Como cabía esperar de su origen, esta legislatura nacida de un pacto espurio contra el ordenamiento democrático se ha convertido en un pulso entre una banda de delincuentes atrincherados en la dirección del Estado y los policías y jueces que les siguen los pasos. Las instituciones, incluido el Parlamento, la oposición y los ciudadanos son ya sólo comparsas de este duelo de ribetes cinematográficos en el que las redadas se suceden a diario sin que falten espectadores capaces de demostrar su solidaridad con los responsables del atraco. Esa empatía es la versión sociopolítica de una patología mental llamada ‘hybristofilia’, fascinación por los malos, alimentada por discursos populistas cuyo fuerte arraigo ha logrado dividir el país en dos bandos enfrentados, impermeables a cualquier evidencia susceptible de contradecir sus prejuicios sectarios. Y constituye la última esperanza de supervivencia de un Gobierno achicharrado por los escándalos.

La hipótesis de un registro de la Guardia Civil en la Moncloa ya no es descabellada, aunque por ahora siga resultando improbable. El cerco judicial al entorno del presidente va dibujando un mapa de responsabilidades donde la coartada del desconocimiento se desmorona con el progresivo avance de las investigaciones sumariales. Contundentes indicios de corrupción recaen sobre sus colaboradores más directos en el partido, sus pretorianos de confianza o sus peones de brega en alcantarillas y desagües, y hasta sus más directos familiares están a punto de comparecer ante los tribunales. Las denuncias de acoso sexual se multiplican ante un feminismo oficial impotente para reconducir el espinoso debate que lo sacude por la base. La sensación de final de partida se ha vuelto imparable por mucho que el liderazgo transmita la consigna de resistir a la espera de que el chaparrón escampe. Porque todo el mundo sabe que la tormenta está causando estragos graves.

Así las cosas, la aventura personal que siempre ha sido el sanchismo carece de otra salida que no sea la de continuar hasta el borde del precipicio arrastrando a todos sus seguidores consigo, y al sistema entero si fuera preciso. A tal efecto, el jefe del Ejecutivo ha ordenado insistir en las negociaciones con el nacionalismo catalán, el único aliado en condiciones de proporcionarle oxígeno a cambio de contrapartidas inasumibles para un poder de fundamentos legítimos. La posibilidad de un demarraje constitucional, apuntada hace días por la presidenta del Congreso, ha dejado de ser una conjetura especulativa propia de zahoríes apocalípticos para adquirir la verosimilitud de una desesperada maniobra de escape a través de un salto cualitativo. El vértigo del desplome amenaza con desembocar en una convulsión terminal, un terremoto político: la última salida de un arribista sin escrúpulos dispuesto a eludir al precio que sea un horizonte penal comprometido.