El modo técnico pretende maquillarlo como un formalismo. Casi un tecnicismo que, dicen, no cambia la sustancia.

Pero es precisamente en ese gesto donde reside su gravedad. La política exterior se hace de símbolos, de señales. Y la señal que estaría enviando España a Bruselas y al mundo es de debilidad. De renuncia a sostener una postura firme contra quienes durante más de medio siglo asesinaron a sus conciudadanos.

De llevarlo adelante, se trataría además de un fracaso ético y jurídico de enorme envergadura para España.

La inclusión de ETA en la lista comunitaria data de diciembre de 2001, en la oleada de designaciones que siguieron a los atentados del 11 de septiembre, junto a grupos como el IRA o Al Qaeda. Se basa en la Posición Común 2001/931/CFSP sobre medidas específicas para combatir el terrorismo.

Esa lista, que se revisa semestralmente, no es un simple trámite formal. Es una herramienta jurídica y política con consecuencias tangibles en la cooperación policial y judicial, en el congelamiento de activos y en el rechazo inequívoco a modelos de violencia que traspasan fronteras y dejan heridas que tardan décadas en cicatrizar.

Retirar a una organización de esa lista exige una ruptura clara con su pasado criminal, es decir: disolución verificable, entrega de armas, cooperación plena con la justicia y contribución al esclarecimiento de crímenes pendientes.

Eso no ha ocurrido con ETA.

La desaparición operativa de la organización no equivale a una rendición formal o a una reparación efectiva de las víctimas. Centenares de asesinatos siguen sin esclarecerse, estructuras logísticas y apoyos sociales no han sido plenamente investigados, y no existe un proceso de rendición de cuentas que permita cerrar ese capítulo con la verdad jurídica que el sistema exige.

Redefinir la pertenencia de ETA a la lista europea sin esas condiciones jurídicas incumplidas es debilitar la misma esencia del Estado de derecho. Nunca sustituir justicia por conveniencia.

Este debilitamiento se produce en un momento en el que la UE, en términos internacionales, ha decidido endurecer su política antiterrorista hacia actores con comportamientos represivos claros como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). Así, acaba de incluirlo en la lista de organizaciones terroristas, con la consiguiente aplicación de las sanciones y restricciones legales involucradas: congelación de activos y, muy importante, prohibición de asistencia material.

La respuesta de Irán ha sido declarar a los ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea como «grupos terroristas». Una medida puramente simbólica, pero representativa de la importancia de la aplicación rigurosa de criterios antiterroristas por parte del bloque comunitario, y de la centralidad jurídica y política de las listas antiterroristas.

No son meros instrumentos de etiqueta, sino poderosos instrumentos de política exterior y seguridad.

En contraste, el gesto del Gobierno español para con los herederos de ETA emerge como otro movimiento de ‘Loco Iván Desesperado’ para el equilibrismo parlamentario de supervivencia.

Argumentar que esta decisión se justifica para «adaptarse al contexto» o por paralelismo con el IRA no resiste un análisis serio.

El proceso de paz en Irlanda implicó desarme supervisado, compromisos verificados y una arquitectura institucional de reconciliación. ETA no ha hecho nada comparable.

No ha emitido una declaración pública de disolución que implique entrega unilateral de armas ni una cooperación plena con la justicia para el esclarecimiento de los cientos de casos pendientes.

Esa ausencia de cierre explícito es un abismo moral que no se puede soslayar.

Y proteger la memoria de las víctimas no es una cuestión de signo político o de retórica emotiva. Es un derecho que forma parte de la dignidad constitucional.

El escuálido Gobierno de Pedro Sánchez, con la encomienda a hombros del públicamente menguado ministro de Exteriores, pretende recalibrar una herramienta que debería ser inmutable en sus objetivos básicos: condenar y aislar la violencia terrorista.

Lo hace para asegurar apoyos circunstanciales, ofreciendo al abertzalismo político un trofeo simbólico que no sólo no corresponde, sino que nos abochorna como ciudadanos y como país.

Eso no es realismo político, es transacción de dignidad por ese artefacto infame que se ha dado en llamar aritmética parlamentaria.

La política democrática moderna no puede permitirse este tipo de trueques: votos por memoria, conveniencia por justicia.

Las asociaciones de víctimas ya han hablado de traición, de deslealtad a quienes dieron su vida por la democracia y el Estado de derecho. No es una exageración retórica. Son palabras pronunciadas por quienes cargan con el peso de la pérdida y la insatisfacción de justicia.

Una organización calificada como terrorista por la UE no puede dejar de serlo sin los requisitos de verdad y reparación a las víctimas, pues dejaría a estas sin respuesta y a los procesos judiciales pendientes sin impulso.

Abriría además una grieta insalvable en la narrativa democrática que protege a la sociedad frente al uso ilegítimo de la violencia organizada, y debilitaría la credibilidad de España en la UE en un momento en que Europa se juega la coherencia de sus políticas antiterroristas a escala global.

Y, lo que es más grave, degradaría la memoria de sus víctimas. Que, al fin y al cabo, somos todos los españoles.