Sólo desde una cerrazón rayana en el fetichismo ideológico se puede entender la oposición de Sánchez a la moratoria de los coches de combustión decidida por la Unión Europea, arrepentida a la fuerza de sus irreflexivas urgencias. Como de todas maneras la medida se ha adoptado por la presión de la industria alemana y francesa, el pasadero del Falcon puede seguir presumiendo de integrismo ecologista al tiempo que se beneficia de ella. Pero la realidad es que salió derrotado de Bruselas, igual que su ‘longa manus’ en la Comisión, Teresa Rivera. Von der Leyen fue más pragmática –le esperaban dos revolcones en el convenio con Mercosur y en los activos rusos– y prefirió plegar el brazo antes de que se lo torcieran manos ajenas.

En España hay alrededor de diecinueve millones de automóviles, tres cuartas partes del total, ‘durmiendo’ cada noche a la intemperie rasa. Y es de los países comunitarios con menor implantación de puntos públicos de recarga. Los compradores de eléctricos están en alza, pero pertenecen a una clase media-alta que los usa sobre todo en la movilidad urbana, posee otro de combustible fósil para la carretera y además dispone de enchufes en sus casas. La red eléctrica apenas da para cubrir la demanda ordinaria, con riesgo de apagones advertidos por las instituciones especializadas, y aún tiene que hacer frente al altísimo consumo que la inteligencia artificial necesita en sus centros de ‘big data’.

En estas condiciones, la prohibición de vender vehículos de gasolina y gasoil en 2035 se parecía mucho a un suicidio económico, funcional y político. No sólo impondría un sacrificio a los segmentos sociales con menos poder adquisitivo, propietarios de un parque móvil ya muy envejecido; golpearía con dureza al sector automotriz, que representa un diez por ciento del PIB y emplea a más de medio millón de trabajadores a su servicio. En Europa, ante un panorama parecido, se han dado cuenta de que el compromiso autoimpuesto no iba a cumplir sus objetivos y de que la reconversión acelerada sólo beneficiaría a los coches baratos chinos. Sí, esos para los que el Gobierno sanchista ha defendido la liberación arancelaria a través de sus ‘lobbies’ favoritos.

El nuevo margen del ‘statu quo’ es de un lustro más, aunque no resulta improbable que acabe prolongado porque se trata de una solución negociada para salir del paso. Mientras China, Estados Unidos, Rusia e India sigan contaminando a caño libre es absurdo decir a los ciudadanos de la UE que su tartana de quince años es la culpable del problema climático. Ni lo van a entender ni lo van a aceptar; de hecho lo consideran un mandato arbitrario, un cambio disruptivo como mínimo muy mal explicado. La pésima gestión de estos asuntos de impacto cotidiano tiene mucho que ver con el deterioro democrático que tanto parece alarmar a ciertos dirigentes incapaces de explicarse su cuesta abajo.