El Consejo de Ministros acordará hoy la regularización extraordinaria de al menos medio millón de inmigrantes.
El hecho de que la medida haya sido pactada con Podemos, y que haya sido su grupo y no el Gobierno quien se haya encargado de anunciarla este lunes, atestigua el carácter transaccional de este movimiento.
No en vano, Podemos ha presentado la cuestión como algo que han «arrancado» al PSOE.
Pedro Sánchez, a la busca de restañar sus maltrechas alianzas con una nueva remesa de mercedes ofrecidas también a los nacionalistas, ha recurrido a esta concesión política para tratar de recuperar a Podemos para su mayoría parlamentaria.
La maniobra es además idónea para los intereses tácticos del Gobierno.
Ante todo, porque le permite reorientar el foco de la agenda política, situado estos días en el accidente ferroviario de Adamuz.
Cuando se van concretando con cada vez mayor nitidez las negligencias del Ministerio de Transportes y su manipulación del relato sobre lo sucedido, nada más conveniente para Sánchez que trocar el tema de la conversación pública por otro capaz de reportarle réditos electorales.
Porque la regularización le brinda también una palanca para hacer campaña con vistas a las elecciones de Aragón de dentro de dos semanas.
En un contexto de creciente malestar social con la inmigración irregular, una medida que otorgará de golpe permisos de residencia y trabajo a centenares de miles de personas previsiblemente azuzará la indignación de Vox, con la ventaja adicional de que permitiría dejar fuera de juego al PP.
En el PSOE dan por seguro el batacazo de Pilar Alegría. Pero se consuelan esperando repetir el guion de Extremadura: que al menos Vox crezca, para que Jorge Azcón, como María Guardiola, acabe necesitando los votos de Vox. Y así dotarse de munición para mantener vivo el discurso del auge de la ultraderecha.
Sería legítimo y deseable retomar el debate sobre la regularización de inmigrantes que, cabe recordar, proviene de una ILP que permanece estancada tras haber sido admitida a trámite.
Porque es necesario poner fin a la inseguridad jurídica que afecta a tantas personas en situación irregular, a fin de garantizar sus derechos y hacer aflorar la economía sumergida.
Pero es inadmisible que el Gobierno pretenda llevar esto a cabo en la forma de una componenda política negociada bilateralmente.
Y más aún hacerlo a través de la tramitación de un Real Decreto que, al no tener rango de ley, no necesita ser convalidado en el Congreso.
Porque estamos hablando de una política que rebaja los requisitos necesarios para acogerse a la regularización, la cual podrá acreditarse con documentos susceptibles de amparar procesos fraudulentos. Y que amplía en un año (hasta el 31 de diciembre de 2025) el plazo para poder beneficiarse de ella con respecto a lo contemplado en la ILP.
De modo que lo esperable es que sean muchos más de los 500.000 estimados por Podemos los beneficiarios de esta extensión de los derechos de ciudadanía. No se puede soslayar el efecto llamada que esta política del «papeles para todos» podría acarrear, tensionando aún más los ya saturados servicios públicos y alejando todavía más a España del nuevo consenso migratorio europeo.
No es de recibo que una medida de tal trascendencia e impacto social se promulgue de espaldas a los representantes del pueblo.
La urgente ordenación de la política migratoria española debe vehicularse a través de una estrategia meditada y concienzuda en el seno de una deliberación parlamentaria, y diseñada de acuerdo con las necesidades del país. Y no en función de los cálculos y las conveniencias particulares del presidente del Gobierno para su supervivencia política.