El acuerdo tiene que ser singular, para dar satisfacción a los partidos ‘indepes’, pero a la vez extrapolable a todas las comunidades, para evitar que se enciendan los ánimos, justo ahora que empieza la ronda de elecciones. La singularidad debe contener la capacidad normativa propia catalana, pero a la vez impedir la de aquellos que desean bajar los impuestos, para no caer en lo que denominan, y abominan, de ‘dumping’ fiscal. Por su parte, el resultado final tiene que proporcionar más dinero a Cataluña, para mantener y justificar el discurso de la singularidad, pero a la vez otorgar más dinero a todos los demás, para que nadie se sienta perjudicado. Por último, el sistema tiene que crear, formar y mantener un importante cuerpo de inspectores, subinspectores y administrativos para que funcione la Agencia Tributaria de Cataluña, sin dañar derechos adquiridos y las expectativas generadas entre los funcionarios existentes y sin perjudicar las necesarias labores de la inspección y la coordinación entre las ya numerosas agencias territoriales existentes.

En total, un lío gigantesco que se verá complicado por las interminables rencillas entre los partidos catalanes, en las que los acuerdos pactados con ERC a quien primero deben de contentar, es decir convenir, es a Junts y viceversa. Por si fuera poco, todo esto necesita un andamiaje jurídico que no se podrá aprobar vía decreto y deberá sortear el siempre ingrato peligro de un Congreso parcelado, que lo estará más en un tema como este, en el que los agravios comparativos y los recelos entre las distintas comunidades autónomas no tardarán en aparecer y con seguridad serán agitados con estruendo por la oposición. Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda trabaja en el aumento del porcentaje del IRPF y del IVA que recaudarán las autonomías y que pasará del actual 50% al 65%. Lo cual, con independencia de su conveniencia o no, reducirá la parte que cobra el Estado y reducirá su margen de actuación.

Pero aunque no habrá Presupuestos, sí habrá dinero y además lo habrá a paladas… Por un lado, el aumento del PIB, provocado por el incremento de la población, y el ‘olvido’ de la deflactación de la señora Montero, han provocado un nuevo récord de recaudación, que superó los 300.000 millones de euros en 2025 y que alcanzará los 285.693 en 2026. Una voracidad recaudatoria que unida a la erosión de los salarios nominales, que provoca la inflación, dificulta aún más la vida real de millones de españoles.

Hay más, el Estado emitirá 55.000 millones más de deuda –más dinero para gastar–, y eso de que no se devuelven que se lo pregunten a los futuros Presupuestos que deberán incorporar 44.000 millones más, solo para pagar los intereses. Un río de dinero que podrá ser utilizado gracias al abuso de los decretos, que convierten en poco más que una anécdota la ausencia de Presupuestos. ¿Se explica ahora el descaro con el que aborda el Gobierno la ausencia de Presupuestos? ¿Para qué presentarlos, si no los necesita y, probablemente los pierda?