Carmen Martínez Castro-El Debate
  • Ocho millones de venezolanos, el mayor grupo humano expulsado de su país en todo el mundo, son el mejor testimonio de la naturaleza criminal y corrupta del régimen de Maduro, de su crueldad para con su pueblo y de su capacidad de desestabilizar a los vecinos

No se puede discutir que la operación militar lanzada por Trump contra Nicolás Maduro es una acción contraria al derecho internacional. Las primeras impresiones apuntan a que estamos ante una operación quirúrgica dirigida sólo contra los centros de poder y la cabeza misma del régimen, con la captura de Maduro y su esposa, que es la lista de la pareja, pero no deja de ser la agresión de un país extranjero. EE.UU. puede justificar su ataque no como un acto de guerra formal -que exigiría la intervención del Congreso – sino como una operación contra las poderosas redes de narcotráfico radicadas en Venezuela, a las que Trump ha dado consideración de grupos terroristas. De hecho, en la primera imagen que se ha facilitado de Maduro detenido, le vemos escoltado por un agente de la DEA, la poderosa agencia federal contra las drogas.

Todos estamos a favor del derecho internacional que nos ha ayudado a tener un mundo más ordenado y pacífico, pero tendremos que admitir que ese derecho resultó completamente inane para defender al pueblo venezolano de un tirano que les robó las elecciones y se atrincheró en el poder. Ocho millones de venezolanos, el mayor grupo humano expulsado de su país en todo el mundo, son el mejor testimonio de la naturaleza criminal y corrupta del régimen de Maduro, de su crueldad para con su pueblo y de su capacidad de desestabilizar a los vecinos. Nada de eso ha podido ser evitado por el derecho internacional durante demasiados años.

Ver depuesto y fuera del poder a un dictador implacable y corrupto siempre será una grandísima noticia. Los venezolanos lo intentaron democráticamente, derrotaron a Maduro con la legalidad, votando de forma masiva contra él. Maduro ignoró ese voto democrático y legal, se atrincheró en el poder por la fuerza y por la fuerza ha sido expulsado.

Hoy, cuando tantos hipócritas, incluido Pedro Sánchez, se rasgan las vestiduras por esta violación del derecho internacional mientras callan ante otras mucho más flagrantes, conviene recordar un pasaje del excelente discurso que pronunció el presidente del comité del Nobel de la Paz en el acto de entrega del galardón a María Corina Machado, hace solo unas semanas.

«Es fácil aferrarse a los principios cuando lo que está en juego es la libertad de otros. Pero ningún movimiento democrático actúa en circunstancias ideales. Quienes viven bajo una dictadura a menudo tienen que elegir entre lo difícil y lo imposible. Sin embargo, muchos de nosotros – desde una distancia segura – esperamos que los líderes democráticos de Venezuela persigan sus objetivos con una pureza moral que sus adversarios jamás muestran. Esto no es realista. Es injusto».

La historia está llena de violaciones del derecho internacional y también de ejemplos de cómo esas normas de no injerencia se pueden convertir en un salvoconducto para que tiranos sanguinarios se perpetúen en el poder contra su pueblo. Eso también es injusto.

Todavía es demasiado pronto para anticipar cómo se van a desarrollar los acontecimientos en Venezuela. Lo deseable es que se desencadene un proceso ordenado de liquidación de un régimen corrupto y se lleve a cabo una transición pacífica que garantice el acceso al poder de los legítimos vencedores de las elecciones de 2024: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sería una grandísima noticia de este recién estrenado 2026.