Gobernar sin legitimidad

En un reciente y lúcido artículo, el jurista Juan José López Burniol recordaba que, en una democracia parlamentaria, un Gobierno que ha perdido el respaldo de las cámaras no puede pretender gobernar como si nada. Para remediarlo, propone una moción de censura instrumental: un presidente neutral, no político, con el único mandato de convocar elecciones. Su propuesta no es una excentricidad. Es una advertencia. Porque España vive hoy una anomalía democrática que ningún país serio de la Unión Europea toleraría.

No puede hablarse de legitimidad cuando un Gobierno está en minoría en ambas cámaras, no tiene capacidad para aprobar leyes y, además, gobierna por tercer año consecutivo con unos presupuestos prorrogados de otra legislatura. El último presupuesto aprobado en España es el de 2022. Desde entonces –2023, 2024 y 2025– el Ejecutivo ha gobernado sin someter a las Cortes una nueva ley de presupuestos. Es decir, con un marco económico ajeno al mandato actual, nacido de un programa electoral ya extinguido.

En cualquier sistema parlamentario europeo, la ley de presupuestos es la expresión más directa de la soberanía popular. A través de ella, el Parlamento controla los ingresos, los gastos y, sobre todo, las prioridades del Gobierno. Gobernar sin presupuestos nuevos es, por tanto, gobernar sin control político. En España, además, el artículo 134 de la Constitución es tajante: el Gobierno tiene la obligación de presentar y lograr la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado, y debe hacerlo al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio anterior. No hacerlo no es una mera irregularidad técnica. Es un incumplimiento constitucional que desactiva el corazón mismo del parlamentarismo.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido que la prórroga presupuestaria, prevista solo para casos excepcionales, se ha convertido en norma. Esa deriva congela la política económica, impide el escrutinio parlamentario y priva a la oposición de su función esencial: discutir y enmendar la acción del Ejecutivo. Tres años consecutivos sin nuevos presupuestos equivalen a tres años sin debate democrático sobre las prioridades del Estado. Y eso es una fractura de la legitimidad de origen y de ejercicio.

El Gobierno elude así una cuestión de confianza implícita. En la tradición parlamentaria, la derrota de un presupuesto equivale a la pérdida del respaldo político. Evitar ese momento de rendición de cuentas es una forma de burlar la esencia del sistema representativo. Ninguna democracia puede permitirse un Ejecutivo que decide cuánto gasta, en qué y cómo, sin someterlo al voto de la soberanía nacional.

Esta deriva no solo vulnera la Constitución española. Choca frontalmente con los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes como principios fundacionales. Europa no se limita a exigir elecciones libres; exige también instituciones que funcionen a diario, controles parlamentarios efectivos y gobiernos sometidos a la ley. España, al bloquear su proceso presupuestario y mantener una ficción de normalidad institucional, está degradando el equilibrio de poderes que da sentido a la democracia europea.

El Estado de derecho implica que ningún poder público puede situarse por encima de la ley. Aquí, el Ejecutivo lo ha hecho. No presentar presupuestos durante tres ejercicios consecutivos es una desobediencia constitucional deliberada. No hay una causa de fuerza mayor que lo justifique; solo cálculo político. Esa arbitrariedad erosiona la credibilidad del sistema, tanto ante los ciudadanos como ante nuestros socios europeos.

Además, el incumplimiento afecta a la cooperación con la propia Unión. Como miembro de la zona euro, España debe remitir cada año su plan presupuestario a Bruselas. La ausencia de nuevos presupuestos ha obligado a la Comisión a relajar plazos y normas. Es un síntoma preocupante: Europa no puede sostener un marco fiscal común si uno de sus grandes estados actúa al margen de las reglas.

El problema se agrava porque las instituciones que deberían corregir el desvío están neutralizadas. El Tribunal Constitucional, politizado y dominado por la mayoría gubernamental, difícilmente actuará contra el poder que lo controla. Y el jefe del Estado, con atribuciones limitadas y sin voluntad de intervenir, se mantiene en la distancia. La arquitectura institucional española ha quedado sin contrapesos reales.

Ante este bloqueo interno, corresponde a la Unión Europea hacer valer sus propios mecanismos. El artículo 7 del Tratado prevé sanciones para los estados que vulneren de forma grave los valores democráticos. Y desde 2021, la Comisión puede incluso retener fondos europeos a los gobiernos que incumplan el Estado de derecho. España no puede aspirar a ser una excepción.

Pero la defensa de la democracia no puede quedar solo en manos de Bruselas. También exige un movimiento cívico que reclame la regeneración institucional y devuelva la voz a los ciudadanos. Gobernar sin legitimidad, sin presupuestos y sin control parlamentario es un fraude democrático. Y frente al fraude, la respuesta no puede ser el silencio. Es hora de exigir elecciones ya.