La ministra y portavoz del Gobierno Elma Saiz señaló que nos encontrábamos ante un «día histórico» y que se trataba de una medida que gozaba del «respaldo de la amplia mayoría del Congreso». Con relación a lo primero, cabe recordar que desde la de 2005 no se ha aprobado regularización extraordinaria alguna, y aquella también fue tramitada por decreto.

Es una medida de indiscutible relevancia política y trascendencia social. Aborda problemas y cuestiones que suscitan una gran controversia en la sociedad y son utilizadas como munición por fuerzas políticas de los extremos del espectro ideológico. La medida debe necesariamente enmarcarse en lo que es una política de Estado que, inexcusablemente, requiere el acuerdo de los grandes partidos.

Por ello, la afirmación de que la medida cuenta con el respaldo de la mayoría del Congreso es algo que no ha quedado acreditado. Y sin ese apoyo, nacerá con un déficit de legitimidad democrática. Es obligado advertir de que, por su trascendencia, la adopción de esta medida habría requerido la intervención del Parlamento. Para ello, habría bastado con continuar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre esta materia. El 9 de abril de 2024, el Congreso respaldó con 310 votos a favor la toma en consideración de una proposición de reforma de la Ley de Extranjería para dar cobertura expresamente a un decreto de regularización.

Existen razones jurídicas y, sobre todo, políticas para descartar la fórmula del decreto. Desde el punto de vista jurídico, podría discutirse si este procedimiento tiene la cobertura y respeta el contenido de la Ley de Extranjería de 2000. Por decirlo brevemente, por decreto (norma de rango reglamentario dictada por el Gobierno) se puede desarrollar, pero no modificar una ley. Los decretos pueden ser impugnados ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Esto conecta con la dimensión política del asunto.

La conveniencia, e incluso la necesidad, de dar cobertura a la regularización mediante una ley obedece a dos razones. La primera, que es la única forma de comprobar si la medida tiene o no el respaldo de los representantes de los ciudadanos. Dicho con claridad: es la única forma de conferir legitimidad democrática a una decisión sobre la que existe además ya una Iniciativa Legislativa Popular tomada en consideración por el Congreso.

La segunda, que es también el único modo de que los partidos puedan exponer y debatir sus posturas al respecto, incluyendo las enmiendas que se consideren oportunas (por ejemplo, incluir la exigencia de una oferta de trabajo o precisando más los riesgos para la seguridad derivados de la existencia de antecedentes policiales) y permitiendo así alcanzar un amplio acuerdo.

En definitiva, debatir y dar cobertura a la regularización extraordinaria de inmigrantes mediante una ley es la forma democrática de abordar el asunto. Si el Gobierno excluye el trámite parlamentario es porque no está seguro de que la iniciativa pueda prosperar y esto revela una forma autoritaria de gobernar. Se utiliza el reglamento en lugar de la ley porque no se tiene la confianza del Parlamento. Y esto es algo que, aunque se haya normalizado, reviste una extraordinaria gravedad. El presidente Sánchez ya admitió que gobernaría sin el Parlamento. Y con el recurso a la potestad reglamentaria para aprobar normas que podrían ser rechazadas por el Legislativo, está gobernando contra el Parlamento.

El contenido y la finalidad del decreto son, en líneas generales, positivos. La regularización extraordinaria contribuirá a mejorar las condiciones de vida de muchas personas que trabajan en condiciones de precariedad. Pero es la constatación de un fracaso y hay que precisar que no habrá más regularizaciones en el futuro. Y no resulta aceptable, por antidemocrático, impedir que sea el Parlamento el que debata y acuerde lo que considere más adecuado para el interés general de España.