Empanado entre el putiferio socialista y la corrupción de sus adláteres y familiares, el presidente Sánchez, mientras proclamaba la magnificencia de su abono de transporte, maniobraba para resucitar una vez más la monserga nacionalista. Me refiero al confuso asunto de las balanzas fiscales que lleva rondándonos a los españoles desde la época de Franco cuando, allá por 1972, Ramón Trias Fargas, en su «Introducció a l’economía de Catalunya», decidió desvincular el análisis de los flujos fiscales interregionales del resto de los conceptos que configuran la correspondiente balanza de pagos. De esta manera ocultaba, de manera engañosa, que el déficit fiscal no era sino la expresión genuina de la supremacía de la economía catalana en el conjunto de España; o dicho de otra manera, que la capacidad competitiva del «Principat» –pues Cataluña era entonces la fábrica de España–, singularmente en el terreno industrial se reflejaba simultáneamente en su superávit comercial y en su desequilibrio entre el ahorro y la inversión. No podía ser de otra manera, pues, por definición, el saldo de la balanza de pagos es siempre igual a cero porque las liquidaciones de sus diversas partidas se compensan unas con otras. Trias sabía esto, aunque por razones políticas prefirió cuestionarlo –aunque sólo para el coleto catalán, pues lo afirmó para el resto de las regiones–; y, claro está, los papanatas oportunistas del nacionalismo catalán, economistas incluidos, entonces encuadrados en el pujolismo y generosamente financiados por Banca Catalana, lo tomaron como un dogma de fe sobre el que asentar la idea de que «España nos roba».

Y ahora llega Sánchez y lo saca a relucir con la esperanza de que los votos de junteros y republicanos le permitan salir del agujero en el que él solito se ha metido, dejando hacer a aquellos de los suyos que, dominados por las pasiones, mezclan el sexo con el dinero hasta llegar a las puertas de los juzgados. Lo que está en juego, si todo les sale bien a los de Puigdemont y Junqueras, son más de 20.000 millones de euros que saldrán de la talega de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Así que los españolitos de a pie tendremos una peor sanidad, educación, transporte y servicios sociales.