Sostiene Juan José Muñoz Armagnac, ingeniero civil especialista en cimentaciones especiales, que si sus compañeros de carrera, esa elite que antaño salía de la Escuela de Caminos de Madrid y (en mucha menor medida) de la de Santander, hubiera seguido manteniendo el mismo nivel de influencia, la misma capacidad de gestión, el mismo poder a la hora de avaluar la gran obra civil, que tenían en la Subdirección General de Transportes Ferroviarios, con toda seguridad el accidente de Adamuz que ha costado la vida a 46 personas no se hubiera producido, y muy probablemente tampoco el de Angrois. Porque entonces nuestros ingenieros, entre los mejores de Europa, mandaban en Renfe, sabían lo que había que hacer y lo que no se podía permitir. Muñoz Armagnac, Manuel Melis Maynar, toda una autoridad en ingeniería de proyectos, y tantos otros, han venido advirtiendo desde hace tiempo que la superestructura del AVE Madrid-Sevilla tendría que haber sido completamente renovada hace por lo menos 15 años, y han puesto por escrito en la Revista de Obras Públicas que la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona es un desastre necesitado de reparaciones urgentes, empezando por el cambio a vía en placa. Nada se hace porque de Renfe y Adif se han apoderado los políticos, los cargos elegidos a dedo entre la militancia del partido, gente que, en general, no tiene la menor idea de la materia con la que trata. Hace mucho tiempo que la política, la mala política, derrotó a la técnica, arrinconó a la elite funcionarial, esos cuerpos superiores de la Administración que hacían que el país funcionara, los transportes, la justicia, la salud, la educación… La consecuencia es el deterioro galopante de los servicios que el Estado presta al ciudadano que paga impuestos. El resultado son las listas de espera, la ventanilla que no contesta, el cercanías que no funciona. El vuelva usted mañana. El corolario es el cabreo de la ciudadanía. Y, a veces, la muerte.

Hace tiempo que los “funcionarios de carrera”, esa elite (Abogados del Estado, Técnicos Comerciales y Economistas (TECOS), Inspectores de Hacienda, de Trabajo, Interventores, Diplomáticos, TACs… los cuerpos A1 de la Administración General del Estado (AGE), además de jueces y fiscales, notarios, registradores, letrados de Cortes) que accedía vocacionalmente al servicio público tras superar muy arduas oposiciones, viene siendo sustituida por los “funcionarios de confianza”. Hasta el año 2004, el alto funcionario podía aspirar a ocupar una Dirección General, asumiendo que las Secretarías de Estado y las Subsecretarías entraban en el rango de los “puestos de designación política” y eran nombrados por el ministro de turno (además de una miríada de consejeros de todo pelaje y condición). Pero a partir de aquel año aciago todo quedó subvertido a los intereses del partido en el Gobierno: el funcionario de carrera quedó arrasado, más que contaminado, por la llegada a la Administración de miles de paracaidistas con carné del partido a los que había que recompensar por “los servicios prestados” colocándolos en las instituciones o en las empresas públicas. Nunca hasta entonces la política se había impuesto de forma tan obscena a la técnica. Desde entonces el político decide de acuerdo con las órdenes que vienen de arriba. El objetivo ya no es el servicio público, sino la sumisión a los intereses del Gobierno. Se trata de ayudar al Ejecutivo a “ganar el relato”, es decir, a seguir en el poder. ¿Qué puede hacer el alto funcionario ante esta situación?  Ponerse al servicio del mandamás de turno o, si es honrado, verse arrinconado en espera de tiempos mejores.

Una cuestión que se repite cada año. El Gobierno recurre al nombramiento de altos funcionarios para puestos de confianza en los que prima la politización y el nepotismo por encima del mérito, la capacidad y, a menudo, el escalafón. Una práctica cuya divisa es la escasa o nula transparencia, muy presente también en los concursos de méritos, por no hablar de los nombramientos de libre designación donde la discrecionalidad y el nepotismo suelen alcanzar cualquier cota imaginable. En la AGE, la jubilación forzosa de funcionarios de gran experiencia y competencia profesional obliga a la contratación de interinos debido a la escasa oferta de empleo público. Las urgencias en la plantilla se atienden con comisiones de servicio. Pasado un cierto tiempo, se convoca la plaza definitiva a la medida del candidato de confianza que ya viene desempeñando el puesto. La servidumbre es el ingrediente básico en las convocatorias por libre designación, coto de la discrecionalidad más absoluta. La competencia profesional y la experiencia dejan paso a la arbitrariedad y el favor personal cuando no al ajuste de cuentas. Con frecuencia los nombramientos se basan en la afinidad personal o política, a veces incluso en la amistad o el vínculo familiar. Ni que decir tiene que el carnet del partido del Gobierno suele resultar un aval insuperable.

