- Pedro Sánchez sigue utilizando una ley excepcional de la pandemia para trasvasar fondos públicos sin control del legislativo. Así lleva tres años manipulando en solitario unos Presupuestos a su medida sin contar con el Parlamento
Que España lleve tres años sin Presupuestos, y no los vaya a tener en 2026 y en 2027, no parece que preocupe a los españoles. Son muchos los que, con una mezcla de resignación e indiferencia, los ven como un trámite rutinario que en nada afecta a sus vidas ni a las prestaciones que reciben del Estado.
Pero se equivocan, porque aprobar los Presupuestos no es un simple trámite que el Gobierno pueda esquivar como quien se escabulle con una argucia legal o escapa por una gatera del control del Parlamento. Es el origen del sistema constitucional y democrático. Y además, sí afecta a su bienestar.
Hace mas de mil años, los representantes de los estamentos de la España medieval dieron los primeros pasos para que los tributos que tenían que pagar al monarca fueran aprobados por sus representantes, los procuradores en Cortes de aquellos pequeños reinos. Si tal aprobación no se conseguía, no se pagaban impuestos. Así de claro; con el control de su dinero, controlaban al monarca. Y en este principio tan elemental está el origen de los Parlamentos como institución destinada a limitar al Poder Ejecutivo.
Esa conquista llegó a otros países europeos, y en 1215 la Carta Magna impuso al monarca inglés el principio del voto del impuesto por los representantes de los estamentos que lo pagaban. En el siglo XIX se convirtió en uno de los pilares de los regímenes liberales y democráticos. Desde hace casi dos siglos, cuando un gobierno no consigue que el Parlamento le apruebe los impuestos que los ciudadanos tienen que pagar, dimite, salvo circunstancias excepcionales que permitan renovar los del año anterior.
Pero, además, el presidente del Gobierno está haciendo de la excepción una norma general al utilizar una reforma legal que fue necesaria cuando se nos vino encima la pandemia del covid: la ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos para el 2021. Su artículo 9 atribuyó al Gobierno competencias excepcionales durante la vigencia de esos Presupuestos, como «las transferencias de crédito entre distintas secciones para atender necesidades ineludibles». Recuperada la normalidad, no derogó esta ley.
El jurista Luis Cazorla ha escrito en su Manual de Derecho Financiero que mantener la vigencia de esa ley «abre las puertas a desfigurar las partidas presupuestarias aprobadas por las Cortes Generales y… a vaciar en parte la atribución constitucional a las Cortes Generales de aprobar unos Presupuestos». «Supone -añade- un deterioro de los principios financieros».
Aquí está la argucia para eludir la parálisis presupuestaria que padece el Ejecutivo en minoría desde hace tres años. Como la economía española está creciendo, la recaudación de impuestos crece también. Y para conseguir que esos fondos se destinen a un fin distinto del previsto en los Presupuestos prorrogados, el gobierno utiliza la ley de 2020 y ordena unas transferencias de crédito que le permiten ir tirando.
Si el Estado tiene más ingresos, son los españoles y sus representantes en el Congreso, no el Gobierno, quienes tienen que decidir en qué se gasta ese dinero, o si se bajan los impuestos o se reduce la deuda pública de 1,7 billones.
Esa argucia legal no le ha parecido suficiente al presidente del Gobierno para saltarse el control del dinero de nuestros impuestos por el Congreso. Y tras largas negociaciones con Bruselas, ha conseguido de la UE que sea el Consejo de Ministros, y no el Congreso, quien apruebe las normas para gastar los fondos europeos, evitando el control parlamentario. Bastará con decretos u órdenes ministeriales para diecisiete materias que solo precisarán la aprobación de la Moncloa. Sin esas concesiones de Bruselas, España no habría podido acceder a 24.000 millones de ayudas directas que se gastarán sin control parlamentario.
Pero hay más. El 30 de noviembre se publicó en La Vanguardia un informe demoledor según el cual el presupuesto de Defensa se duplicará de hecho este año y estará entre los 25.000 y los 33.000 millones, sin que ese incremento del gasto militar lo haya aprobado el Congreso. ¿Están de acuerdo los españoles con ese aumento del gasto en defensa? ¿Les parece mucho o poco? No lo sabemos porque se ha aprobado a espaldas de sus representantes.
La conclusión es evidente: estas argucias le van a permitir al Gobierno gastar miles de millones sin el control del Parlamento.
Pero nada de esto debe sorprendernos porque, desde el principio de la legislatura, Sánchez ha repetido que gobernará «con o sin el concurso del poder legislativo… Hay otros instrumentos para gobernar». Probablemente, esta sea la única promesa que ha cumplido.
Estamos ante una estrategia de regresión con el fin de desandar un camino que lentamente comenzó hace mil años para limitar el poder arbitrario de quienes imponían impuestos sin ningún control. Esa marcha atrás conduce al cesarismo y al ejercicio solitario del poder, que son para España un problema de fondo mucho más grave que los escándalos de corrupción y acoso sexual que estamos viendo.
Solo el contrapoder de unas elecciones libres podrá detenerlo. Pero el presidente huye de ellas porque sabe que las tiene perdidas.
Lo que parece ignorar es que cuanto más tarde en convocarlas, más dura será la caída.
- Emilio Contreras es periodista