Los imprudentes

Es muy pronto para todo. La prisa solo es aceptable si se trata de atender a las víctimas que han sobrevivido y a los familiares de los muertos. Hablo de Adamuz. Lo demás puede esperar. Aunque no demasiado. Esperaremos, pero necesitamos respuestas. “Se dará con la verdad”, ha prometido el presidente del Gobierno. Lo ha dicho enfáticamente, como sabiendo que necesita un plus de auto convicción para ser creído. Y lo ha repetido: “Vamos a conocer la respuesta”. Sabe que apenas le queda crédito; que las dudas, mucho más en esta ocasión, son más que legítimas. Son obligadas.

El problema de credibilidad que arrastra el Gobierno multiplica los efectos de la tragedia. Desconfianza, hundimiento reputacional, consolidación de los extremos. Y el temor a que se oculte información relevante. Sería mezquino convertir lo ocurrido en munición política, enredarse en una espiral de acusaciones cuando aún hay vidas que penden de un hilo. Es más, las especulaciones son indecentes con más de 40 muertos. Pero también es nuestra obligación, la de los medios, la del conjunto de la sociedad civil, que debe estar al lado de las víctimas, exigir transparencia. Desde el minuto uno.

Dimisión obligada

En ese sentido, hay que subrayar el impecable comportamiento del ministro de Transportes en estos primeros momentos. La incógnita es saber cuándo aparecerá Mr. Hyde. Cuando se dará la orden de poner fin a la tregua y se nos volverá a aparecer el Óscar Puente que en ocasiones ve sabotajes, denuncia sin la menor prueba negligencias ajenas y convierte cualquier crítica en una refriega personal.

Puente ha tenido la mala suerte -dejémoslo de momento ahí- de ser el ministro de Transportes al que, 34 años después del primer viaje Madrid-Sevilla, le ha descarrilado un tren de alta velocidad, provocando la muerte de decenas de personas y un centenar largo de heridos. Cuando el ministro pueda pararse a reflexionar, que ahora no puede, seguro que piensa detenidamente en eso. Y en que únicamente hay una manera de no pasar a la historia (o no solo) como el ministro imprudente al que le estalló en las manos su temeridad: presentar la dimisión.

Si Puente, sea cual sea el resultado de la investigación, no se va después de esto (después de asegurar hace tan solo dos meses que «quien no quiera ver que España vive el mejor momento de su historia en el ferrocarril es que simplemente no quiere verlo”), no sé qué tiene que pasar en este país para que un político vuelva a dar ejemplo de dignidad. Puente es víctima del personaje imprudente que él mismo ha creado, y ahora ha de arrostrar las consecuencias. Que no sea culpable no le exime de ser responsable.

Esta es la naturaleza de la función pública en una democracia: quien ostenta el poder no solo debe rendir cuentas por sus acciones directas, sino por el estado general de lo que se ha puesto bajo su custodia, de aquello que se gobierna. También por el cuidado de la política como instrumento de pública utilidad, que es víctima aún más sensible de tanta mentira acumulada, tanto cambio de opinión y tanta imprevisión.

Voto cautivo versus mantenimiento

Óscar Puente no es precisamente August Immanuel Bekker, el filólogo que “sabía callarse en siete lenguas”. Es víctima de sí mismo y también (víctima y colaborador necesario) de una de las enfermedades crónicas de nuestra democracia, una patología que conecta con Ademuz y otras desgracias: anteponer lo políticamente rentable a lo estructuralmente necesario, práctica que Pedro Sánchez ha estandarizado. Hace demasiado tiempo que en España se confunde la gestión de lo público con la gestión electoral. Y la imprudencia con el impacto mediático.

La España del corto plazo ha convertido el presupuesto en el arte de la rentabilidad inmediata, de modo que, en un contexto de recursos limitados, cada euro destinado a mantenimiento invisible no tiene sencillo competir con medidas mucho más agradecidas: bonos de transporte que se anuncian en campaña, subidas de pensiones e incrementos salariales en la función pública que garantizan fidelidades. No son decisiones ilegítimas; son elecciones políticas. Pero cada elección lleva incorporado un coste de oportunidad que raras veces se asume.

Cuando imprudentemente se busca la rentabilidad del presupuesto a corto plazo, en forma de titulares elogiosos, o de votos, en lugar de comprar futura tranquilidad, aumenta, poco o mucho, el riesgo de que el mantenimiento de alguna carretera, algún monte, algún túnel, algún puente o alguna vía sufra un retraso no justificado. Y es en ese espacio, el que va de lo técnicamente recomendable a lo que se decide como políticamente prioritario, en el que se instala la verdadera responsabilidad del Gobierno.

Y lo peor de todo, descontando la desesperanza de los familiares y amigos de los fallecidos, es que las consecuencias de la política imprudente y alicorta que ha practicado este Gobierno no se acaban aquí. Lo peor es que hoy, en esta España debilitada, no hay nadie que esté en condiciones de poder garantizarnos que lo ocurrido en Ademuz, o parecido, no se vaya a repetir.