España no aguanta más. Con cada inyección de grasa al viejo quintanar patrio no dejan de crecerle los michelines del omento. Vivimos amontonados en las estaciones y andenes, en las salas y listas de espera, en los atascos y barrios dormitorios de las zonas urbanas.
Los números de la España llena son brutales.
La población ha crecido en estos últimos años de manera descontrolada. Sánchez ha abierto las puertas de par en par como si nuestro país fuera un hotel con capacidad infinita.
De ahí la degradación de los servicios públicos. Nos vendemos como si fuéramos un establecimiento de cinco estrellas y apenas merecemos tres.
En España viven de manera permanente casi cuatro millones de personas más que cuando llegó Sánchez al poder hace ocho años. La inmensa mayoría, extranjeros. Vamos a medio millón de incremento anual, pese al frenazo de la COVID.
Muy pronto superaremos la cota oficial de los 50 millones de residentes. Al mismo tiempo hemos transitado de 83 a 99 millones de turistas.
Son dos buenos baremos de nuestro crecimiento y desarrollo, pero nos hemos pasado de frenada. Hace medio siglo Alfredo Amestoy triunfaba en TVE con el programa ’35 millones de españoles’ y pese al boom del turismo apenas teníamos 27 millones de visitantes.
La suma de ambas cifras se ha multiplicado por 2,5, pero el territorio sigue siendo el mismo y la inversión en infraestructuras ha tenido un inevitable carácter espasmódico en función de los ciclos de la economía.
Durante la última década del pasado siglo y la primera del presente, España se dotó de una red de autopistas y vías férreas de alta velocidad envidiables, con ayuda de los fondos europeos para el desarrollo (FEDER).
A la vez se construyeron colegios, hospitales y viviendas. Hubo un boom que trocó en burbuja inmobiliaria.
Entonces llegó la crisis financiera con sus drásticos recortes. Ahora vuelve a crecer el PIB y contamos con los Next Gen, pero la inversión se ha reanudado de forma tan insuficiente como ineficaz.
El caso de la red ferroviaria es paradigmático. Todo un ejemplo de crecimiento desbocado a base de más kilómetros de vías, más trenes, más operadores, más velocidad, pero peor mantenimiento y menor seguridad. Por no hablar de la impuntualidad.
Esas eran las bases de la movilidad sostenible impulsada por Ábalos —con Koldo en el antedespacho— y a la que se apuntó con entusiasmo Puente.
El resultado, con todos sus preludios que debieron haber servido de advertencia, son los 46 muertos de Adamuz. Porque, como ha dicho el presidente de la comisión investigadora del siniestro Ignacio Barrón, «los mantenimientos no se inauguran».
Óscar Puente quería poner las máquinas del AVE a 350 por hora, igual que Beatriz Corredor quería batir la plusmarca de aportación de las renovables al mix energético. Así se cayó la red, así llegó el descarrilamiento.
Hay políticos que se las pintan solos para cortar la cinta inaugural de una nueva línea o estación, colgarse la medalla ante sus jefes y poner cara de funeral cuando les toca asistir a alguno.
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El Gobierno alardea de «record histórico de inversión» pero la realidad es un descenso del 16% del gasto que Adif destina a conservar su red ferroviaria, respecto a la cifra de hace diez años, si lo repercutimos por cada kilómetro de vía.
Únase a ello el drama de la incapacidad de ejecución presupuestaria que afecta especialmente a las redes de Cercanías, incluidas las Rodalies. Según la memoria de Adif, en el 24 en Cataluña sólo se ejecutó el 13% de lo presupuestado y en Andalucía apenas el 10%.
La otra cara recurrente de la corrupción es siempre la ineficacia. O, para ser más exactos, la chapuza. Y el puente —valga la mala redundancia— entre ambas orillas es la mentira.
Óscar Puente tuvo el miércoles la desvergüenza de tildar de bulo «la eliminación de la Unidad de Emergencias» cuando en la información que trataba de desacreditar reproducíamos el decreto del BOE del pasado 30 de julio que, a propuesta suya, comenzaba diciendo: «Queda suprimida la Unidad de Emergencias».
