El bombardeo a instalaciones militares de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro entran en el género de la profecía autocumplida. Donald Trump venía amenazando con una intervención militar directa contra el régimen chavista desde el día que tomó posesión en el Congreso: «Nada se interpondrá en nuestro camino». Los ataques a las narcolanchas y el bloqueo a los petroleros fueron el preludio de la acción llevada a cabo por el Ejército de Estados Unidos.

Hay una similitud con el apoyo o la instigación a golpes promovidos por la Casa Blanca contra regímenes legítimos que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX: que la acción bélica llevada a cabo en Venezuela se ha producido sin la autorización del Congreso. Es cierto que Trump no ha declarado la guerra, una potestad legal exclusiva de las Cámaras, pero su represalia militar vuelve a plantear la cuestión de los límites del poder presidencial, hoy a debate en Estados Unidos.

Lo que está haciendo Trump en su segundo mandato presidencial recuerda mucho a las políticas auspiciadas por Henry Kissinger entre 1969 y 1977 cuando, en plena Guerra Fría, las Administraciones de Nixon y Ford apoyaron a dictaduras militares para frenar la expansión del comunismo, sin importar la vulneración de los derechos humanos y la voluntad soberana de las naciones.

Trump ya dejó clara la filosofía que iba a inspirar su mandato en su discurso de toma de posesión, cuando exaltó la figura del presidente William McKinley, que declaró la guerra a España en Cuba y se anexionó Filipinas y Puerto Rico. Le faltó tiempo al inquilino de la Casa Blanca para amenazar a Colombia por la inmigración o chantajear a Panamá por el asunto del Canal. Los dos países cedieron por miedo a una represalia.

La idea de que Estados Unidos está legitimado para intervenir en todos los asuntos del continente que guarden relación con sus intereses proviene de la llamada ‘Doctrina Monroe’, formulada por el presidente James Monroe en 1823. Fue en un discurso en el Congreso en unos momentos en los que casi todas las colonias españolas habían logrado su independencia. Sostuvo que cualquier intervención por parte de potencias extranjeras en las cuestiones políticas en los países latinoamericanos sería considerada un acto hostil a Estados Unidos. La advertencia iba dirigida no sólo a España sino también a Francia y Gran Bretaña. Más tarde, la doctrina Monroe se traduciría en el ‘Destino Manifiesto‘, una teoría que alentaba la expansión por todo el continente.

Estados Unidos intervino militarmente en Honduras, Haití y la República Dominicana en las primeras décadas del siglo XX. Pero fue en 1934 cuando el presidente Franklin Roosevelt manifestó su intención de cambiar la llamada política del ‘gran garrote’ por una relación de cooperación amistosa con sus vecinos.

Finalizada la II Guerra Mundial y ya en el contexto de la lucha contra el comunismo, los Gobiernos de Washington desarrollaron políticas de intervención para evitar que la izquierda llegara al poder o para socavar a regímenes democráticos que podían amenazar sus intereses. La CIA fue un instrumento para desestabilizar a gobernantes que no eran vistos con buenos ojos por la Casa Blanca.

Durante la presidencia de Eisenhower, la CIA promovió un golpe contra Jacobo Árbenz, presidente de Guatemala. Corría el año de 1954 cuando Arbenz tuvo que dimitir tras un alzamiento militar, apoyado y alentado por Estados Unidos. El presidente guatemalteco había expropiado tierras para repartirlas entre los campesinos. La reforma perjudicaba los intereses de la United Fruit Company, que poseía enormes cultivos de bananas. Fue el origen de una guerra civil que duraría más de dos décadas con decenas de miles de muertos.

Casi al mismo tiempo, el general Alfredo Stroessner, comandante jefe del Ejército de Paraguay, dio otro golpe de Estado contra el presidente Federico Chaves. Su dictadura duró 35 años en los que hubo una represión feroz de la oposición. En este caso, no hay evidencias de una participación de la CIA en esta operación, pero es cierto que el dictador encontró apoyo diplomático, económico y militar tras triunfar en su intentona.

Diez años más tarde, en 1964, un golpe militar derrocó al presidente Goulart en Brasil. Durante dos décadas, los generales suprimieron la libertad de expresión y reunión, implantaron la censura y detuvieron a miles de militantes de la oposición. Muchos de ellos fueron torturados y algunos desaparecieron. La CIA tuvo un papel importante en el diseño y la ejecución del golpe, incluyendo armas, municiones y medios navales para asegurarse el éxito. Fue bautizada como ‘Operación Brother Sam’ con el conocimiento de la Casa Blanca.

Ese mismo año, otro golpe militar acabó en Bolivia con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, cuya reelección provocó el descontento del Ejército. Paz Estenssoro, de ideología socialista, había llevado a cabo nacionalizaciones y reformas sociales que habían indignado a la oligarquía boliviana. Los generales, liderados por René Barrientos y Alfredo Ovando, tomaron el poder.

Siete años más tarde, el 11 de septiembre de 1971, los militares encabezados por el general Pinochet derrocaron a Salvador Allende, dirigente socialista elegido en las urnas. Está ampliamente documentada la participación de la CIA en aquel golpe en Chile. La Agencia financió a la oposición más radical, promovió las protestas populares y agitó el descontento contra las reformas de Allende, que se suicidó mientras combatía contra los insurrectos. La represión llevada a cabo por Pinochet, con torturas y ejecuciones extrajudiciales, no tuvo límites.

En 1976, en medio de una grave crisis política y económica, una junta militar, liderada por el general Jorge Videla, derrocó a Isabel Perón en Argentina. Los militares ocuparon el poder durante cinco años en los que la polarización y la violencia política desplazaron a los métodos democráticos. Videla y la cúpula militar utilizaron al Ejército para acabar con los montoneros y los dirigentes de la izquierda, que también fueron secuestrados, torturados y asesinados. Argentina no ha podido olvidar aquella barbarie.

El 20 de diciembre de 1989, las fuerzas estadounidenses invadieron Panamá y capturaron a Manuel Noriega, un dictador militar implicado en el narcotráfico, la corrupción y la represión política. Cerca de 20.000 soldados estadounidenses participaron en la acción, que concluyó con la rendición de Noriega, refugiado en la nunciatura apostólica. Fue extraditado a Estados Unidos y juzgado en Panamá, donde murió en 2017.

La iniciativa fue aprobada por el presidente George Bush, que fue el último hasta hoy en dar el visto bueno a este tipo de intervenciones directas en el continente. Ni Clinton, ni Bush hijo, ni Obama se atrevieron a llevar a cabo este tipo de acciones, aunque es cierto que utilizaron su influencia para defender los intereses de Estados Unidos en la zona.

Estas tres décadas de autocontención se han acabado ahora con Donald Trump, que en su reciente directriz de seguridad nacional se ha arrogado el derecho de restablecer la hegemonía de Estados Unidos en sus áreas de influencia. Es el nuevo orden que rompe con los equilibrios nacido tras la II Guerra Mundial y que hoy son despreciados por un líder político que se enorgullece de no respetar las reglas.