Los sociólogos electorales consideran algunas localidades extremeñas y aragonesas como el ‘Ohio español’, el lugar cuyos resultados más se aproximan a la media del conjunto de España. Una de ellas es Don Benito, agrociudad de 37.000 almas donde la derecha arrasó y el PSOE se desplomó hace una semana mientras la coalición de IU-Podemos experimentaba también una significativa alza. Es cierto que para una extrapolación nacional más exacta habría que ponderar el peso demográfico de las grandes áreas metropolitanas –Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga– pero los socialistas tienen justificados motivos de alarma ante el brusco giro de tendencia en un territorio donde hasta hace bien poco mantenían una hegemonía bien asentada.

No parece, sin embargo, que Sánchez se haya inmutado. Se ha ido dos semanas de vacaciones y ha pedido a los suyos confianza en su liderazgo. Entre los cuadros regionales y locales del partido cunde una sensación bastante parecida al pánico: se han dado cuenta de que el presidente no sólo está dispuesto a sacrificarlos sino que ésa es justamente la estrategia con la que pretende volver a salvar su mandato. Los va a lanzar por delante a una (otra) serie de derrotas escalonadas para presentarse luego como el último dique capaz de contener la ola de cambio. Y lo único que le preocupa ahora es tener listo a principios de año un plan con el que garantizarse el apoyo de sus aliados.

Como es difícil que el miedo a Vox vaya a funcionar por segunda vez y que los separatistas se conformen ya con prerrogativas fiscales o contrapartidas similares, necesitará una idea más potente, un desafío de mayor alcance. Un revulsivo terminal, algo que divida al país de un modo aún más radical y lo movilice a una confrontación decisiva de la que nadie pueda quedarse al margen. Y ahí es donde surge la posibilidad de una crisis constitucional planteada como una fuga hacia adelante para llevar el choque civil hasta posiciones irreconciliables. Una ruptura de facto cuyo efecto de demarraje acabe de partir al país en dos mitades con la esperanza de encontrar en esa emergencia artificial alguna opción de salvarse.

Por eso parece improbable que los independentistas vayan a negociar sólo su parte en los Presupuestos. Han visto, y así lo dicen, la oportunidad de ir mucho más lejos, de encontrar en el Gobierno la complicidad para iniciar un ‘procès 3.0’. Se saben en condiciones de arrancar concesiones más trascendentes que los habituales privilegios; el reconocimiento nacional de Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, arrasando los límites estatutarios mediante una declaración simbólica de la mayoría del Congreso. O la propuesta de una reforma del modelo territorial que convertiría las próximas generales en unas (de)constituyentes a cara de perro. La agonía del sanchismo promete un 2026 sacudido por espasmos políticos inéditos.