Tonia Etxarri-El Correo
La pretensión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cargar a las demás comunidades autónomas la factura del compromiso de financiación a la catalana, no coló. Todos los consejeros, menos la de Cataluña, que asistieron ayer a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se quedaron con la idea de que el Gobierno tiene la intención de dar más recursos a las comunidades más ricas. Si los territorios con mayor capacidad tributaria van a disponer de mayores recursos, no se puede defender que no habrá privilegios para nadie, el mantra preferido de Montero.
La vicepresidenta tuvo que optar por utilizar otras vías de persuasión. Al no recibir más apoyo que el de Cataluña, ofreció caviar como si fueran lentejas. O las tomas o las dejas. A saber: que el plan es voluntario. Eso sí, quienes rechacen acogerse a la reforma no recibirían su parte de los 20.975 millones de euros adicionales que el Gobierno tiene previsto para las comunidades, de los cuales, 4.700 ya están preasignados para Cataluña. Y que ya habrá reuniones técnicas en citas bilaterales. A ver si, de uno en uno, empieza a flojear. De momento, el cónclave terminó en tablas. ¿Las comunidades del PP que van a resultar beneficiadas van a rechazar el plan? ¿Cómo explicar en la campaña electoral de Aragón que sale perjudicada en el reparto? Un mal trago para el PSOE.
María Jesús Montero se hizo la lengua un lío el pasado viernes cuando intentó explicar el principio de «ordinalidad» en el sistema de financiación que habían acordado, días antes, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. De forma unilateral y al margen del resto de autonomías. Y el ‘palabro’ en cuestión, que implica que las comunidades que más aportan recibirán financiación en la misma proporción y que viene a suponer la negación de la solidaridad contemplada en la Constitución, en su artículo II y 138, se ha convertido en la manzana de la discordia. Un pulso sostenido por los gobiernos autonómicos del PP, por los socialistas manchegos de García Page y los asturianos de Adrián Barbón.
¿Las comunidades vasca y navarra salen perjudicadas, beneficiadas o se quedan como están? En principio, la reforma no afecta a las comunidades forales. En este sentido, la alerta del PP vasco sobre un posible impacto en Euskadi no deja de ser una especulación. La de Javier de Andrés, que ha preferido dejar una alerta sobre la mesa. Por si acaso. Con un silogismo fácil de comprender. Si el Estado va a dedicar más fondos para financiar a Cataluña se quedará con menos dinero para afrontar las competencias en Euskadi. Las obras del TAV, entre otras cosas. Si esto fuera así, el PNV habría puesto el grito en el cielo. Y solo ha levantado la voz para reclamar las cinco transferencias pendientes que no acaban de llegar. Es cierto que su vínculo con el Partido Socialista, en La Moncloa y en mayor medida en Ajuria Enea, les aleja de los escenarios de crisis. Pero si esta reforma fiscal acabara reduciendo el margen de inversión para el País Vasco, habría tambores de guerra ¿O no?