Conviene empezar por un olvido habitual. El SMI no afecta por igual a todo el tejido productivo. Para las medianas y grandes empresas, que ya retribuyen por encima de ese umbral, el salario mínimo es un concepto irrelevante. No altera decisiones de contratación ni modifica estructuras salariales. El debate real no se juega ahí, concierne a otro ámbito.

El impacto frontal del SMI se localiza en las pequeñas empresas y en los autónomos empleadores. A ellos, el salario mínimo les afecta y lo hace sin matices. No admite negociación, no atiende a márgenes ni distingue entre sectores o ciclos económicos. En ese ámbito, el SMI es un impuesto frontal sobre el autónomo o el pequeño empresario, fijado sin contemplar su capacidad real para absorberlo o trasladarlo.

Desde el punto de vista técnico, el planteamiento es bien conocido. El salario de mercado es un precio libre, resultado de la productividad, la cualificación y la demanda de trabajo. El SMI, por el contrario, es un precio exógeno, fijado por decreto. No refleja la posición relativa de cada sector, ni de cada empresa, ni su adecuación a la productividad del trabajador.

Conviene recordar, además, que no todos los países avanzados cuentan con un salario mínimo legal obligatorio. Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Singapur, Suecia o Suiza han optado por sistemas abiertos, donde el salario se determina por el sector privado ajustándose a criterios de mercado. No es casualidad que se trate, precisamente, de economías que superan holgadamente a España en los rankings de productividad. Frente a ello, el SMI introduce el «café para todos» que abstrae sin reparos de realidades muy distintas entre sectores, territorios y tamaños de empresa.

La experiencia comparada y la literatura económica invitan, no obstante, a la equidistancia. No existe consenso académico sobre los efectos del SMI en el empleo. Y los resultados se calculan siempre ‘a posteriori’. En mercados laborales cercanos al pleno empleo, el impacto puede ser reducido, mientras que, en economías con alto paro y tejido empresarial frágil, el riesgo es mayor.

España presenta un escenario incómodo: crecimiento razonable, pero paro estructural alto, productividad estancada y un abrumador peso de las microempresas. En ese contexto, las subidas del SMI pueden no traducirse en una destrucción inmediata y visible de empleo, pero sí pueden generar sustituciones paulatinas y silenciosas. No desaparecen necesariamente los puestos de trabajo, aunque puede cambiar su composición. Trabajadores de baja cualificación o experiencia pueden verse desplazados por parados o aspirantes a primer empleo, a menudo inmigrantes, dispuestos a aceptar condiciones peores que las del trabajador despedido.

A los problemas de los afectados se añade un elemento decisivo: el anclaje europeo. La normativa comunitaria exige que el salario mínimo alcance niveles «adecuados», tomando como referencia el 60 % del salario medio. El margen nacional ya no está en decidir si se sube o no el SMI, sino en el porcentaje, el ritmo y su fiscalidad.

Ello convierte al salario mínimo en un precio intervenido móvil, sujeto a recalibraciones periódicas conforme evolucionan los salarios medios. El problema es que esa movilidad normativa contrasta con la rigidez estructural de la economía española. Europa fija el perímetro, pero no crea productividad, no reduce el paro estructural ni sostiene a las empresas de pequeño tamaño: más del 95 % de las empresas españolas tienen menos de 20 empleados. La tensión no es entre empresarios y trabajadores, sino entre una norma vinculante y una estructura productiva que no acompaña.

El debate del SMI, por tanto, ha dejado de ser estrictamente técnico y se remite a sus principios de funcionamiento: los sociales. Es un debate vacío en sentido económico. Subir el salario mínimo puede ser obligatorio. Hacerlo sin abordar los desequilibrios de fondo –fundamentalmente, la productividad–tiene costes. Ignorarlos no los elimina, solamente los desplaza.