- Sánchez iría al Congreso al cabo de un mes a alardear de que todo lo hizo muy bien, culparía a la «emergencia climática» y al PP y no habría ni una protesta
En España existen 2.453 presas, cuya titularidad ostenta el Gobierno. De ellas, 600 tienen más de cincuenta años y un centenar supera el siglo de antigüedad. En una información que firma María Curiel, el ingeniero de caminos Jesús Contreras denuncia que el 70 % necesitan «actuaciones urgentes» para garantizar su seguridad.
Su tesis coincide con la de un informe de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de octubre del año pasado, donde alertaban al Gobierno sobre la situación de las presas y le reprochaban que la inversión en esas infraestructuras ha recibido un tijeretazo del 57 %.
Está lloviendo muchísimo este invierno, no hay ni que decirlo. El Gobierno achaca estas constantes borrascas al cambio climático, que es uno de sus pilares ideológicos. Si es cierto lo que sostienen Sánchez y sus ministros, que el clima ha mutado y que vamos a recibir un volumen de agua mucho mayor, la conclusión evidente es que la presión sobre las presas va a aumentar, por lo que habría que revisarlas y reforzarlas (pues muchas siguen como las dejó en su hora quien las construyó, Franco).
Pero para entender en qué país vivimos, vamos a imaginar –y Dios no lo quiera– que se diese la terrible desgracia de que se rompiese el muro que cierra un embalse y se produjese un desbordamiento letal, con daños espantosos en una población cercana. ¿Qué ocurriría en España ante una tragedia así?
El Gobierno ofrecería en un primer momento unas explicaciones confusas, parloteando mucho sin decir nada, en plan cantinfleo. Acto seguido, culparía de la catástrofe a «la emergencia climática» y a «la desidia inversora de los Gobiernos del PP».
La altiva vicepresidenta que en teoría se ocupa de la política hidráulica, Sara Aagesen, heredera de la nefasta Teresa Ribera, no se daría por enterada del drama, que se quitaría de encima recurriendo a todo tipo de eufemismos técnicos (como ha hecho con el apagón).
Intxaurrondo, Ruiz, Fortes, Cintora y Ferreras iniciarían una campaña de distracción, desvelando en maratones informativos especiales que una vez Ayuso se saltó un semáforo en ámbar. Si la región donde está ubicado el embalse la gobernase el PP, alguna res embestidora de la brava Ganadería de los Óscar –Puente o López– saldría a la arena para culpar de la ruptura de la presa al mandatario autonómico, porque la Ser y el Pravda han descubierto que la noche anterior se había ido al cine.
Por su parte, Sánchez sobrevolaría en helicóptero la zona cero y luego comparecería en una zona acordonada, con las personas de la calle bien alejadas por un férreo blindaje. Sin admitir preguntas, con voz queda y con estudiada mirada teatral de pesadumbre, se pondría un diez a sí mismo con la siguiente declaración: «Toda tragedia exige dos cosas, unidad en el dolor y unidad en la respuesta, y desde el mismísimo instante en que se produjo esta tragedia el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad» (palabras exactas en Adamuz).
Una vez organizado un funeral católico en recuerdo de las víctimas, Sánchez se negaría a acudir, porque él es un orgulloso ateo y no está para esas cosas, ni para acercarse en persona a las familias, no vaya a ser que alguien tenga algo que decirle en alto.
Un mes después de los hechos, Sánchez acudiría de mala gana al Congreso, a explicar por qué se rompió una presa cuando los ingenieros ya venían denunciando que el mantenimiento del Gobierno era insuficiente. Desde la tribuna del Parlamento explicaría que nuestro modelo hidráulico «no es perfecto, pero es seguro» y alardearía de que «de hecho es uno de los mejores del mundo». Alardearía de la «actuación rápida y ordenada» del Gobierno, ratificaría a la ministra del ramo y acusaría a Feijóo y Abascal de «sembrar la zozobra». Como remate de su actuación, y fumándose el duelo de las víctimas, se pondría a hablar de Bad Bunny para atacar a la oposición. (Todos los entrecomillados son de sus citas sobre Adamuz).
Con esto se daría por zanjada la crisis de la presa rota. Sin una sola dimisión en el Gobierno y sin una sola manifestación contra el Ejecutivo por su descuido en el mantenimiento que provocó la catástrofe. Y es que en España la izquierda tiene bula. Haga lo que haga, no pasa nada.
Me repito –y sé que a algunos lectores no les gusta la frase–, pero los españoles tenemos lo que nos merecemos. Aquí estamos, callados como ficus tras el chuleo del presidente del Gobierno, que se ha puesto matrícula de honor en el Congreso tras haber provocado con su incompetencia gestora el gravísimo accidente de Adamuz y tras haber convertido el servicio ferroviario en una ruleta de contratiempos.