Víctor Núñez-El Español
  • El subtexto de la lucha contra los «bulos» de Adamuz es una conminación a no cuestionar la credibilidad de las autoridades y los medios homologados, disuadiendo a la ciudadanía de extraer inferencias sin la preceptiva tutela.

No había terminado de cantar el gallo tras el accidente ferroviario de Adamuz y ya se estaba divulgando en los maitines tertulianos un guion coreografiado entre el Gobierno y sus medios afectos: cuídense de los «bulos» y la «desinformación».

De no ser porque hemos escuchado demasiadas veces este soniquete a propósito de los más variados avatares, aún podríamos prestar oído a estos portavoces de la conciencia cívica, y a sus advertencias sobre cómo, en los momentos de conmoción y rabia, crece junto al trigo de la información la cizaña de los maledicentes.

¿Quién podrá negar que en los aliviaderos sentimentales que son las redes sociales operan no pocos cafres por cuya boca se expresa la visceralidad ciega, y ventajistas que no pierden la ocasión de explotar el desconcierto?

Pero no estamos ante una exhortación a la contención y la concordia, sino ante la reedición de la narrativa de la «máquina del fango».

Y el subtexto de este «callen y dejen hablar a los que saben» es una conminación a no cuestionar la credibilidad de las autoridades y, por extensión, la de los medios homologados. Se trata de disuadir a los ciudadanos de extraer sus propias inferencias sin la preceptiva tutela.

Todas estas afligidas filípicas contra quienes aviesamente fomentan la suspicacia hacia las instituciones incurren siempre en el mismo vicio: obviar que esa crisis de confianza no se ha dado por generación espontánea.

Que es el propio sistema político y mediático el que ha alimentado el agnosticismo cívico en el Estado y los intermediarios.

Que son los mismos poderes públicos los que se han dedicado a servir material averiado o puras mentiras (¿qué hay del «comité de expertos» de la pandemia? ¿Del «cibertaque» causante del apagón? ¿Del «sabotaje» detrás del robo de cobre?).

Que son el Gobierno y sus sicofantes quienes mediante la ocultación y la manipulación crean el hummus para que florezcan los bulos.

Que son las cabeceras alineadas las que han puesto en circulación una interpretación preñada de sectarismo y doblez (el mismo medio que dedicó una pieza a la «maquinaria de desinformación» abrió su web con una imagen falsa del siniestro generada con inteligencia artificial).

Que son los detractores de la «politización» de las tragedias los que no han dejado pasar una catástrofe sin achacarle la culpa al rival.

Que los «expertos» en los que se llama a delegar la facultad del juicio se han revelado casi invariablemente como ideólogos paniaguados.

Esta praxis ya la hemos visto: es la reorientación del humor social para alejarlo de los responsables de las negligencias a quienes intuitivamente los ciudadanos dirigen la exigencia de responsabilidades, a fin de descalificarlos como agitadores y sediciosos.

Y la constatación definitiva de que ese llamado a evitar las «fake news» consultando únicamente las «fuentes oficiales» disfraza una pretensión de controlar en beneficio propio el flujo de información es la aclaración dada por el ministro del Interior este martes:

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales con el fin de contrarrestar los bulos, porque tienen una incidencia negativa en la seguridad de la sociedad».

Un calco de las palabras del general de la Guardia Civil encargado del comité técnico de gestión del Covid-19, que en rueda de prensa en abril de 2020 afirmó que estaban trabajando en «evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos» y «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

No en vano, el complejo de la conformidad que se ha movilizado en las sucesivas crisis es el principal producto de la «nueva normalidad» nacida con la pandemia, acontecimiento inaugural de una nueva forma de hacer política cuyo impacto aún no ha sido calibrado en toda su magnitud.

El marco de la emergencia suministró las condiciones para levantar una dirección única que, legitimado por la necesidad de garantizar el orden público, concentrara todos los poderes y aglutinara disciplinadamente la unanimidad social.

Pero la gramática del permanente Estado de excepción sobrevivió a la circunstancia que lo alumbró, resultando en un endurecimiento del castigo a la desviación de la ortodoxia y al cuestionamiento de la versión autorizada.

Y así se legó a la vida política ordinaria una sensibilidad oficialista aplicada a escarnecer la sana e inveterada suspicacia hacia el poder sobre la que se ha edificado la tradición de la libertad política.

A medida que se han ido reproduciendo las catástrofes, y el consiguiente prontuario de gestión comunicativa de las mismas, se ha agrandado la sima entre la España oficial y la España real. Entre quienes albergan la viva impresión de que viven en un país en vías de subdesarrollo vampirizado por una cleptocracia incompetente, y los negacionistas que siguen enviscados en el «España va bien».

Todo este relato de las redes sociales como una zahúrda purulenta en la que abunda la manipulación, actualizado cuando muchos han empezado a unir los puntos que llevan desde la Adif socialista hasta la tragedia de Adamuz, es la última manifestación de la reacción defensiva del mandarinato frente a la disputa del monopolio de la información y el análisis.

Y podemos convenir en que el proceso político en una democracia liberal difícilmente podrá funcionar en ausencia de instancias de solvencia indisputada capacitadas para orientar la opinión pública.

Pero no puede dejar de subrayarse la impostura de quienes se duelen de la desautorización conjunta de la institución periodística y de la propia auctoritas del Gobierno. Porque no están sino asistiendo a los daños colaterales de la volatilización de la neutralidad a la que tan alegremente se han prestado.