Amaia Fano-El Correo
Pedro Sánchez ha decidido que «dar la cara» sea un salvoconducto político y Óscar Puente volvió a recordar ayer que él lo ha hecho, que ha estado «en el puente de mando y no en ningún reservado» (en clara alusión a Mazón) desde el momento de producirse el accidente ferroviario de Adamuz, como si eso bastara para desactivar cualquier petición de dimisión, reclamando mayor comprensión con el «esfuerzo comunicativo de su ministerio» en un asunto que «cada vez se complica más».
El problema es que quien da la cara se arriesga a que se la partan y, desde su primera comparecencia tras el doble descarrilamiento, el Gobierno tiró de manual para intentar salir indemne, queriendo instaurar la ley del silencio «por respeto a las víctimas» –como si no fueran estas las primeras interesadas en conocer la verdad– y señalando cualquier intento de esclarecer lo ocurrido como un ejercicio de antipolítica.
Óscar Puente inauguró esa narrativa buscando blindarse frente al escrutinio público y presentó el accidente como un «caso extrañísimo», un auténtico ‘expediente X’ cuyas causas tardarían años en saberse (algo que les funcionó en el apagón). Pero mientras el presidente pedía a la ciudadanía que se informara solo por la versión oficial, la investigación fue desmontando, una a una, las afirmaciones del ministro que primero negó la falta de un tramo de vía, calificándola de «bulo malintencionado», y dijo que se había renovado «la totalidad del trazado» con materiales y medios de primera calidad, para acabar admitiendo que solo se sustituyeron algunos tramos del raíl y que el fallo pudo estar en la soldadura.
«Renovar integralmente no implica sustituir todos los raíles, sino solo aquellos que están en mal estado», dice ahora el responsable de Transportes, intentando resignificar sus palabras sobre la marcha. Lo que, en todo caso, considera irrelevante para esclarecer las causas del siniestro, pese a las dudas expresadas por el investigador jefe de la CIAF, Iñaki Barrón, a quien afeó que se atreviera a cuestionar públicamente la gestión de Adif. Y anuncia un paquete de 20 millones de euros para indemnizar a las víctimas, apresurándose a aclarar que con ello «no se trata de poner precio al dolor», aunque lo parezca.
¿Cómo podría? Lo ocurrido es el trágico resultado de años de incidencias, averías y retrasos denunciados por usuarios y maquinistas del AVE, que fueron ignorados y que el ministro sigue menospreciando, como «problemas de confort y no de seguridad», instando a los conductores de tren a «rebajar el suflé emocional», en una clamorosa falta de empatía hacia un colectivo que acaba de perder a dos de sus miembros.
Así que no cuela. Mentir primero y matizar después no es «dar la cara» y exigir una rendición de cuentas no es alentar la antipolítica. Antipolítico es blindarse en el poder convirtiendo la confusión y la censura en coartada para la incompetencia y seguir abusando de la confianza de una ciudadanía a la que se insiste en tratar como si fuera menor de edad.