Los irresponsables

Han pasado cinco días desde que, en Adamuz, el mal funcionamiento de un servicio de transporte público, tan primordial como lo es el tren, generó la muerte de 43 ciudadanos. Y centenares de heridos. El ministro de transportes no ha dimitido. Ni ha anunciado que tenga intención de hacerlo.

Han pasado cinco días desde que cuarenta y tres familias han sido destrozadas por el «tremendamente extraño» desastre sobre las vías de Adamuz. Jamás retornarán a lo perdido; jamás, a la vida que tuvieron antes de que una incompetencia odiosa exterminase a los suyos. El presidente del gobierno no ha destituido al ministro a cargo de esa incompetencia.

El uno como el otro, ministro como presidente, se proclaman, de ese modo, irresponsables. Puede que tengan razón. Es la peor de las sospechas que a todos nos desasosiegan ahora. Irresponsables. Estamos bajo el mando de irresponsables.

¿Está en su derecho un gobernante de acogerse a la universal garantía jurídica de la presunción de inocencia, como reclaman ahora estos? Sí. Lo está, siempre que haya sabido despojarse de los privilegios que el cargo representativo concede y siempre que haya aceptado confrontarse a la ley en los idénticos términos en los que se enfrenta un ciudadano.

El ministro dimitido o destituido, el presidente dimitido o revocado tienen el mismo privilegio de acogerse a la presunción de inocencia que se concede al más abominable delincuente. En la exacta medida en la que ya no puedan abrigarse bajo la capa blindada de la inmunidad. El privilegio de estar por ley aforado se paga con la pérdida instantánea de la presunción de inocencia. Todo político inmune debe ser sospechoso ante los ciudadanos que le otorgaron ese privilegio. Políticamente sospechoso. La sospecha ciudadana hacia quien lo gobierna es el fundamento moral de la ciudadanía: su única defensa frente a los intangibles. Y, con ello, la única garantía firme de la democracia. En un mundo civilizado, gobernar no sale gratis.

«Tremendamente extraño», muchísimo más que el accidente mismo, es que el ministro que se atreve a formular semejante declaración de impotencia no lo haga en el simultáneo acto de presentar su dimisión. «Todo es tremendamente extraño. Soy un incompetente. No sé lo que ha pasado. Dejo el puesto a otro». Es lo menos indecente que hubiéramos debido escuchar a un ministro cuya única competencia hasta hoy exhibida ha sido la de tuitero de vulgaridad excelsa.

Ser patán no es un delito. Puede que ser ministro de semejante matanza tampoco lo sea. Permanecer en el cargo, después de haber asistido a una escena de muerte así, es algo más negro que una inmoralidad o que un delito. Es el síntoma poco dudoso de una psicopatía difícil de conciliar con el trato humano. ¿Cómo, después de eso, va a seguir arrastrando el estigma de su vida el ministro Puente? Esperemos –por su bien, tanto como por el nuestro– que no la siga holgando por los pasillos de un ministerio, en el cual impere el azar de combinatorias de vida y muerte «tremendamente extrañas».

Ante la brutalidad de medio centenar de muertos, compasión ética hacia los que sufren y exigencia de que los responsables rindan cuentas, no son momentos separados. La peor ofensa a quienes perdieron a tantos de los suyos de un modo tan técnicamente injustificable es seguir viendo al responsable político último vivaquear impune en su cargo y sueldo. Y constatar que el vértice último del Poder Ejecutivo no se ha tomado siquiera la molestia de destituirlo. El respeto más alto a las familias masacradas es que los responsables paguen. Ya.

Lo judicial habrá de venir luego. Con la lentitud que a lo judicial corresponde: así es el sistema de garantías. Pero la ética de un político no puede estar al arrastre de los tiempos judiciales. Cinco días sin dimitir ni ser destituido, tras una mortandad así, es algo que moralmente no tiene nombre. O, si lo tiene, no admite ser escrito.