La Constitución define el Senado como la cámara de representación territorial pero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, uno de los órganos claves para el funcionamiento del sistema autonómico, se reúne en la sede del Ministerio de Hacienda. Lo hace alrededor de una mesa redonda gigantesca donde los representantes de las comunidades se sientan, acompañados de auxiliares de sus delegaciones, en unos puestos señalados por sus respectivas banderas. Aquello se parece mucho a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, con una escenografía prácticamente idéntica aunque por ahora faltan los pinganillos –en el Senado sí los hay– y los asistentes se expresan, menos mal, en la lengua que todos ellos manejan. Pero un observador despistado podría deducir, a la vista de las imágenes de televisión y prensa, que estaba contemplando una cumbre entre diplomáticos de naciones diversas. Así lo creen, de hecho, algunos de los participantes en la conferencia.

Como en la ONU, tampoco suele salir de allí ningún acuerdo. El Gobierno no tiene derecho de veto, pero hace valer su peso: le basta con el respaldo de una sola región para imponer su criterio aunque cuente con el voto negativo del resto. En el caso del privilegio catalán –ordinalidad lo llaman: tanto aporto, tanto recibo, todo muy de progreso–, la comunidad interesada ya había pactado con carácter previo; Junqueras se veía con Sánchez en secreto e Illa le entregó la nueva fórmula plasmada en un documento Excel a la ministra Montero. El Consejo era un trámite, un formulismo necesario para llevar la propuesta al Congreso. Si se aprueba, hipótesis hoy por hoy improbable, el Senado podrá oponerse –y lo hará en virtud de la mayoría del PP– pero su disconformidad carecerá en la práctica de efecto porque el desarrollo legislativo del concepto de ‘representación territorial’ postergó por completo la definición del papel de la Cámara Alta en el modelo.

La desmesura simbólica del CPFF, ridícula en comparación con su eficacia real, es el síntoma de un fracaso. Las autonomías funcionan porque la estructura institucional y social del país es más sólida de lo que a veces pensamos, pero la destrucción del consenso constituyente ha vuelto imposible la evolución racional del Título Octavo. El salto de los antiguos nacionalismos periféricos hacia un separatismo rupturista desintegra el equilibrio del Estado, cuya descentralización orgánica ha devenido en un proceso interminable de chantajes insolidarios. El debate financiero, esencial para la dotación de servicios públicos, ya no es sobre el método de reparto sino sobre los fueros irregulares que Sánchez va otorgando para apuntalar su mandato. Y esta absurda parafernalia de pretendido corte federalista incrementa el desafecto ciudadano ante la inutilidad de tanto protocolo hipertrofiado. Que nadie se sorprenda luego del significativo aumento del voto de rechazo.