Salvo para algunos informadores especializados, el intervencionismo gubernamental en la alta empresa suele pasar inadvertido en el debate de opinión pública. Sin embargo es en ese ámbito preciso donde Sánchez teje sus redes de poder, asienta su supervivencia y la proyecta incluso más allá de su estancia en el Ejecutivo. Al amparo de un decreto dictado durante el estado de alarma de la pandemia con el objetivo teórico de proteger del asalto extranjero a los sectores de importancia estratégica, Moncloa no se conforma con utilizar la SEPI como herramienta de actuación directa sino que ejerce de facto la tutela de ciertas corporaciones tecnológicas, grupos de comunicación o entidades financieras. Y así suceden luego cosas que examinadas en el contexto adecuado no deberían causar sorpresa: obstrucciones oficiales a fusiones bancarias, rescates millonarios bajo sospecha o ceses de responsables de multinacionales ejecutados en despachos de la Presidencia.

De todo el entramado industrial bajo su control o su influencia, Indra es sin duda la firma favorita. Solvente, prestigiosa, eficiente, con el tamaño y la estructura adecuados para desenvolverse en el campo de la defensa y la ingeniería. Y participada por el holding público en un 28 por ciento que en la práctica funciona como una mayoría. Un caramelo para el aparato monclovita, al que sin embargo se le ha ido la mano en el manejo de una operación que ha soliviantado a buena parte de los accionistas: la compra de EM&E, propiedad familiar del presidente y de un consejero de la compañía. Una fusión con lógica competitiva para adquirir músculo productivo en la coyuntura derivada del rearme europeo ante la creciente tensión geopolítica, pero también un evidente conflicto de intereses susceptible de poner la cotización de la sociedad patas arriba…y de provocar un escándalo indigerible hasta para el inescrupuloso método de gobernanza sanchista.

En el mundillo económico no se recordaba nada igual desde que Mario Conde se enriqueció a costa de su propio banco. Eso sí, nadie, ni siquiera la oposición, levanta la voz aunque proliferen los murmullos por lo bajo. Pero el asunto se ha complicado de tal modo que los fontaneros de Pedro se plantean forzar la renuncia de Ángel Escribano, el ejecutivo que ellos mismos habían nombrado hace un año tras haber otorgado a su empresa particular más de mil millones en contratos del Estado. Esas adjudicaciones favorecieron un crecimiento lineal que ahora permite valorar la venta en un precio muy alto, aunque también muy cuestionado por los socios minoritarios. Lo relevante del caso es que, como en Telefónica, el Gobierno mueve sus hilos sin el menor reparo: que se note desde lejos hasta dónde alcanza el brazo que dirige el cotarro. La ética y la estética son cosas de remilgados. De qué sirve el poder si no se puede entrar en los grandes negocios a saco.