La realidad es un descenso del 16% del gasto que Adif destina a conservar su red ferroviaria, respecto a la cifra de hace diez años
Sólo la sensación de impunidad que proporciona estar protegido por alguien de su misma catadura puede explicar que pretenda hacernos creer que «eliminar» y «suprimir» no son sinónimos.
No vamos a comulgar con ninguna de esas ruedas de molino. Puente tenía condiciones para haber sido un buen ministro, pero las ha dilapidado por su mezcla de matonismo y fanatismo. Visto lo visto, ya no sirve de nada viajar a Siracusa, como hacía Platón creyendo que a base de paciencia civilizaría a Dionisio.
Hasta que los ciudadanos lo depongan, el tirano seguirá siendo el tirano porque en palabras de Orwell, «la libertad consiste en poder decir que dos más dos son cuatro». Si eso es un «bulo» que caiga el sol sobre la tierra.
Puente sigue sin esclarecer por qué eliminó esa Unidad de Emergencias, con un alto mando de la Guardia Civil al frente, para sustituirla por un mero Observatorio. Y sobre todo sigue sin proporcionar la documentación que acredite el tipo de acero que se utilizó en la fatídica soldadura.
El mero hecho de que la normativa general de Adif obligue a hacerlo con el más blando y el pliego de Adamuz imponga el más duro, debería tener drásticas consecuencias, al margen de que se hubiera rectificado sobre la marcha o no.
Lo ocurrido equivale a descubrir una receta médica con la prescripción contraria a la destinada a preservar la vida del enfermo. Alguien debe pagar por esa mala praxis.
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Pero esta tragedia ferroviaria no es sino un síntoma más. Un eslabón de la misma cadena de la que forman parte tanto el apagón de 2025 como la catástrofe fruto de la dana de 2024 en Valencia.
Es el resultado de un modelo económico desaforado en el que se buscan datos macroeconómicos de los que envanecerse, sin preocuparse de las consecuencias para la seguridad y el bienestar de las personas.
Puente sigue sin proporcionar la documentación que acredite el tipo de acero que se utilizó en la fatídica soldadura
Los hechos han demostrado que ni la red ferroviaria ni la red eléctrica se operaban con garantías. Y que las obras planificadas y aprobadas para que una anomalía meteorológica no arrasara vidas y haciendas seguían bloqueadas por una política obtusa, falsamente ecologista.
Todo se nos está quedando obsoleto. Cualquier día el pésimo mantenimiento de las carreteras nos dará otro trágico disgusto. Las estaciones de trenes y autobuses y buena parte de los aeropuertos empiezan a ofrecer escenas tercermundistas con pasajeros hacinados, víctimas de la mala calidad de los servicios y las recurrentes demoras.
Hemos retrocedido a la España del «vuelva usted mañana». Tanto si se trata de las listas de espera hospitalaria como de las solicitudes de conexión a la red eléctrica. Hay inversiones de miles de millones en centros de datos pendientes del suministro energético y con pocos visos de obtenerlo.
«El cambio consiste en que España funcione», decía Felipe González. «España va bien», proclamaba Aznar. Ahora España no funciona y por eso va mal.
De nuevo se está produciendo «el cortocircuito de la modernidad» que, según Claudio Sánchez Albornoz, provocó la decadencia de la España de los Austrias.
Con la diferencia de que, si a Castilla le faltó población para cumplir sus sueños imperiales, a Sánchez le está faltando planificación y capacidad para atender al crecimiento de la población importada.
El drama de la falta de viviendas es el exponente de todo ello. Al provocar el efecto llamada en sus viajes africanos, para importar mano de obra barata y seguir inflando el PIB nominal y la afiliación a la Seguridad Social, al presidente se le olvidó que toda esa gente tendría que vivir en algún sitio.
Y que, a falta de más plazas hoteleras, los millones de turistas adicionales también compiten por las camas en las que dormir.
