El PSOE ha cruzado una línea roja, la «defensa de la desigualdad» entre territorios, que va a traer serias consecuencias para el partido y para el propio Pedro Sánchez «aunque él crea que no», en palabras de un ex ministro a Vozpópuli. El empeño del líder socialista por no convocar elecciones hasta 2027 le ha llevado a pactar con ERC un modelo de financiación autonómica que permitirá a Cataluña aportar 1.450 millones menos cada año a la caja común -lo reconoce el propio Oriol Junqueras– y eso está produciendo un fuerte desgarro emocional en el viejo partido-guía de la izquierda española.

La señal más visible es el fuerte rechazo que han expresado los dos únicos barones que pueden hacerlo -la navarra María Chivite goza de un sistema foral aparte-: el presidente asturiano Adrián Barbón, y el castellano-manchego, Emiliano García-Page. Fuentes de ambos gobiernos autonómicos descartan una reunión de ambos para escenificar ese desacuerdo con el Gobierno porque tampoco quieren hacer el juego al PP y porque, además, «no hace falta, el diálogo es muy fluido», admite una fuente cercana a Page.

Su esperanza ahora mismo es que el texto no llegue a votarse en el Congreso de los Diputados, pero ven a La Moncloa demasiado encelada en salvar al soldado Sánchez y, de paso, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, verdadero muñidor en la sombra del cambio de modelo. Por eso, el Parlamento de Castilla-La Mancha aprobó este jueves una resolución que faculta al Ejecutivo de García Page, que lo ha llegado a calificar como «el mayor atentado a la igualdad entre españoles», a denunciar ante los tribunales el sistema pactado entre ERC y el Gobierno.

En palabras de un veterano socialista andaluz que comparte diagnóstico con Page y Barbón, «dejar la bandera de la igualdad entre los españoles en manos del PP no nos traerá nada bueno». «Estamos cruzando muchas líneas rojas que comprometen nuestro proyecto para toda España».

Que convoquen al Comité Federal

Lo que más duele a las fuentes consultadas por este periódico en diversas federaciones es que el PSOE se desangre por una reforma que tiene muchas posibilidades de no salir adelante tras el rechazo de Junts per Catalunya a cualquier cosa que no sea un cupo catalán como el Vasco y el navarro, y por la oposición de otros partidos del bloque de investidura como Podemos, BNG, Chunta Aragonesista, Compromis, Coalición Canaria o IU; ya se vió en Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre con el descalabro del candidato Miguel Ángel Gallardo y algo peor que eso: el sorpasso de Vox a los socialistas en Badajoz capital y la tendencia al empate con la ultraderecha en Cáceres o Mérida.

«Esto es un cambio territorial lo suficientemente importante como para que la dirección convoque un Comité Federal y allí, no en los medios de comunicación, debatamos algo que puede cambiar la esencia de este partido», señala una fuente del PSOE andaluz que ha visto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deliberadamente «fuera de juego» en todo el proceso de negociación -Junqueras ha reconocido haberse visto con Sánchez en secreto varias veces- «hasta que le ha tocado explicar lo inexplicable». Y eso es así, advierte este fuente del anterior equipo de Juan Espadas, por más que Andalucía salga también beneficiada del cálculo propuesto para no perjudicar la candidatura de Montero frente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en las elecciones de junio de este año.

En Ferraz y en la sede del PSOE aragonés contienen la respiración para que no les ocurra lo mismo que en Extremadura en las elecciones del 8 de febrero. La candidata de Sánchez, la ex ministra de Educación y ex portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, corre serio riesgo de sufrir una caída histórica hasta los 17 diputados desde los 23 que logró en las anteriores elecciones el fallecido presidente Javier Lambán, muy crítico con la concesión de privilegios fiscales a la comunidad vecina, lo cual le llevó a un serio enfrentamiento personal con Sánchez. Todo eso ha cambiado y ahora el PSOE de Aragón está alineado con las tesis de Ferraz en defensa de un modelo que, según Fedea, deja a la comunidad como la peor financiada de las quince del régimen común.

El objetivo de Alegría sigue siendo que el actual presidente, el popular Jorge Azcón, se vea obligado a pactar de nuevo su investidura con Vox, como María Guardiola en Extremadura, pero ni siquiera eso está asegurado porque algunos sondeos, ante el descalabro socialista que auguran, llegan a otorgar al PP 30 diputados y la posibilidad de formar gobierno con Aragón Existe (2/3 escaños) y el Partido Aragonés Regionalista (1), sin necesidad de echar mano del partido de Santiago Abascal.

