La España de Babel

En las últimas semanas, hemos podido leer en El Debate noticias que, no por recurrentes, dejan de ser menos alarmantes. Tras la aprobación de la Constitución y los estatutos de autonomía, creció de manera desaforada el interés de algunos partidos por exaltar la diferencia como fórmula para obtener mayores ventajas para la región respectiva. Un elemento básico de la singularidad era disponer, se hablará, más o menos, de otra lengua, además de la oficial del Estado que, como señala el artículo tres de nuestra Constitución, es el castellano. Creíamos que, con el vascuence, el catalán y el gallego se cerraba el círculo, craso error.

Repasemos un par de noticias a las que me refería al comienzo. La Academia de la Llingua Asturiana ha enviado un informe al presidente del principado para que se establezca un horario mínimo de enseñanza del bable en los colegios, que asegure su dominio por parte del alumnado. El grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley relativa al reconocimiento del profesor de ESO en la especialidad de aragonés y asturiano. Parecería una broma, pero no lo es, y lo sorprendente es que parece que ni los de la Academia ni los de Podemos, se han tomado la molestia de leer los estatutos de autonomía de aquellas comunidades. El artículo 4 del asturiano y el 7 del aragonés hablan de la protección de aquellas lenguas, pero no se les reconoce oficialidad alguna.

Cataluña y País Vasco, cómo no, son caso aparte. Estas comunidades sí recogen en sus estatutos la cooficialidad del vascuence y el catalán, si bien no les autoriza a ignorar las sentencias judiciales que cuestionan su imposición. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya señaló en 2014 la ilegalidad de la inmersión lingüística que, de hecho, suponía la desaparición del castellano en su sistema de enseñanza. Aquella sentencia señalaba que al menos el 25 % de la enseñanza –un límite que produce sonrojo– debía impartirse en castellano. Ante el reiterado incumplimiento del Gobierno de la Generalitat, en 2020 volvió pronunciarse en igual sentido, siendo ratificada dicha obligatoriedad por el Tribunal Supremo en 2021. Por supuesto, la Generalitat sigue pasándose por el arco del triunfo estas resoluciones sin que el Gobierno de España, ni el president socialista Illa, hagan absolutamente nada para defender el Estado de derecho y amparar a los castellanohablantes.

En el País Vasco ocurre algo similar. En diciembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 187.5 de la ley vasca de empleo público. Consideraba la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo, que no debía asignarse a todos los puestos de trabajo públicos un perfil lingüístico, o lo que es lo mismo un determinado conocimiento del vascuence, al vulnerar el principio de proporcionalidad derivado del artículo 23 de nuestra Constitución. Pues bien, la respuesta del Gobierno Vasco en palabras de su vicelehendakari fue calificar esta decisión de «especialmente grave por atacar un pilar básico de la normalización lingüística en Euskadi que pone en cuestión todo el sistema de euskaldunización del sector público». El PNV, por su parte, convocó a sus alcaldes y concejales, acompañado de los de Bildu, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para «denunciar la ofensiva judicial española que daña gravemente el autogobierno vasco».

Conviene concluir que hoy en España los únicos sojuzgados son los derechos de aquellos compatriotas que no pueden educar a sus hijos en la lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional. Los únicos ataques provienen del pésimo ejemplo de las autoridades públicas que, en vez de cumplir las resoluciones judiciales, optan por la insumisión con el agravante de salir impunes. El único autogobierno maltratado es el de la nación española que no tiene Gobierno que la defienda de la burla a nuestro Estado de derecho. Una lástima que una lengua hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo esté perseguida, cuando no proscrita, en su país de origen. Esto es lo que hay.