Toda la propaganda desplegada desde el pasado jueves por el aparato gubernamental sobre las bondades del nuevo modelo de financiación autonómico propuesto por la vicepresidenta María Jesús Montero a las comunidades se vino abajo este miércoles. Pasó el tiempo de las declaraciones grandilocuentes, del ‘todos ganan y nadie pierde’, y llegó el momento de la verdad; de que la también ministra de Hacienda se sentara con los consejeros del ramo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Montero se inmoló ayer a la vez como ministra de Pedro Sánchez -saliente- y como candidata del PSOE en Andalucía, al constatar la oposición de todas las comunidades del régimen común, salvo Cataluña, a su supuesta multiplicación de los panes y los peces. Tal fue el castigo infligido por las autonomías -incluido el Principado de Asturias- a la poderosa número dos del Ejecutivo y del partido durante la reunión que es difícil entender la motivación del presidente para abrir el melón de la financiación autonómica precisamente ahora.

Es difícil entender por qué ha mandado a Montero a esa guerra con el PP perdida de antemano, emborronando su hoja final de servicios en el Gobierno y complicando aún más su candidatura a las elecciones andaluzas de dentro de cinco meses. Una semana después, la única explicación posible sigue siendo las urgencias de Sánchez y de Salvador Illa, ambos enormemente dependientes de Esquerra. El presidente de la Generalitat necesita ya unos Presupuestos tanto como respirar, y solo ERC -y los Comunes- pueden dárselos.

A puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, una detrás de otra, todas las comunidades del régimen común salvo Cataluña mostraron su rechazo a la propuesta de financiación del Gobierno, pactada de forma bilateral con ERC. Ni siquiera Asturias, gobernada por el PSOE, se puso del lado de la vicepresidenta primera, sino que su consejera lamentó que el envejecimiento de la población y el coste real de los servicios públicos no tengan mayor peso en la fórmula mágica de Montero.

En una comparecencia posterior, la aludida negó que todas las comunidades salvo Cataluña se hubieran opuesto a la reforma. «No es verdad», sostuvo. «Comunidades como Asturias han hecho un pronunciamiento de querer incorporar elementos al modelo y trabajarán en ello. Asturias no ha dicho que no en todo», añadió, queriendo consolarse. Y, por suerte para ella, al menos era solo una reunión informativa, así que no había que votar. Porque los números habrían sido tremendamente explícitos.

Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Castilla y León… dentro, la vicepresidenta primera solo pudo relajarse cuando intervino la consejera catalana, Alícia Romero, que agradeció el «coraje» de Montero para proponer un modelo «más justo, estable, solidario y transparente» que sustituya a otro caduco desde 2024.

En su comparecencia ante la prensa, esta última afeó a los consejeros del PP su «mimetismo», que hubieran expuesto argumentos casi calcados durante la reunión. Porque las comunidades del PP se mostraron como un bloque monolítico, a pesar de que las necesidades de financiación de Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana son muy distintas a las de Cantabria, La Rioja o Galicia. Alberto Núñez Feijóo ha convocado a sus barones a una cumbre sobre financiación autonómica que se celebrará el sábado en Zaragoza.

Dentro y también fuera, la vicepresidenta primera negó que en el nuevo modelo rija el principio de ordinalidad para todas las comunidades, «aunque se cumple para alguna», concedió: justamente, para Cataluña. Horas antes de su comparecencia, la Moncloa confirmó al fin que Pedro Sánchez se ha reunido tres veces con Oriol Junqueras para pactar el modelo y los 4.700 millones de euros para Cataluña, y solo la última (la del jueves pasado) fue pública.

La propuesta de Montero parece haber nacido muerta, aunque la vicepresidenta primera se empeñó en remachar que no son las comunidades las que han de votar una reforma de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, sino el Pleno del Congreso. Pero es que allí, cuando el proyecto de ley aún por redactar llegue dentro de muchos meses (en el mejor de los casos), tampoco tiene los votos. Hoy por hoy, el PSOE solo puede contar con 127 votos seguros, de los 176 que necesita: los de su propio grupo parlamentario y los de Esquerra. Ni siquiera todos los de Sumar, una constelación de partidos regionalistas como Comrpomís, Más Madrid y Chunta Aragonesista con intereses diversos.

«¿Que cómo lo pensamos aprobar? Dialogando y dialogando» expuso Montero, que para entonces no será ni vicepresidenta, ni ministra de Hacienda, ni presidenta de la Junta de Andalucía, sino según todas las encuestas líder de la oposición a Juanma Moreno.