El acuerdo está llamado a funcionar como revulsivo para la necesitada industria comunitaria, con su rebaja progresiva de cargas aduaneras en favor de una mayor exportación, un aumento de la producción y de la creación de empleo. España confía en mejorar la cuota de mercado de sus productos industriales al otro lado del Atlántico. La reducción arancelaria beneficiará a la automoción en Euskadi, además del acceso más asequible a materias primas. La ruidosa protesta del sector agrícola en distintas zonas del continente defiende intereses legítimos, aunque no pueden considerarse descuidados en el pacto final. Lo demuestran la reciprocidad en las condiciones de producción para europeos y sudamericanos, los topes a las importaciones con aranceles reducidos, el refuerzo de los controles sanitarios y el apoyo presupuestario al campo y a la ganadería de la UE.

Con este paso, la Unión impulsa el comercio y protege a sus productores. No sin un coste político todavía difícil de medir. Macron comprometió la sinceridad de su europeísmo al descolgar a Francia de la aprobación del acuerdo, aunque esto no le libra de la presión de sus agricultores ni del renovado acoso de la ultraderecha. En la Eurocámara -que debe dar el visto bueno al pacto, al igual que los parlamentos de cada Estado miembro- el peso del extremismo populista y la lucha por priorizar intereses nacionales dentro de los grupos conservador y socialdemócrata auguran una batalla de resultado ajustado.