Las negociaciones para investir presidenta de Extremadura a María Guardiola están tomando el cariz de telenovela. Episodios diarios, de corta duración y sin apenas avances en la trama. Partido Popular y Vox. Vox y Partido Popular. Siglas contra nombres. Nombres contra siglas. Desde el instante en el que la baronesa ‘popular’ convocó elecciones, su única idea era la de gobernar en solitario, si podía ser con mayoría absoluta mejor todavía, claro.

La relación entre ambas formaciones dista mucho de ser ideal, de hecho la falta de afinidad entre Guardiola y la cúpula de Vox es notoria. Ninguna de las dos partes lo esconde. A diferencia de Aragón, donde fuentes conocedoras de las negociaciones deslizan que «se podría llegar a pactar antes que en Extremadura», Mérida se ha convertido en una trinchera.

El éxito lectoral de Guardiola, quien sacó un escaño más que en 2023, abrió las puertas al auge de Vox duplicando los resultados e imponiéndose con más fuerza en la mesa de negociaciones. El Partido Popular planteó hace unas semanas un acuerdo completo, donde aseguran estaban incluidas muchas de las líneas rojas de Bambú.

Pese a ello, Vox se levantó de la mesa y dio por rotas las conversaciones, un amago en falso que desmintieron a las pocas horas, aunque con el aviso de que no iban sus «votos gratis». Aquello ya es historia, y los comicios en Aragón reforzaron las ideas de Vox, quien no quiere mezclar una autonomía con la otra, pero lanza el mensaje de que los que están al alza son ellos.

Con la fecha del 19 de febrero apuntando desde las Cortes extremeñas, el PP ha dado un impulso en las últimas horas para acelerar el proceso. A nadie le interesa una repetición electoral, pero si hay alguien que pueda rentabilizarla es Vox. «Nada les afecta», comentan desde Génova. El PP extremeño trasladó en la tarde del martes que pidieron la abstención al PSOE, quien se la denegó, y la oferta de un pacto a Vox que no obtuvo respuesta.

Vox detalla sus exigencias a María Guardiola

Vozpópuli ha hablado al detalle con fuentes de Vox en la negociación para saber al detalle dónde están los principales puntos de desacuerdo que impiden cerrar el pacto. Miembros de la formación conservadora señalan, lo primero, que no es cierto que no hayan atendido las llamadas de Guardiola. «Nos pasaron los papeles hace pocos días y estamos estudiándolos», apuntan.

El Partido Popular les ha ofrecido la Consejería de Agricultura y un senador de designación territorial. Con sorna, desde Bambú desdeñan esta oferta, ahondando en la nula necesidad que tienen de tener sentado en el Senado a uno de los suyos para «aportar nada». Vox quiere «consejerías con contenido que podamos gestionar», «tomar parte en las decisiones clave de la autonomía».

Con los once escaños obtenidos hacen sus cálculos sobre la cuota de responsabilidad que deberían tener, la cual fijan en «el 16,8% del Gobierno». Esto incluiría dos consejerías, no una como le ofrece María Guardiola ahora mismo. Además, quieren tener peso en la reformulación del Instituto de la Mujer, la ‘Ley Trans’ aplicada a la región y las subvenciones, amén de eliminar todos «los chiringuitos vinculados a Igualdad».

Sin embargo, hay un punto que ha pasado por alto y que para ellos es fundamental. Vox quiere erradicar el impuesto de 70 millones de euros anuales que el Gobierno de Extremadura aplica a la central nuclear de Almaraz. Para los de Abascal la defensa de la energía nuclear es fundamental, y quieren eliminar cualquier traba impositiva que pueda poner en riesgo la viabilidad de la misma y los centenares de puestos de trabajo asociados. Lo definen como «crear políticas con los alcaldes de la zona».

En cuanto a inmigración, conscientes de que no es una región «especialmente castigada», quieren tener mano en la seguridad ciudadana y los controles a los menores de edad que llegan a Extremadura. El balón está en el tejado del PP, quien debe mover ficha para evitar que la investidura de los próximos días sea un fracaso o un éxito que eche a andar la legislatura.