Martínez: «tremendamente injusto»

En el PSOE de Castilla y León, que se enfrentan a elecciones inmediatamente después que Aragón, también están en contra del pacto con ERC. Carlos Martínez, su secretario general, se ha sumado a las tesis de Barbón y Page y exige al Gobierno «dar una vuelta» al modelo porque es «tremendamente injusto e insuficiente» para su tierra. Los socialistas de la región sabían antes de Navidad que el acuerdo estaba al caer pero la puesta en escena, ese Oriol Junqueras vanagloriándose de que «Cataluña va a recibir más» les ha dejado muy fuera de juego en el peor momento: cuando acariciaban la posibilidad de empatar o ganar en las urnas a un Alfonso Fernández Mañueco «muy tocado», dicen, tras los pavorosos incendios de este verano en León y Zamora.

Por eso el PSOE de esa región también ha salido en tromba contra el modelo, aunque sin la repercusión del Pepito Grillo habitual que es García Page, y su secretario general ha llegado a decir en los órganos internos del socialismo en Castilla y León que está dispuesto a «pegarse, en el mejor sentido, con los compañeros que defiendan sus legítimos intereses en otras comunidades», en clara alusión al primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Puerta adentro, el discurso de bastante alcaldes y cargos contra la «impresentable» defensa de la ordinalidad -que una comunidad no aporte más de lo que reciba- es contundente: «No hay por donde cogerlo. a nosotros nos mata». Hay que tener en cuenta que Castilla y León es uno de los territorios más grandes y más envejecidos. El hecho de que estos dos factores de cálculo retrocedan en el nuevo sistema para dejar paso a otros como cambio climático o facturación de pymes en la recaudación del IVA «nos hace polvo».

‘Guerra interna’ en Extremadura

Hasta en Extremadura, cuya federación quedó arrasada electoralmente el pasado 21 de diciembre, tras perder catorce puntos en intenciòn de voto, el asunto de la financiación está agitando sobremanera las aguas internas: José Luis Quintana, delegado del Gobierno y presidente de la gestora nombrada por Ferraz se apresuró, y el secretario general en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quien aspira a suceder en el liderazgo regional al dimitido Gallardo en el próximo congreso regional, se han apresurado a defender el acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC, pero enfrente tienen al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, al secretario general de Badajoz, Manuel Borrego, y a la portavoz en funciones del Grupo Socialista en la Asamblea, María Piedad Álvarez.

Los tres han criticado duramente que su partido se atreva a proponer semejante modelo que perjudica el interés de todos los españoles que no son catalanes. Morales, muy contundente, señala: «Yo no sé quién dice que esto es bueno para Extremadura porque no lo es», en alusión al presidente de la gestora y delegado del Gobierno. «Yo no estoy de acuerdo ni como presidente de la Diputación de Cáceres ni como socialista» porque supone asumir que «quien más dinero tiene tenga derecho a mejores servicios».

Sin duda, el más duro entre los críticos ha sido el histórico primer presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez, Ibarra al advertir que «seguiré votando al PSOE pero tacharé (de la papeleta) a quien apoye una financiación singular para Cataluña» porque prefiere «perder las elecciones a perder la dignidad». Una clara alusión al presidente del Gobierno, que se resiste a convocar elecciones por miedo a perderles y ha llegado a este pacto con ERC para mantenerse en el poder hasta 2027.

Del alcalde Iglesias y la Constitución

En Galicia, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha evitado criticar al Gobierno y ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se siente a negociar, pero esto le ha generado críticas internas por no plantarse y defender frente al Gobierno de Sánchez los intereses de la región. El alcalde de Ares, Julio Iglesias, ha publicado esta semana  un duro y extenso mensaje en su perfil de Facebook donde critica el llamado principio de ordinalidad que atraviesa la nueva financiación autonómica.

El regidor gallego sostiene que este concepto «es un techo al principio de solidaridad territorial» recogido en la Constitución de 1978 y su aplicación implicaría que «las comunidades más ricas sigan siendo las más ricas» tras el reparto de los fondos estatales. Iglesias apela al artículo 138 de la Carta Magna, que establece que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad» y que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar privilegios económicos o sociales». El actual PSOE «no es la socialdemocracia en la que yo pensaba que militaba», ha dejado escrito el alcalde de Ares en redes sociales.

… A la ‘singularidad riojana’

Por su parte, el PSOE de La Rioja no se ha sumado oficialmente a las críticas internas de otros territorios, pero sí ha dicho que la propuesta defendida por la ministra de Hacienda es «mejorable» y ha pedido que se le aplique a la comunidad la singularidad riojana: más dinero público para compensar el efecto frontera que provoca en las empresas su vencidad con el País Vasco, una comunidad bastante más rica y con un sistema foral propio.

Sin embargo, su ex secretario general, Francisco Javier Ocón, quien recuerda que «El Partido Socialista siempre se ha opuesto a este mecanismo», porque es «profundamente injusto» en tanto que «atenta contra la solidaridad entre las diversas comunidades autónomas». «Las comunidades autónomas no aportan dinero a ningún fondo, lo aportan las personas» con sus impuestos. Y si regiones como Madrid o Cataluña contribuyen más es porque sus ciudadanos y empresas tienen mayores ingresos»; por ello considera «intolerable» financiar las prestaciones sociales de todos en función de la ordinalidad.