Mikel Buesa-La Razón

  • Más pronto o más tarde, en España, veremos sentados a los comisionados del partido de los asesinos en las poltronas del Gobierno Vasco y, ¿por qué no?, del Consejo de ministros. Tal será el fruto de la traición socialista

La excarcelación de «Txeroki» y tantos otros etarras durante los últimos tiempos, gracias a la política desarrollada por el partido socialista desde la administración vasca, es una indecencia que no por reiterada puede ocultar su deshonestidad. Y no porque su consejera de Justicia —María Jesús San José— haya bastardeado los principios jurídicos definidos en las leyes penales y penitenciarias aplicables al efecto —que aluden al arrepentimiento del reo en forma de colaboración con los tribunales y de solicitud de perdón—, sino porque ha prescindido radicalmente de los dos aspectos más relevantes que definen el terrorismo hasta hacer irreconocibles los delitos cometidos por aquellos. Me refiero, claro está, a la naturaleza política de tales crímenes —pues se mata, se hiere, se destruye, se extorsiona, se amenaza o se roba con la finalidad de imponer a la sociedad un sistema específico de poder que subvierte el orden establecido— y al hecho incontrovertible de que sus víctimas no lo fueron por ser portadores de una culpa, sino que se seleccionaron por su valor simbólico —y a veces, ni siquiera eso, porque simplemente estaban allí donde se ejercía la violencia—, pues de esa manera se trataba de lograr el desistimiento de la sociedad —y de sus dirigentes políticos— frente a las pretensiones de la organización terrorista. María Jesús San José nos dice ahora que aquellos asesinatos, que aquellos estragos, que aquellos despojos, que aquellos pillajes e intimidaciones son perdonables por el hecho elemental de que ETA fue derrotada policialmente y, llegado este momento, sus fines políticos son plenamente aceptables —como lo demuestra todos los días el presidente Sánchez apoyándose en Bildu y negociando su conformidad para todo tipo de decisiones gubernativas—. Y lo hace, además, prescindiendo del interés de las más de 160.000 personas que sufrieron directamente las consecuencias, a veces fatales, de todos aquellos delitos —y que, aunque muchas veces no lo ejerzan, tienen derecho a reivindicar su resentimiento—. Es esto lo relevante, pues preludia que más pronto o más tarde, en España, veremos sentados a los comisionados del partido de los asesinos en las poltronas del Gobierno Vasco y, ¿por qué no?, del Consejo de ministros. Tal será el fruto de la traición socialista.