La recién comenzada campaña de Extremadura va mucho más allá de unos comicios territoriales: es el comienzo de un ciclo de urnas que se extenderá en teoría hasta el verano de 2027, aunque existen bastantes probabilidades de que acabe antes. Así que habrá que acostumbrarse a ese ‘modo electoral’ donde los partidos activan todos sus resortes propagandísticos hasta convertirse en meros agentes comerciales dispuestos a captar por cualquier método la voluntad de los votantes. La autonomía extremeña es en ese sentido la primera prueba de contraste, el primer test de estrés del tercer mandato de Sánchez. Y hay consenso demoscópico en que no sólo no va a pasar el examen, sino que todo apunta a un batacazo considerable. Calabazas bien grandes.

A expensas de que el escrutinio determine el reparto exacto de escaños, los socialistas sólo aspiran a que Vox crezca lo suficiente para obligar al Partido Popular a un nuevo pacto. Ése es el horizonte máximo de una fuerza que durante 36 años ha gobernado la región como un latifundio político y ahora no tiene mejor candidato que un dirigente procesado por enchufar al hermano del presidente en un cargo fantasma sin funciones ni trabajo ni despacho. En realidad, el objetivo prioritario del tal Gallardo consiste en lograr el aforamiento de pleno derecho para aplazar el juicio del caso, tras un primer intento fallido por «fraude de ley» que al parecer no ha terminado de avergonzarlo.

Si María Guardiola no alcanza un resultado suficiente para salir investida en minoría, el Gobierno saldrá en tromba a proclamar el fracaso del PP a través de su poderosa maquinaria comunicativa. Lo que las encuestas pronostican, sin embargo, es un contundente desplazamiento del voto hacia la derecha y un palmario retroceso sanchista. Es la tendencia nacional, incluso europea, cada vez más nítida, y en Extremadura se vuelve más relevante en tanto consolida un cambio de hegemonía. El PSOE está perdiendo hasta su tradicional respaldo en el sector agrícola, cabreado por el impacto de la agenda climática en sus condiciones de vida. El conflicto de Almaraz es el síntoma de un creciente malestar contra la presión ecologista.

Pero en la Moncloa se ven las cosas de otra manera. Allí importa poco lo que pase en la Vera, en Tierra de Barros o en la Serena; no hay más que ver las conexiones ferroviarias para hacerse una idea. Cáceres y Badajoz eligen en total nueve diputados al Congreso, que son las cuentas que de verdad preocupan a Pedro a la hora de calcular opciones de supervivencia. En Cataluña son cuarenta y ocho y ahí es donde se la juega. De las elecciones a la Asamblea de Mérida únicamente le interesa la posibilidad de agitar ante la opinión pública nacional el espantajo de Vox para movilizar a la izquierda. Como en 2023, piensa aplicar a costa de sus cuadros regionales y locales el principio de la derrota estratégica.