La segunda es que los cambios de mensaje introducidos por las instituciones en los últimos meses para intentar corregir la situación han generado cierta confusión, agravada al corresponderse con entidades públicas lideradas por un mismo partido, el PNV. Los departamentos que gestionan la seguridad ciudadana han decidido romper un tabú al vincular inmigración y delincuencia, hasta ahora un recurso empleado por la derecha y la extrema derecha, además de hablar sin tapujos de la necesidad de «endurecer» el discurso. Cuando el consejero Bingen Zupiria achacó el repunte de la armas blancas a «extranjeros sin arraigo» tras un apuñalamiento mortal en Bilbao, se traspasó la barrera. Le secundó el alcalde Juan Mari Aburto, que enmarcó el crimen en «culturas donde el valor de la vida es diferente». De ahí se pasó a la decisión de la Ertzaintza de desvelar el origen de los detenidos, en una iniciativa de la que se descuelgan los ayuntamientos de Bilbao, Barakaldo y Vitoria, los dos primeros con alcaldías del PNV y el tercero, del PSE. Su renuncia evita prejuicios denunciados por colectivos sociales y reconduce la lucha contra la delincuencia a criterios de prevención.

La apelación al miedo es un recurso cada vez más utilizado en la política para infundir inseguridad ante diversas realidades, como la llegada de inmigrantes, las desigualdades laborales, la incertidumbre económica o la alternancia en el poder. Recurrir a estos argumentos en una sociedad que se supone madura suele revelar una incapacidad en la gestión, en este caso en la lucha contra la delincuencia. Si algo ha quedado claro en el debate, es que la inmigración es esencial para el crecimiento del País Vasco. Y que el trabajo es crucial para favorecer su integración.