Los resultados son consistentes con una tendencia que lleva años asentándose en España. El pesimismo parece haberse filtrado como un virus silencioso en el imaginario social.

Ya no se trata de discrepar sobre qué reformas o decisiones son mejores, sino de que una amplia mayoría ni siquiera cree que las cosas puedan estar mejor.

Se trata de la pérdida de una idea que debería ser el motor último de cualquier sociedad democrática: que el futuro puede y debe ser mejor que el presente.

Este fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí adopta rasgos particularmente graves. Las encuestas a pie de calle y los análisis comparativos muestran que, en países con estadísticas económicas similares o incluso más complicadas, la percepción ciudadana es menos derrotista.

Hemos pasado de imaginar un futuro (aunque fuera incierto) a asumir que nada bueno vendrá, como si la expectativa de progreso se hubiera convertido en un lujo impropio de nuestra realidad colectiva.

Estos datos sobre el estado de ánimo de los españoles deberían preocuparnos más que cualquier indicador económico puntual, porque no revelan desconfianza hacia el gobierno de turno, sino un cansancio más hondo, que adopta la más perversa forma de fatalismo autoflagelante: «esto es lo que hay».

Ese pesimismo no nace de la nada. Viene de años de promesas incumplidas, de reformas a medio hacer, de una sensación persistente de bloqueo.

Pero lo verdaderamente preocupante no son las causas (que en buena medida conocemos), sino el efecto político y social de normalizar la derrota antes de tiempo. Cuando una sociedad deja de creer en la mejora posible, no solo se vuelve más apática. Y, desde luego, más vulnerable.

Además, ese nublado estado de ánimo colectivo tiene una particularidad inquietante. Convive con trayectorias personales que, en muchos casos, no son tan negativas. Muchos españoles perciben que su situación individual es estable o incluso mejorable, pero al mismo tiempo asumen que el país, como proyecto conjunto, va cuesta abajo sin remedio.

Es la ruptura entre lo personal y lo común, entre la supervivencia individual y la esperanza compartida.

Ahí se gesta la resignación.

No es un problema menor ni una cuestión de ánimo. Es un problema democrático. La democracia necesita ciudadanos críticos, sí, pero también ciudadanos que crean que la acción política (en sentido amplio) sirve para algo.

Sin esa convicción mínima, la política se convierte en ruido, la participación en trámite y el voto en castigo cíclico, nunca en proyecto.

Frente a este clima, la respuesta no puede ser un optimismo impostado. Tampoco un relato triunfalista desconectado de la realidad. No basta con exhibir datos macroeconómicos, porque la esperanza no se decreta: se construye con experiencias concretas de mejora, visibles y comprensibles.

Lo imperativo, en primer lugar, es devolver centralidad a lo cercano. Cuando el horizonte nacional parece inabarcable, el municipio, el barrio, la escuela o el centro de trabajo se convierten en el espacio donde la política puede volver a ser tangible.

Mecanismos sencillos y reales de participación local, evaluación pública de políticas y rendición de cuentas devuelven algo esencial hoy: la sensación de que implicarse sirve.

Exige también convertir los grandes derechos en vivencias reales. Vivienda, empleo digno, conciliación, salud mental o educación no pueden seguir siendo conceptos abstractos. Políticas claras, con plazos, criterios entendibles y ventanillas accesibles generan más confianza que cualquier discurso.

No se trata de prometer más, sino de cumplir mejor.

Otro eje imprescindible es el tiempo vital. La sensación de estancamiento no nace sólo del dinero, sino de la falta de horizonte. Jornadas interminables, imposibilidad de planificar, dificultad para cuidar o formarse.

Políticas que devuelvan control sobre el tiempo (horarios racionales, corresponsabilidad en los cuidados, derecho efectivo a la formación continua) no sólo mejoran la calidad de vida, sino que reconcilian a las personas con el futuro.

Pero ninguna política funcionará si no se combate el relato autodestructivo que nos acompaña desde hace décadas. Esa frase tan española («este país no tiene arreglo») es una forma de pereza cívica disfrazada de realismo. Combatirla no implica negar problemas, sino negar que sean destino.

España ha cambiado profundamente cuando no se ha resignado antes de empezar. Y recordarlo no es nostalgia, es pura higiene democrática.

Aquí entra también la responsabilidad individual. En tiempos de pesimismo estructural, participar, informarse, asociarse, exigir con rigor y disentir con respeto no son gestos ingenuos, son actos políticos de primer orden. La resignación se alimenta de la idea de que nada depende de uno.

La democracia, por el contrario, empieza cuando cada cual asume que algo sí depende de él, aunque sea poco.

La propuesta más sencilla (y quizá la más exigente) es no renunciar a la expectativa de mejora. No transmitir a los más jóvenes que esperar algo mejor es una pérdida de tiempo. No normalizar el desprecio por lo común, ni confundir crítica con cinismo.

España no está perdida, ni mucho menos. Sus datos económicos y sociales comparativos dentro de la UE lo desmienten, pero el problema es que empezamos a creérnoslo. Y esa creencia, repetida hasta convertirse en lugar común, actúa como una profecía autocumplida. Una ciudadanía que no espera nada deja de exigir, y, cuando deja de exigir, otros deciden por ella.

Por eso defender la expectativa de progreso (personal y colectivo) es hoy el más necesario y urgente acto de resistencia democrática.