La pregunta es qué más tiene que pasar para que el jefe del Gobierno disuelva las Cortes y entregue a los ciudadanos la decisión sobre su continuidad en el cargo. Porque tiene a un exministro encarcelado, a dos lugartenientes de su partido imputados por corrupción, a la propia organización investigada por indicios de financiación irregular, a su hermano y a su mujer procesados y a un fiscal general inhabilitado. Porque él mismo empieza a estar en la diana de los escándalos. Porque la falta de apoyo de sus socios le impide por tercera vez consecutiva aprobar un proyecto presupuestario. Y porque así sucede en estos casos en cualquier sistema político liberal que no se haya convertido en la siniestra parodia de un régimen democrático.

No ocurrirá. La probable última legislatura de Sánchez ha derivado en una anomalía continuada donde el poder Ejecutivo cuestiona al judicial y hace trampas para eludir la pérdida de su ya de por sí débil mayoría parlamentaria. Las instituciones independientes han sido desactivadas por el procedimiento de ocuparlas con peones de confianza y la única que resiste, la justicia, es víctima de la hostilidad sistemática de un potente aparato político y mediático de agitación y propaganda. Las reglas no escritas que han regido durante casi cinco décadas están orilladas y el presidente que las ignora sobrevive agarrado a la precaria coalición negativa de unos grupos antisistema empeñados en impedir la alternancia.

Este mandato ofrece motivos para una moción de censura desde su mismo principio, basado en el intercambio corrupto de la investidura por la impunidad de unos dirigentes condenados o perseguidos por graves delitos. Lo que no hay son votos para asegurar el éxito de ese mecanismo, que sin ellos quedaría reducido a una simple confrontación instrumental sin ningún efecto decisivo. La ciudadanía asiste así perpleja a un espectáculo sonrojante de degradación ética mientras la gestión de los asuntos públicos se desploma en un marasmo crítico para el que no se atisba salida en medio de una atmósfera civil contaminada de tóxico sectarismo. Un bloqueo social e institucional de desenlace desconocido.

Todo el país es consciente de que el sanchismo vive un fin de ciclo inevitable que si no llega en las urnas se precipitará en los tribunales. Elegir una u otra opción es potestad de un gobernante enrocado en la negativa a asumir responsabilidades y resuelto a llevarse la estabilidad del sistema por delante. Sus aliados, formaciones de expresa vocación rupturista, también saben que la situación no da más de sí pero aún aspiran a sacar los últimos réditos de su estrategia de chantaje. En el subsuelo del electorado se está incubando un malestar que amenaza con buscar en el populismo un cauce de escape. Esa catarsis va a estallar más pronto o más tarde. Falta por ver si el detonante brotará de la calle o de la cárcel.