El pasado 2 de abril Donald Trump celebró su particular «Liberation Day» con el anuncio de una disparatada estrategia arancelaria por la cual, en el caso de la Unión Europea, fijaba un arancel del 20 por ciento para las importaciones de bienes. Finalmente, y tras un periodo de negociación, el arancel se estableció en agosto en el 15 por ciento, un acuerdo que, por cierto, está pendiente de su aprobación, en este lado del Atlántico, por parte de la Eurocámara. Este triste episodio, que describe el complejo entorno en el que nos tendremos que desenvolver en los próximos años y que ejemplifica el punto final de un orden internacional basado en reglas, no sólo en el ámbito económico, nos sirve para reflexionar sobre los problemas de crecimiento de la economía europea sobre el principio compartido de los efectos negativos de los aranceles.

La UE estableció en el tratado de la Acta Única, firmado en 1986 bajo el liderazgo del socialista Jacques Delors, el objetivo de disponer de un mercado único europeo por mandato legal y plenamente operativo para 1993. Sin embargo, en la actualidad, más de treinta años después, todavía existe una multitud de barreras no arancelarias que obstaculizan el funcionamiento ordinario del comercio. El Fondo Monetario Internacional, en su Regional Economic Outlook de 2024, vino a poner números al coste de esas fricciones. El resultado no pudo ser más decepcionante. Según esta institución, las barreras no arancelarias suponen un coste equivalente a unos aranceles del 42 por ciento en el comercio intracomunitario de bienes y del 110 por ciento en el caso de los servicios. Ambos guarismos son terroríficos. Tal es así que el Banco Central Europeo quiso recalibrar esas estimaciones. Christine Lagarde, presidenta del BCE, anunció en septiembre que sus servicios de estudios habían llegado a una conclusión similar: los «aranceles en la sombra» en el mercado único se sitúan en el 60 por ciento para el comercio de bienes y del 100 por ciento para los intercambios de servicios. Tras estos abultadísimos números encontramos aún una diversidad de normas nacionales y locales que fragmentan el mercado único, directivas mal implementadas y pobremente supervisadas por la Comisión, y un sin fin de prácticas proteccionistas mantenidas por las administraciones públicas y operadores privados. Sin minusvalorar los efectos perniciosos de los aranceles de Trump, resulta evidente que los daños que los europeos nos autoinfligimos son inasumibles, pero a diferencia de los primeros, su eliminación está exclusivamente en nuestras manos. Así pues, ante estos muy elevados «aranceles en la sombra», es justo afirmar que no hay otra estrategia de crecimiento con mayor recorrido normativo e impacto potencial que disponer de una hoja de ruta sólida para remover esas barreras al comercio y a la integración comunitaria.

Enrico Letta lo explica bien en su estudio sobre el mercado único, al igual que Mario Draghi, en su propio informe más holístico sobre la competitividad en Europa. Sin embargo, pasado más de un año desde el inicio de la actual legislatura, la ambición de las instituciones comunitarias a este respecto brilla por su ausencia, focalizada casi exclusivamente en una batería de iniciativas, a través de distintos «ómnibus», para «simplificar» la normativa estrictamente europea que, aunque compleja, no genera fragmentación alguna del mercado único. Esta estrategia, por otra parte, está facilitando un marco de entendimiento entre el centro-derecha europeo y las derechas euroescépticas y antieuropeas, disolviendo el espacio de confianza y cooperación entre los partidos proeuropeos, condición necesaria para abordar la vía más potente para incrementar nuestra competitividad, el avance del mercado único.

La Unión necesita reordenar parte de la normativa comunitaria aprobada la pasada legislatura. Draghi hace referencia a este respecto en su informe. Tanto en ámbitos ambientales como digitales, los últimos años estuvieron marcados por un activismo regulatorio que ha conformado un marco normativo con duplicidades y solapamientos mediante directivas y reglamentos que intentan proteger un mismo bien público a través de medidas superpuestas. Ahora bien, considerar el principal obstáculo a la competitividad de la economía europea la normativa comunitaria, y centrar casi todo el trabajo legislativo en ese ámbito –a la vista de los serios problemas del mercado único representados en esos guarismos estimados por el FMI y el BCE para los «aranceles en la sombra»– implica un sesgo ideológico muy agudo fruto de una malentendida «guerra cultural» entre todas las derechas, las proeuropeas y el resto, que se encuentran en una dinámica de competición-cooperación que no resolverá los problemas económicos, pero sí alimentará los hipernacionalismos y populismos reaccionarios respaldados por Trump y Putin.

Nigel Farange lideró, desde el Parlamento Europeo, la campaña que acabaría en el Brexit aludiendo a las extravagantes, aunque inexistentes, leyes comunitarias. Según afirmaba –quizá el próximo primer ministro del Reino Unido– la norma europea fijaba la curvatura de los plátanos y la prohibición de los perros corgis, tan queridos para la Familia Real británica, que tuvo crónicas firmadas, por cierto, por Boris Jonhson durante su etapa periodística en Bruselas. Después llegaría el «fontanero polaco» que tan buenos resultados les dio a los ‘brexiters’. El Partido Conservador liderado por Cameron aceptó ese relato, renegoció la participación del Reino Unido en la UE, y perdió el referéndum, dando lugar a un inacabado periodo de profunda inestabilidad política y mediocre crecimiento económico, que sigue alentando a los populismos. Los conservadores que aún quedan en la Unión, desfigurados ya en países como Italia o Francia, tienen en su mano seguir el ejemplo de sus colegas al otro lado del Canal o acentuar su legado europeísta.

Los socialistas ofrecemos un análisis ponderado de la normativa comunitaria que conlleve una racionalización pragmática y veloz, que no una desregulación que el PP impulsa ahora con los euroescépticos, unos por motivos ideológicos, otros como la vía más rápida para erosionar la capacidad legislativa de la Unión. Es más, la desregulación de las normas comunitarias que se está fraguando en esa nueva mayoría no generará apenas crecimiento económico sin un avance sustancial del mercado único que esa coalición no puede ni quiere liderar, y tendrá, por cierto, efectos perniciosos sobre algunos bienes públicos, entre ellos la estabilidad financiera.

El principal reto europeo en el ámbito económico, y no sólo, pasa inexcusablemente por una acelerada consolidación del mercado único, un fortalecimiento del presupuesto común, y una creciente unión política del continente, condiciones todas ellas necesarias para corregir la insatisfacción que se observa en cada elección. Para ello sólo existe una mayoría posible en las instituciones: la plataforma proeuropea. Por contra, la actual agenda supuestamente «simplificadora» no resuelve los auténticos problemas de competitividad, manteniendo las causas subyacentes que alientan los populismos, mientras se les blanquea gracias a sus negociaciones con el PP a quienes aspiran liquidar. Aún estamos a tiempo.