Editorial-El Debate
- La fundamentada inhabilitación del Supremo a García Ortiz ha de abrir ahora el camino a restituir la institucionalidad de la Fiscalía General
La publicación por el Supremo de los 233 folios que componen la histórica sentencia que ha expulsado de la jefatura de la Fiscalía General del Estado a Álvaro García Ortiz, unida al voto particular de las dos magistradas discrepantes, pone el sello, con la verdad judicial que el alto tribunal cree acreditada, a un proceso sin parangón en el Estado de derecho español. Ello sin menoscabo de que García Ortiz, que dimitió cuando el daño a la institución que encabezaba ya estaba hecho tras su insólito enjuiciamiento, eleve recurso ante el Constitucional ejerciendo los derechos que le asisten como condenado. Una impugnación que, en todo caso, ni debería anticipar ni alentar ni mucho menos sugerir su resultado el Gobierno que nombró al inhabilitado fiscal general, cuya injerencia, empezando por el presidente
Sánchez, ha superado los límites de la crítica razonada y razonable a la actuación de la Magistratura y el obligado respeto a la separación de poderes. Que el ministro Óscar López se permitiera descalificar ayer la fundamentada resolución comparándola con un guion de Hollywood tiñe de frivolidad la respuesta a un encausamiento que ha erosionado nuestro entramado institucional. Y sin una reacción tasada y argumentada a la voluntad que trasluce el veredicto de salvaguardar la trayectoria «con brillantez y dedicación» de García Ortiz y la institucionalidad de la Fiscalía General, una vez constatado un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» de que el hoy condenado o alguien de su entorno autorizado por él filtró el correo con datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.El acatamiento de la sentencia, sea desde el aplauso cabal o desde la discrepancia motivada -nunca desde el desafuero ni en un caso ni en otro-, ha de contribuir a partir de ahora a pasar página de un episodio desgraciado para la democracia, por el cual el máximo responsable de la acusación pública ha sido castigado penalmente por la comisión de un delito.
La designación de Teresa Peramato, una profesional reconocida incluso por quienes dudan de que pueda salvaguardar la entereza de la Fiscalía de la intromisión del Gobierno de Sánchez, ha obrado en lo inmediato un necesario apaciguamiento tras un trance extremo. Ella misma se ha autoimpuesto el deber de «sanar» la «profunda herida» abierta. Un compromiso que debe concitar al conjunto de los fiscales y al resto de las instituciones que comparten el marco del Estado de derecho con el Ministerio Público.