- La obsesión por asaltar compañías con dinero público mientras hunde a las empresas y poner en ellas a acólitos obliga a preguntarse por sus intenciones
Como tantas tropelías de Sánchez que se perpetran con nocturnidad y alevosía, ha pasado por debajo del radar la operación de despidos masivos en Telefónica, que reducirá la plantilla entre 4.500 y 6.000 efectivos con un coste calculado por la propia empresa de en torno a 2.500 millones de euros.
Es una cifra similar a la que el Gobierno puso en la compañía para convertirse en el accionista de referencia, supuestamente para frenar a Arabia Saudí, con el resultado conocido: el nuevo presidente de Telefónica es un socialista convencido, Marc Murtra; a su vera está Carlos Ocaña, coautor junto a Pedro Sánchez de un libro inspirado en su tesis doctoral plagiada y los saudíes han duplicado su presencia en el capital.
Es decir, por resumirlo Sánchez ha tomado el control de una corporación clave en el control de las comunicaciones y de los contenidos audiovisuales, la ha llenado de obedientes directivos tras despedir al anterior presidente obligándole a visitar La Moncloa para comunicarle su destitución, no ha frenado el abordaje árabe y ha puesto el dinero de todos para que se eliminen miles de empleos, sin ninguna protesta de nadie.
La coincidencia entre el coste del ERE y la inversión pública convierte a todos los españoles en financiadores de una operación que consolida el inquietante control político del Gobierno, alimenta las dudas sobre las intenciones subterráneas que esconde ese empeño (especialmente si se le añade el de Correos o Indra) y demuestra el cinismo de la izquierda orgánica y de los sindicatos.
¿Alguien ha escuchado algo de CC.OO, UGT, Podemos, Sumar y compañía, más allá de algún pellizquito de monja, sobre lo escandaloso que es dedicar dinero público a financiar despidos para que un partido concreto, y su líder máximo más específicamente, conviertan una multinacional en otra herramienta a su servicio? ¿Alguien ha anunciado paros, huelgas y barricadas contra una operación que, con el dinero de todos, permitirá a miles de personas en edad de trabajar quedarse en su casa, con gloriosas indemnizaciones y complementos estupendos hasta llegar a la edad de jubilación, como ya pasó en RTVE? ¿Alguien ha puesto el grito en el cielo por la evidencia de que la supresión a precio de oro de todos esos empleos será definitiva y por lo tanto miles de personas con aspiraciones de acabar allí tendrán que olvidarse de ello?
La obscena complicidad entre los sindicatos y el Gobierno para, de facto, financiarse a costa del contribuyente una operación política con daños laborales para quienes la pagan y beneficios privativos para quienes teóricamente la sufren suena más al famoso cántico chavista, «exprópiese», que a una defensa de los intereses estratégicos de España, la milonga alegada en su momento para tirar del erario y, en realidad, convertir a Sánchez en jefe real de la compañía.
Queda la pregunta en el aire de cuál será ahora el plan, pero los indicios no resultan nada halagüeños: la constatación de que la SEPI, el organismo dependiente de María Jesús Montero dedicado a encabezar todas las operaciones empresariales del Estado ha cobijado una trama de corrupción, es muy inquietante.
Y la obsesión de Sánchez por asaltar toda corporación u organismo clave en la orientación de la opinión pública, como RTVE o el CIS, o incluso en el proceso electoral, como el servicio postal o la traslación del recuento, terminan de elevar las dudas hasta extremos pavorosos. Al escándalo económico de cada jugada y al nepostismo partidista más obsceno se le suma así una sospecha razonable sobre las intenciones finales. Y con Sánchez, el dicho de «piensa mal y acertarás» siempre está justificado.
Solo hay que ver su siguiente paso: para camuflar la incompetencia en la gestión opaca y siniestra de los Fondos Europeos, cuyo destino merece una auditoría urgente, acaba de anunciar la creación con ellos de un ‘fondo soberano’ con 10.500 millones de euros procedentes de esas ayudas con los que piensa sortear al Congreso y ahondar en su atroz intervencionismo en las empresas y sectores que considere «estratégicos».
¿Se quiere comprar con dinero ajeno compañías privadas para colocar a más militantes al frente y utilizarlas perversamente a su favor mientras hunde a impuestos y burocracia a las empresas de verdad? Miedo da que, más que ‘soberano’, esto sea un ‘fondo buitre’ de libro.