Cada año se necesitarían 400.000 nuevas viviendas y apenas se construyen 90.000. El déficit estructural podría acercarse a los tres millones en una década. Por eso los precios están disparados tanto para la compra como para el alquiler hasta cifras inasequibles para la inmensa mayoría.
La Ley de Vivienda que el PSOE pactó con la extrema izquierda no ha servido sino para agudizar el problema al provocar la retirada masiva de inmuebles en alquiler. Mientras no vuelva la libertad al mercado y los propietarios no tengan garantías de poder expulsar de inmediato a los okupas, no volverá a crecer la oferta.
España necesita un Miguel Boyer del siglo XXI que acabe con las rigideces ideológicas que hoy, como en los viejos tiempos franquistas de los pisos de renta antigua, siempre terminan perjudicando a los sectores que más se pretende proteger.
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En este contexto una medida que podría ser justa y conveniente como la regularización de los inmigrantes que tengan un arraigo real y una actividad productiva, lleva camino de convertirse en una bomba de relojería.
Depende de si se hace con consenso o sin consenso. Ordenada o desordenadamente. Presentándola como una ley de punto final o sentando un nuevo precedente con efecto llamada incorporado.
Todo indica que hay motivos para ponerse en lo peor. Sánchez no ha buscado el acuerdo ni con sus socios europeos ni con el PP, sino con Podemos al que trata de resucitar tras el naufragio de Sumar en los sondeos.
Y pretende hacerlo de espaldas al parlamento. Sin debates, sin enmiendas, sin garantías de que no fomentará el asentamiento de las mafias y la llegada de nuevos delincuentes.
Los datos oficiales de la criminalidad atribuida a extranjeros, y especialmente a magrebíes, en el País Vasco y Navarra —únicos territorios en los que se conoce el cómputo— deberían hacer saltar las alarmas.
Mientras la Unión Europea amplía las trabas de admisión y prepara convenios de expulsión con terceros países, Sánchez se apunta al ‘papeles para todos’ de la izquierda antisistema, con una mutación del censo electoral en el horizonte.
Sánchez no ha buscado el acuerdo ni con sus socios europeos ni con el PP, sino con Podemos al que trata de resucitar tras el naufragio de Sumar en los sondeos
Se habla de 500.000 pero el número de quienes llegaron ilegalmente y continúan en situación irregular puede superar los 800.000. Es cierto que esos ya están, pero si las exigencias no van acompañadas de un cribado de delincuentes, pronto tendremos nuevas avalanchas con gente de la peor calaña.
Parece una broma macabra que la falta de certificado de antecedentes penales en origen pueda ser sustituida por una «declaración responsable» de quienes no tengan diligencia o interés por obtenerlo.
Crecerá la inseguridad y la presión sobre vivienda, sanidad y educación aumentarán en los mismos barrios donde el déficit de alquileres es mayor, las listas de espera más largas y los problemas de convivencia más agudos.
Y si la red eléctrica, el transporte público o las demás infraestructuras siguen desbordadas por la falta de inversión, la regularización puede terminar convirtiéndose en el chivo expiatorio y la espita de todas las frustraciones sociales.
A Sánchez puede salirle la carambola parlamentaria, incluyendo la temeraria cesión de las competencias de inmigración a Cataluña para satisfacer a Junts. Con su nueva ración de protagonismo, a Pablo Iglesias e Irene Montero ha dejado de parecerles racista que un Gobierno regional pueda controlar el flujo de personas con criterios identitarios.
Si el TJUE avala la aplicación de la amnistía a Puigdemont y el Supremo termina bajando la cabeza, puede que Sánchez recomponga su mayoría e incluso logre tener Presupuestos en el último año de la legislatura.
Le esperaremos en las urnas, antes de que le de tiempo a nacionalizar a suficientes extranjeros o descendientes de españoles.
La España que afrontará las elecciones más decisivas en medio siglo de historia democrática será una España polarizada y exhausta. Una España reventada por una fatal mezcla de ambición, inmoralidad e incompetencia. Pero una España consciente de que estará ante su última oportunidad de supervivencia como nación constitucional.