«A partir de ahora, la lengua oficial de San Marcos será el sueco».

«Los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. También deberán llevarla por fuera, para que podamos comprobarlo».

«Además, todos los niños menores de 16 años tendrán a partir de ahora 16 años».

Cuando Irene P. Nova informó este lunes en EL ESPAÑOL de que el ministro de Consumo Pablo Bustinduy prohibirá que las máquinas de vending sirvan café con azúcar, limitando a sólo cinco gramos la cantidad que el cliente puede añadir como extra, supe de inmediato lo que iba a ocurrir.

Miles de españoles iban a jalear la medida alegando motivos de salud.

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Es un proceso que he visto una y otra vez.

El gobierno propone una medida rocambolesca que infantiliza al ciudadano y liquida su autonomía personal, y los españoles reaccionan como esclavos vocacionales, aplaudiendo las nuevas prohibiciones con las excusas más peregrinas.

«El azúcar es malo para la salud».

«A mí me da igual porque bebo el café sin azúcar».

«Si el gobierno no lo prohibiera, la gente no sabría lo que es bueno para ella».

O, la mejor de todas, «siempre puedes comprarte el azúcar y echárselo tú».

Esta última me gusta especialmente porque implica añadir una capa de molestia burocrática más a aquello que el capitalismo y el libre albedrío solucionaron hace ya tiempo.

El proceso se ha repetido una y otra vez con las normas más estrafalarias de este gobierno. Como la de prohibir que se pronuncie la palabra ‘mena’ en el Congreso de los Diputados.

Yo lo he visto incluso entre compañeros periodistas. Gente inteligente que reacciona por defecto a medidas como esta con una justificación legalista o rebuscando entre los casos más anecdóticos y extremos posibles.

«Es una exigencia de la UE» (lo que sólo lleva el absurdo un peldaño más arriba).

«Es que la obesidad ha subido en España un equis por ciento» (justificando medidas que afectan a toda la población en función de un pequeño porcentaje de perjudicados, generalmente por la propia falta de autocontrol de esos perjudicados).

O el más habitual de todos, «es que la gente es idiota».

Por alguna mágica razón, los idiotas son siempre los demás.

Salvo cuando el gobierno restringe algo que nos afecta personalmente, momento en el que nos volvemos todos inteligentes y la oposición a la obligación de llevar los calzoncillos por fuera pasa a convertirse en una reacción ciudadana «de sentido común».

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Frente a medidas como esta, el punto de vista del español es siempre «¿en qué beneficia esto al Estado?», que es el razonamiento de un funcionario, en vez de «¿en qué me beneficia a mí?», que es el razonamiento de un adulto libre.

Esto no es la primera vez que ocurre. En 2021, Alberto Garzón, predecesor de Bustinduy, puso en marcha una campaña para reducir el consumo de carne a 200-500 gramos semanales.

Luego, Garzón atacó al sector ganadero español y lo acusó públicamente de poco higiénico, lo que provocó un terremoto internacional. Y sólo hace falta imaginar al ministro francés del ramo diciendo «los productores de queso franceses son unos cerdos y nuestros quesos son antihigiénicos» para comprender las repercusiones de una declaración como la de Garzón.

Obviamente, no faltaron los españoles que le dieron la razón a Garzón. La mayoría de ellos, vegetarianos. «A mí qué más me da, si no como carne».

Luego, Garzón intervino la publicidad dirigida a menores, y entre ella la de galletas, chocolate y helados.

También la de juguetes, que él y su mujer consideraban «sexista».

Y luego la de los juegos de azar, una obsesión habitual de la extrema izquierda española. Obsesión que no llega, por cierto, a la Lotería Nacional, porque de esa sí se beneficia el Estado.

Luego, el Ministerio de Consumo amplió la restricción de la publicidad dirigida a menores a todos aquellos productos que incluyeran sal, azúcar o grasas.

Y luego se intentó obligar a que las empresas respondieran en catalán a cualquiera que lo exigiera.

Como en Bananas, «a partir de ahora, el catalán será idioma de conocimiento obligatorio en España y todos los españoles que tengan la mala suerte de atender a un cliente catalán tendrán la obligación de hablarlo con acento de Castellfollit de la Roca».

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Ha ocurrido lo mismo con las balizas V16, con el intento de regular los algoritmos que utilizan las empresas para fijar el precio de sus productos y con las redes sociales, en línea con el empeño personal de Pedro Sánchez (y de la UE) de imponer la censura en las redes sociales y castigar lo que él llama «desinformación».

Ocurrió también con la imposición de las mascarillas durante la pandemia, que llevó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a perseguir en helicóptero a ciudadanos que paseaban sin ella por playas desiertas, y a muchos ciudadanos a denunciar en vivo o en las redes sociales a los vecinos que no obedecían las órdenes.

Luego se demostró que las mascarillas eran prácticamente inútiles frente al virus.

¿Quieres que te traten como a un niño? Vota izquierda

Pero el hecho de que las defendiera Fernando Simón, que había negado la gravedad de la Covid-19 hasta que los españoles empezaron a morir a miles, llevó a muchos ciudadanos a convertirse en émulos de la Policía de la Moral iraní.

Y, a falta de Corán, levantaron sus mascarillas al cielo y se arrodillaron en dirección a la Moncloa.

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No es casualidad que muchas de las medidas del gobierno hayan tenido como objeto la imposición de normas dietéticas a la población. Porque el control de la dieta es habitual en las religiones.

Las leyes halal del islam prohíben el cerdo y el alcohol. El judaísmo, mezclar carne con lácteos. El cristianismo promueve la abstinencia de carne durante la Cuaresma. Los budistas son mayoritariamente vegetarianos. Los hindúes evitan la carne de vaca.

Con la paganización de las sociedades occidentales, sin embargo, el vacío dejado por las religiones ha sido ocupado por el Estado, que sí impone de forma obligatoria sus propias restricciones dietéticas amparándose en pretextos de salud.

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¿Pero es el azúcar tan importante?

No, claro que no. Pero, ¿por qué deberían renunciar las empresas a ofrecértelo, siendo un producto de consumo masivo, y tú a poder añadirlo de forma directa en tu café en las cantidades que te dé la gana y no en la que decida un funcionario?

Además. Hay que desconocerlo todo, no ya sobre cómo los Estados tienden a expandirse hasta convertirse en leviatanes totalitarios, sino sobre la naturaleza humana, para creer que tolerar lo menor no hará que, mañana, el Estado intervenga en lo mayor.

Y lo mayor no será algo tan irrelevante como el azúcar en el café.

Porque cuando un ciudadano permite que una autoridad externa le dicte lo que puede y no puede comer, está ya intelectualmente preparado para convertirse en siervo.

Y, con un poco de suerte para el gobernante y sus funcionarios, también en talibán de la nueva moralidad.

«No hay misionero con la mitad de vocación que esta gente» me decía un lector en X.

Y tenía razón. A falta de Dios, a cualquier funcionario le rezan los esclavos.