- España no se merece soportar ni un minuto más a un Gobierno negligente e insolvente que destroza los servicios públicos y permite deterioros letales como el ferroviario
Como parecía ya evidente desde el primer momento, la causa del inexplicable accidente ferroviario que ha segado 45 vidas es la rotura de un raíl, que provocó el descarrilamiento de un tren y su colisión con otro que circulaba en sentido contrario.
Así lo confirma oficialmente el informe preliminar de la CIAF, la comisión responsable de investigar el origen de sucesos de este tenor y establecer unas conclusiones: el inaceptable estado de la vía hizo salirse de la misma a un Iryo y la fatalidad de que casi al mismo tiempo pasara otro convoy en la ruta paralela remató la tragedia.
Habrá que esperar a un informe definitivo, pero la lógica, las pruebas y los indicios son casi inapelables: las marcas en las ruedas de los trenes que pasaron por la vía en mal estado, una especie de «mordiscos» del tamaño de una moneda, atestiguan una colisión con el tramo defectuoso antes de que definitivamente se produjera la fatal fractura.
Esto significa, en definitiva, que se pusieron en circulación trenes de alta velocidad sin constatar el estado real de las vías, algo intolerable en cualquier circunstancia, pero especialmente en una muy concreta: los maquinistas habían advertido de manera clara y reiterada sobre los riesgos de esa línea y de otras en toda España, incluso después de las supuestas mejoras aireadas ahora por el Ministerio de Transportes a modo de excusa.
Si en cualquier contexto un accidente ferroviario fruto de una chapuza es insoportable, en uno de evidente desidia ante las alertas previas resulta escandaloso. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? ¿A qué dedica el Gobierno la histórica recaudación de la que presume, a costa de un esfuerzo fiscal cercano a la confiscación, si no es a cuidar las infraestructuras estratégicas y preservar la integridad de quienes las usan?
No se pueden buscar excusas y mucho menos parapetarse, como han hecho Pedro Sánchez y Óscar Puente desde el primer momento, en la dificultad para identificar la causa, la necesidad de guardar luto o el respeto a las víctimas, utilizadas en realidad para apaciguar los ánimos, diluir las responsabilidades y ganar tiempo.
Lo que ellas merecen, y a continuación todos los españoles, es una explicación, una petición de perdón y una cadena de dimisiones al más alto nivel. Porque el Ministerio de Transportes, Renfe o ADIF han estado durante muchos años en el ojo del huracán y han sido más conocidos por los escándalos, enchufes y corruptelas en su seno que por la eficacia de su labor.
Y porque no se puede asumir que montarse en un tren se convierta en un macabro juego de la ruleta rusa por la inaudita insolvencia de quienes dirigen un Gobierno sin presupuestos, imprescindibles para decidir las prioridades en inversión pública; sin agenda, ocupada por la atención a los aliados de Sánchez, y sin decencia, colapsada por la desvergüenza de Ábalos, Koldo, Cerdán y compañía.
Pedro Sánchez nunca debió forzar su investidura en 2023 en unas condiciones de derrota electoral, a sabiendas de que solo podía mantenerse en la Presidencia a costa de entregarse a aliados infames y a proyectos alocados, contrarios al interés general. Y no puede seguir ahí mientras se observan las trágicas consecuencias de ostentar nominalmente la jefatura de un Gobierno que no gobierna e instala a España en la tragedia.