El martes pasado subí un post a mi red social en el que señalaba que un determinado columnista de un periódico de gran circulación manifestaba regularmente opiniones divergentes con la línea editorial de la cabecera que le alberga. En concreto, el cotidiano en cuestión mantiene sistemáticamente una posición de compromiso con los valores constitucionales, el imperio de la ley, la democracia liberal, la libertad de empresa, el legado de la Transición, el Estado de Derecho y la unidad nacional. Este enfoque, como es lógico, lo convierte en un crítico muy severo de Pedro Sánchez y su Gobierno social-comunista sostenido por golpistas y herederos del terrorismo etarra. Tanto los editoriales como la perspectiva de las noticias como la inmensa mayoría de colaboradores se sitúan en estas coordenadas y, por tanto, la voz discrepante que yo denunciaba es una chirriante excepción. Su blanqueamiento continuo o su exculpación permanente del inquilino de la Moncloa, en ocasiones disfrazados de neutralidad aséptica, provocan la natural repulsión de los lectores y suscriptores, entre los que me cuento desde hace muchos años. Mi incomprensión de esta, para mí, inconsistencia del rotativo ha suscitado una tormenta de valoraciones, el post ha tenido 334.000 visitas y centenares de comentarios, unos coincidentes con mi extrañeza, otros contrarios y algunos de carácter injurioso o soez, propios de los subhumanos que merodean por el espacio radioeléctrico. Los apartados de mi visión argumentaban sobre todo que un periódico no es un regimiento militar y que procurar una homogeneidad ideológica en los columnistas es totalitario y ajeno al pluralismo. Aunque yo comparto el principio en abstracto y por supuesto defiendo la libertad de pensamiento y de expresión, mi tesis es que, en determinadas circunstancias extremas, cuando el sistema democrático y la propia existencia de la Nación están amenazadas, cuanto el autócrata de turno afirma que hay que construir un muro para separar a los españoles en dos bandos irreconciliables dentro de la siniestra tradición de la dialéctica amigo-enemigo, ciertos remilgos éticos oscilan entre la ingenuidad y el suicidio.

Este incidente nos lleva inevitablemente a una reflexión de amplio vuelo, la posible existencia de dos dimensiones morales, una, la del Evangelio, que es el origen remoto de nuestro moderno concepto de democracia, aplicable a las relaciones entre individuos, y otra, la del autor de El Príncipe, que sería la adecuada para las interacciones entre Estados o para los asuntos políticos en los que está en juego el superior interés de la sociedad. La remisión a la primera en circunstancias en las que peligra el bien común o la seguridad colectiva constituiría un error de consecuencias catastróficas, de igual forma que prescindir de las enseñanzas del Nazareno en nuestra vida familiar, profesional o de ámbito personal, nos conduciría a comportamientos altamente reprochables.

Ejecución extrajudicial

En 1988 efectivos del SAS británico acribillaron en Gibraltar a los miembros del IRA Sean Savage, Daniel MacCann y Mairead Farrell, obviando el darles el alto e intentar detenerles. Los tres iban desarmados. Esta acción del ejército originó una tremenda polémica en el Reino Unido y un agrio debate parlamentario. La entonces primera ministra, Margaret Thatcher, zanjó la discusión con dos palabras: “Yo disparé”. El meollo de este suceso fue que el comando irlandés tenía almacenado en un vehículo, cuya ubicación se desconocía el día del tiroteo, una gran cantidad de explosivos para perpetrar un atentado de enormes dimensiones en el Peñón. La orden que emanó del 10 de Downing Street fue que se procediese a una ejecución extrajudicial con el fin de evitar males mucho mayores. En el conflicto entre los dos marcos morales, se impuso el maquiavélico.

En un celebrado episodio de la serie The West Wing, el presidente Bartlet ha de decidir si autoriza el asesinato de un jeque árabe que está organizando un ataque terrorista cataclísmico contra Estados Unidos abortando así una masacre con centenares o quizá miles de víctimas mortales o ceder a escrúpulos de conciencia y buscar caminos alternativos que no sean la muerte del criminal a manos de la CIA. Al final, tras sopesar pros y contras y sufrir un desgarro interior entre sus convicciones democráticas y su adhesión a la legalidad y el nivel de riesgo asociado a la operación, se inclina por la eliminación del islamista radical.

La gravedad de la amenaza

En otro orden de cosas, pero que guarda cierta similitud con el problema que estoy tratando, ¿qué sentido tiene mantener relaciones diplomáticas convencionales con un régimen dictatorial que envía sicarios a Madrid a asesinar a un ciudadano español cuyo único desmán ha sido ayudar a la oposición democrática a dicha monstruosidad? O la engañosa apariencia de normalidad que sólo sirve para envalentonar a los agresores y aumentar la indefensión de las víctimas o el puñetazo clarificador sobre la mesa, no caben opciones confusas o tibias.

Volviendo al punto central de este análisis, sin llegar al dramatismo de los dos casos descritos, uno real y el otro de ficción, mi recomendación de despedir al columnista complaciente con el íncubo que encabeza el Consejo de Ministros, vistas las presentes circunstancias de España, con todo el respeto a los puristas del pluralismo, la diversidad y la tolerancia, me parece la medida más oportuna y la más proporcionada a la luz de la gravedad de la amenaza que se cierne sobre nosotros. Es difícil, es mortificante, es perturbador, es incómodo, pero hay ocasiones y contextos en los que es insoslayable hacer una elección: o el batido de alas angélicas o el mandoble de la espada sanadora. Dilemas, en definitiva, que definen la condición humana.