Podría decirse que el País Vasco afronta la gestión diaria y sus retos pendientes desde una posición en calma, sobre todo en comparación con la polarización política española y con el ascenso de los populismos en el resto de Europa, zarandeada por ultras y euroescépticos. Pero convendría también reflexionar sobre el evidente giro hacia posiciones extremas detectado por los estudios sociológicos en Euskadi, tanto en la opinión pública como en actitudes muy conflictivas en la calle, especialmente por parte de jóvenes radicalizados. Cabría preguntarse por tanto si el electorado al que se dirigen los partidos vascos, al menos los convencidos en ejercer su derecho al voto, están en esas mismas posiciones de centralidad.

Es evidente que se ha producido a una velocidad de vértigo una deriva hacia la beligerancia social e, incluso, el negacionismo en temas sensibles: vivienda, seguridad, empleo, igualdad o inmigración, entre otros. Aunque son posiciones mucho menos intransigentes que las defendidas en otras comunidades y países europeos, los partidos y las instituciones vascas deben articular soluciones creíbles y certeras para frenar precisamente ese riesgo de involución. Mitigada la pulsión identitaria, la gran prueba de fuego de esa pretendida centralidad será la revisión abierta en los pilares del autogobierno como la sanidad, la educación, la Ertzaintza y el propio Estatuto de Gernika.