- El Congreso convalidará un decreto ley con ayudas al transporte público que alaba el tren por «seguro y fiable». Está previsto (aunque no cerrado) que sea el ministro Puente quien lo defienda. Los grupos lo esperan
Los partidos descorcharon la campaña de las elecciones en Aragón en la medianoche del jueves, pero el accidente de Adamuz ha dejado en un segundo plano la primera gran batalla del año entre el PSOE y el PP, y entre el PP y Vox. Toda la atención sigue en esas vías que, según las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se rompieron antes del paso del tren Iryo, causando el descarrilamiento mortal.
La semana política deja una ronda de consultas de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo y el resto de los responsables de los grupos parlamentarios aplazada sine die; un Ministerio de Transportes en la picota por su gestión del dinero público; un ministro acorralado; un presidente del Gobierno que comparecerá en el Congreso en próximas fechas casi a rastras; y a varios de los familiares de las 45 víctimas mortales deseando echarse a la cara a Sánchez y a Óscar Puente en el homenaje de Estado organizado por el Gobierno el próximo sábado por la mañana en Huelva.
Además de una línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía suspendida hasta el 2 de febrero; una huelga en el sector ferroviario convocada por los maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero; al Gobierno intentando rebatir los datos sobre la caída del gasto en mantenimiento de las vías por kilómetro; y la mayor crisis de confianza de los españoles en su red ferroviaria vista hasta ahora.
Y deja, también, dos grandes preguntas en el aspecto político. Primera, quién será el elegido de Sánchez -o los elegidos- para asumir la responsabilidad de un accidente, sino evitable, cuando menos previsible. No en vano, en el Gobierno ya van digiriendo que tendrán que ofrecer dimisiones a la opinión pública, aunque en principio no la del ministro, como contó El Debate el viernes. «Hemos pedido explicaciones. Después vendrá la solicitud de asunción de responsabilidades», señaló el viernes Alberto Núñez Feijóo desde Génova 13, posponiéndolo hasta algo más adelante. Segunda, qué medidas va a poner en marcha Transportes para evitar que algo así pueda repetirse, puesto que la oposición ha solicitado una auditoría independiente sobre el estado de las vías que Puente rechaza por ahora.
El destino nunca deja de deparar ironías, pero lo que pasará el martes en el Congreso entra directamente en la categoría de broma macabra. El Pleno convalidará el real decreto ley con el que, en diciembre, el Ministerio de Transportes creó un nuevo abono ferroviario, para fomentar el uso del tren entre los españoles (también convalidará, o lo intentará, el decreto ómnibus con la prórroga de medidas del escudo social).
El debate y votación no pueden posponerse, porque la norma salió del último Consejo de Ministros del año, el del 23 de diciembre, y debe ser convalidada por la Cámara Baja en los 30 días laborables siguientes. De hecho, el Ejecutivo ya va muy justo. Está previsto que sea el propio Puente el que suba a la tribuna a defender el real decreto ley, según explican desde la Moncloa a este periódico, pero no lo dan por cerrado porque los planes pueden cambiar si las circunstancias obligan.
Será la primera ocasión que tendrán los grupos parlamentarios de pedir explicaciones y responsabilidades al ministro, tras una semana de evasivas y caos. El PP y Vox lo están deseando, pero también Junts y ERC, después de que Cataluña estuviera el miércoles y el jueves sin Rodalies (el servicio se restableció paulatinamente el viernes, tras el acuerdo de los maquinistas con Adif).
Ese real decreto aprobado en el Consejo de Ministros en diciembre prorrogó las ayudas al transporte público que ya estaban operativas y creó un nuevo abono para los trenes de media distancia y cercanías, y para algunos de la alta velocidad. Por refrescar la memoria de los lectores, fue el que Sánchez anunció en su rueda de prensa de fin de año. Después, en esa misma comparecencia, y en mitad de la mayor crisis del sanchismo (José Luis Ábalos había entrado en la cárcel dos semanas antes), la prensa le preguntó por la corrupción y él se ofendió porque nada nos parecía suficiente: «¿Qué hacemos?, ¿bostezamos cuando decimos lo del abono único de transporte?, ¿de verdad?, ¿cuándo se sube el sueldo a los funcionarios un 11 % hasta 2028? Ohh qué aburrido. Permítanme que lo lleve al extremo, creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas».
Qué tiempos aquellos en los que Puente presumía en la sala de prensa de la Moncloa de la generosidad de su Ministerio y del Gobierno de España para con los usuarios del transporte público. «Las cuentas no son cuentos, que echen cuentas y serán conscientes de lo que significa tener un Gobierno progresista que atiende las necesidades más elementales de las personas», se jactaba. Parece que fue hace solo un mes… y es que fue hace solo un mes.
Leída hoy, la exposición de motivos del real decreto ley que convalidará el martes el Congreso duele. Dice del tren y del autobús interurbano: «Se persigue el fomento de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular. Además, el transporte público colectivo es más justo en términos sociales, más inclusivo, tiene un alto impacto positivo en la economía y la industria, y se sitúa como una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».
Y, por si alguien tuviera la tentación de olvidarlo, invoca el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, «en el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma».
Es esto último lo que, desde el principio, tiene sin escapatoria a Sánchez y Puente. Los dos primeros días después del accidente, el Gobierno intentó ganar tiempo sin más plan que mantener todas las hipótesis abiertas (salvo la del fallo humano y el sabotaje), aun cuando desde el lunes la principal era ya un fallo en las vías. El viernes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios emitió sus primeras conclusiones: el tiempo se acabó.