sin pruebas. Hombre, decir que no importaba quién hubiera filtrado el expediente de González Amador es un indicio absolutamente probatorio. Porque si no, la obligación de la Fiscalía era investigar de inmediato quién había violado el secreto de la negociación entre la representación legal de González Amador y la Fiscalía. Pero eso no tocaba. Igual que si el Supremo hubiera declarado inocente a García Ortiz, apuesto a que tampoco se hubiera promovido desde la Fiscalía General investigar quién era entonces el responsable de la filtración. Y que García Ortiz fuese el autor de la nota de Prensa era de una enorme gravedad. Tanto que algunos juristas apuestan a que esa va a ser la causa de su suspensión por dos años. Y no tiene más penas. Porque no se ha podido probar más que eso. Pero aquí el Gobierno ya ha descalificado la sentencia sin conocerla.

Se está atacando al Supremo, pero fíjense cómo se cuidan de sacar a la palestra al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que se personó como afectado por la gravedad que tiene el que se viole el secreto de las negociaciones de un letrado y la Fiscalía. Y ¿por qué no dicen nada del ICAM? Pues muy sencillo. Porque el único y paupérrimo argumento que tienen es el de decir que la Justicia está politizada contra el Gobierno. Pero decir que el ICAM tiene una tendencia u otra es simplemente imposible. Tiene unos 75.000 colegiados y no hemos visto ni uno de ellos que haya salido a protestar contra la personación del Colegio en la causa como perjudicado.

El PSOE de Felipe González vio a su ministro, José Barrionuevo, y a su secretario de Estado, Rafael Vera, entrar en prisión el 10 de septiembre de 1998. Felipe incluso los escoltó hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara. Tanto González como la dirección de su partido y los cientos de personas que acompañaron a los dos condenados clamaban su inocencia. Pero a nadie se le ocurrió acusar al tribunal que los condenó de hacerlo por razones políticas.

Se está acusando al Tribunal Supremo de dictar una sentencia condenatoria sin tener pruebas. Es decir, miembros desde este Gobierno están acusando a los magistrados del Supremo de prevaricar. ¿Qué tiene que decir al respecto Margarita Robles?

España está hoy en un momento político equiparable solo con el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Cuando desde el Poder Ejecutivo se descalifica el Poder Judicial como se está haciendo hogaño y la vicepresidente Yolanda Díaz pide movilizaciones en las calles, se está incitando al enfrentamiento. Y eso es pedir sangre. No lo olvidemos.