Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo

  • El reparto de 20.000 millones entre las CC AA no recoge obligaciones de inversión, ni condiciones, ni prioridades. Cada una hará lo que quiera, lo que la convenga o lo que más rente

El sistema de financiación autonómico, diseñado por la señora Montero y acordado entre el presidente Sánchez y el señor Junqueras (un conocido delincuente condenado a muchos años de inhabilitación), es milagroso porque es, a la vez, bilateral y multilateral. Es decir, trata de dar satisfacción a los partidos independentistas catalanes, sin agraviar al resto de comunidades, pero tiene dos grandes problemas.

Por un lado es incomprensible. No se entiende. Ya sé que mis luces parpadean exigiendo una urgente reposición de baterías, pero le reto a que lo lea usted -si quiere tres veces como he hecho yo-, y me lo cuente luego despacio. Y el hecho de que lo explique la vicepresidenta primera, a quien la naturaleza no ha dotado con la virtud de la claridad expositiva, le añade grandes dosis de dificultad. Entre el novedoso y atrevido principio de ordinalidad -que el mismo Junqueras ve imposible de cumplir con excepción del caso de Cataluña-, la cesión de impuestos, el criterio de la población ajustada, las competencias no homogéneas, la adjudicación regional de inversiones, el desembolso autonómico de fondos, etcétera, se arma uno un lío que termina con la cabeza humeante.

El segundo problema lo aportan los firmantes. Que haya sido negociado, acordado y firmado por el líder inhabilitado de un partido que no es mayoritario ni siquiera en Cataluña, y en cumplimiento de una promesa previa hecha para lograr la investidura como President del Honorable Salvador Illa y justo en el momento en que el Presidente Sánchez necesita imperiosamente el apoyo de su grupo parlamentario, arroja sobre él una espesa sombra de apaño interesado. Los líderes del PP insisten en que no se puede conciliar el bien común con los intereses particulares y egoístas. ¡El bien común! ¿A quién le preocupa el bien común? Lo siento, a nadie, porque el bien común no es lo mismo que el bien de las CC AA. El auténtico bien común es el que garantiza el Estado, el bien de todos los españoles, residan donde residan. Y lo garantiza a través de los presupuestos generales del Estado, esa antigualla que en su día fue importante y hoy es una obligación formal que el Gobierno no cumple y que los partidos que le apoyan desprecian.

Libres e iguales. Hace años hubo un movimiento que lo propugnaba. Es una pena que no lo consiguiera. El nuevo sistema no proporciona libertad -más bien ofrece un chantaje: dinero contra sometimiento-, ni camina hacia la igualdad. Más parece consagrar la diferencia.

¿Exagerado? No creo. Seguro que ha oído multitud de críticas al sistema de financiación pero, ¿cuántas ha escuchado al trasvase de mas de 20.000 millones desde al arcas del Estado a las CC AA? El reparto concreto se discute, el movimiento general se aplaude. Les parece bien a tirios y a troyanos, a derechas y a izquierdas, a progresistas y a conservadores. 20.000 millones menos para el Estado, 20.000 más para las CC AA. 20.000 millones menos para lo común, 20.000 millones más para lo regional. ¿Qué van a hacer con ello? No se sabe. No hay obligaciones de inversión, no hay condiciones, no hay prioridades. Cada uno hará lo que quiera, lo que le convenga o lo que más le rente.

Fedea, que se ha convertido en la voz más autorizada del sistema de reparto, calcula que Cataluña podrá absorber hasta el 80% de los impuestos cuyo ingreso se transfiera, mientras que se condonarán varias decenas de miles de millones de la deuda autonómica. Sin duda, un gran avance. Cuando se transfiera el 100% de los ingresos y toda la deuda del FLA, ¿qué haremos?, ¿cómo pagará el Estado los intereses?, ¿en qué quedará lo común? A ERC, el paridor del sistema, eso no le interesa, no le concierne. A Junts, menos; al PNV, muy poco; y a Bildu, nada de nada. A mí, como cada día que pasa se me olvida algo, a ver si se me olvida esto de una vez…