José María Ruiz Soroa-El Correo
- En España y en Europa, en los últimos veinte años, no se produjo incremento estructural alguno en la parte privada del gasto sanitario. De privatización, nada
No es fácil responder a la crítica de mi artículo sobre «la privatización de la sanidad pública» que presenta Pedro Valdés Larrañaga (EL CORREO, 19-1-26) porque, sencillamente expuesto, ambos hablamos de cosas distintas. Mi artículo pretendía mostrar que la sanidad pública (insisto, «pública») gastaba porcentualmente cada vez menos desde 2020 en conciertos, servicios o contratos con el sector privado, desde un 11%-12% en 2000 a un 8% en 2024. La tendencia de lo que se considera con propiedad conceptual «privatización de la sanidad pública» era entonces descendente.
Valdés Larrañaga, ya desde el título de su artículo, trata de otra cosa distinta, aunque tenga un aire de familia, en una confusión frecuente entre los usuarios, pero inadmisible en un experto: trata de la «privatización sanitaria» o «privatización de la sanidad». Es decir, mezcla la cuestión de si la sanidad pública usa o no cada vez más los servicios de la privada, con la cuestión de cómo está repartido en España el gasto sanitario total entre la sanidad pública y la privada. Una forma de emborronar la cuestión que no es de recibo en un experto en salud pública.
Además, Valdés Larrañaga me atribuye caprichosamente haber tomado posición en mi artículo sobre la cuestión de la «supuesta eficiencia de la sanidad privada», eficiencia que se dedica a demoler con saña, afirmando que la sanidad privada es capaz solo de tratar la patología de baja complejidad (cataratas, hernias o procesos quirúrgicos de bajo riesgo). Bueno, es su opinión, pero yo no había ni siquiera mencionado este asunto en mi artículo, así que no entiendo por qué razón lo incluye en el suyo, salvo porque forma parte de un discurso prefabricado que aplica a cualquiera que trate de la privatización de la sanidad y se salga de sus esquemas ideológicos. Mala praxis argumental, creo, la de atribuir al criticado algo que este nunca dijo ni insinuó.
Pero hablemos, ya que se plantea así, de la sanidad en general en España y Europa y de la parte que tienen en ella la pública o la privada. Pero hablemos con datos, no con relatos. Porque como dice un politólogo preclaro, el gran desastre de la esfera pública española es el de que discute mucho, sí, pero se discute sobre opiniones, no sobre hechos. Y así no hay forma de llegar a resultado útil.
Hechos: en España en el año 2000 la proporción del gasto sanitario total en porcentaje del PIB era del 7,2% distribuido entre un 75% público y un 25% privado. En 2023 ha sido del 9,3% PIB (se ha incrementado) con una distribución porcentual entre público y privado prácticamente idéntica en torno al 75%-25%. Es decir, que en los últimos veinte años se comprueba que (salvo los del bajonazo de la crisis 2008) no se ha producido incremento estructural alguno en la parte privada, más bien un leve descenso. Se gasta más en pública y en privada en términos absolutos, pero la participación de ambas sigue igual. En lo que coincidimos con Europa, donde la parte privada es del 26%, por ejemplo, en Alemania. En realidad, toda Europa muestra el mismo patrón estructural: consolidación absoluta de la sanidad pública universal como principal proveedor y uso del sector privado como complemento. De ‘privatización’, nada.
Cierto que, como ya exponía en el anterior, existe una percepción social generalizada de que el sistema público funciona cada vez peor, sobre todo en sus fases de entrada. Pero que sea real la percepción no dice nada sobre lo acertado del diagnóstico popular. En primer lugar, esa percepción responde en parte a unas expectativas crecientes motivadas por los avances médicos, la información del usuario y la comparación con la privada. Y la parte que es deterioro real no se debe a privatización (que los datos demuestran no ha existido) sino a otras razones: crecimiento de la demanda, cronicidad, insuficiencia de profesionales y defectuosa gestión de los recursos. Pero, claro, en lugar de atender a los problemas reales es más fácil usar como chivo a la sanidad privada como causante del problema. Tiene la ventaja de ser ideológica y moralmente gratificante y fácil de entender.
Así, según mi crítico, lo que sucede es que existe hace años un plan oculto de los grandes grupos inversores para explotar la sanidad como negocio, consiguiendo mediante la presión sobre unos dóciles gobernantes que la asistencia sanitaria pública se degrade tanto como para que cualquiera con dos perras ahorradas suscriba una póliza de seguro de asistencia privada. De esta forma, sigue, se produce «una privatización de facto». O sea, según él los fallos de gestión de la sanidad pública son en realidad deliberados, porque de eso se trata, de degradarla cada vez más. Lo único que echo en falta en este relato es a ‘los fondos buitre’ y a Trump. ¿No habría que incorporarlos también para redondear la historia?