La destrucción del sistema energético acredita que Putin ha resuelto trasladar el frente de combate a la vida civil. No porque hasta ahora no haya matado a ucranianos en bloques de viviendas o estaciones de ferrocarril, sino porque los más recientes ataques indican que concentra su potencia de fuego en trenes con 300 pasajeros -mujeres y niños que se dirigían a visitar a soldados- como el atacado el día 27, o sus objetivos ayer: un autobús que trasladaba a mineros después del trabajo y una maternidad. Rusia conquistó un 1% de territorio ucraniano el año pasado al precio de 35.000 bajas solo en diciembre. A la pérdida de efectivos, que solo podría compensar con una movilización forzosa que Putin no desea, se suma que el expansionismo le sale ya demasiado caro.

Según datos del Gobierno alemán, los ingresos por petróleo y gas han pasado de representar el 50% del presupuesto ruso a solo el 22%. A esta dificultad para alimentar la maquinaria de guerra puede contribuir el nuevo paquete de sanciones que prepara Europa, con la sustitución del límite de precios de los carburantes por la prohibición a las empresas comunitarias de colaborar en las exportaciones de Moscú. Será complicado conseguir el voto unánime de los 27, pero en este momento la mayor garantía de seguridad que puede recibir Ucrania es ayuda real para seguir defendiéndose. Y no llegará de EE UU, como advirtió Volodímir Zelenski en Davos cuando trasladó a la UE su temor al definitivo abandono de Washington.