Contra los deseos del poder hay poco que hacer. Este tipo de prácticas se extiende por la Administración Central, las CC.AA. y los Ayuntamientos. Las Comunidades se han convertido en agencias de colocación de familiares, amigos y compañeros de partido. A otro nivel, el funcionario de elite se apunta a la “bala de plata” que para los altos cargos suponen determinados puestos en empresas públicas, en Embajadas y en organismos en el exterior, puestos, en general muy bien retribuidos por los que se pelean quienes rodean al ministro de turno. Los de Economía –Nadia Calviño ha sido un caso extremo- en particular suelen utilizar estas prebendas para premiar a sus más fieles colaboradores cuando se acerca el final de su mandato o se barrunta una crisis en el Ejecutivo. Es la forma que tiene el ministro de asegurarse una cierta fidelidad perruna entre sus subordinados de alto rango. Por desgracia, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública nada se hace para poner coto a los nombramientos por libre designación. Las cacicadas están a la orden del día y los perjudicados por ellas poco o nada pueden hacer salvo resignarse. Impugnar el nombramiento de tal o cual colega para la Agregaduría Comercial en la embajada española en Washington, 250.000 dólares, te expone a toda clase de represalias. Sobre todo sabiendo que es poco probable que los tribunales te acaben dando la razón y más difícil todavía que la Administración cumpla la sentencia. El resultado de todo ello es la desprofesionalización galopante. La pérdida de prestigio de la elite funcionarial. El deterioro del sentido de pertenencia, el orgullo de cuerpo. No otra cosa puede esperarse de un alto funcionario de brillante currículum obligado a servir a un político que no sabe dónde tiene la mano derecha. El corolario es el daño acelerado al servicio público.

La situación ha empeorado exponencialmente con el Gobierno Sánchez. Los nombramientos arbitrarios están ahora a la orden del día y con absoluto descaro. De hecho, se nombra y se cesa con total desparpajo y sin miramientos sobre la procedencia y profesión. Un ejército de jóvenes licenciados en carreras de letras ocupan hoy los gabinetes de ministros y secretarios de Estado. El mandato no es hacer bien las cosas, gestionar con criterio, servir al ciudadano. Lo importante es ayudar a Sánchez y a sus ministros a seguir una semana más en el machito. Cualquier joven recién llegado sabe que la única manera de medrar rápido consiste en aposentar su trasero en el gabinete de un ministro o un secretario de Estado y, naturalmente, estar dispuesto a arrastrarse ante lo que le pidan. El hecho cierto es que tiene muchas más opciones de prosperar un joven de 30 años que un senior de 60 que, por mucho talento que atesore, camina sobre el alambre si no cuenta con el aval del partido o con la confianza del político de turno. El riesgo que afronta cualquier funcionario de carrera honesto mayor de 50 años de ser aparcado es muy alto.

¿Están bien pagados los funcionarios españoles? Muy bien los niveles B, C y D. También los A2. Aceptablemente los A1 cuando entran (dependiendo del tiempo empleado en aprobar la oposición), pero los seniors, verdadero capital público en lo que a experiencia y conocimientos se refiere, lo están muy mal para su nivel de exigencia y responsabilidad. Las dietas no suelen dar para pagar un hotel de tres estrellas, pero Óscar Puente ha gastado 70.000 euros de nuestros impuestos en un viaje de cuatro días a Canadá con su séquito. ¿Cómo se las apañan entonces? Ajustando sus ingresos con prebendas y pesebres de todo tipo, lo que les hace esclavos del poder, o arriesgando y saliendo al extranjero con el coste personal consiguiente. La reciente subida de sueldos del Gobierno Sánchez no ha mejorado gran cosa la situación, porque no ha devuelto el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Desde luego no corrige el desfase existente entre la remuneración de los altos funcionarios y los niveles salariales del sector privado. El empleo público pierde por ello atractivo para los mejor dotados, que buscan acomodo en la empresa privada o se van al extranjero. Con las lógicas excepciones, al funcionariado llegan los mediocres en busca de un empleo tranquilo y seguro.

Una de las razones del descontento tiene que ver con la ausencia de una evaluación escrita que objetive el rendimiento de cada funcionario. “A nosotros nos da pereza y los jefes no quieren. Somos una administración de Pancho Villa, sin instrumentos ni métodos de gestión, que no premia a los buenos ni castiga a los vagos”. Esta semana, el francés Le Figaro publicaba un informe (“¿La remuneración de los funcionarios públicos basada en el mérito debe seguir siendo un tabú?») del Instituto Montaigne recomendando encarecidamente al Gobierno galo la introducción del concepto de mérito de forma más completa en el sistema salarial de la función pública, enfatizando la necesidad de «aplicar rigurosamente los mecanismos de recompensa y sanción para los funcionarios públicos de una manera más individualizada, lo que implica, entre otras cosas, la implementación de una política de compensación basada en parte en el mérito y los resultados».

En la torre del homenaje de nuestra Administración Pública ondea la bandera del conformismo. Y la resignación. Algunos altos funcionarios con prestigio y criterio bastante están ahora luchando para que aquellos de sus colegas que estén dispuestos y que gocen de buena salud puedan alargar sus carreras sin verse forzados a jubilarse a los 70 años, dándoles así la oportunidad de seguir ofreciendo su talento y experiencia hasta los 72 o incluso 75, como en el sector privado. Nada sería más normal en una plantilla cada día más entrada en años y necesitada de un reemplazo sereno que combinar la fuerza de las nuevas promociones con la experiencia y la visión estratégica de los mayores. “Al contrario de lo que muchos piensan, no todos somos unos vagos deseosos de jubilarnos cuanto antes”.

Por el camino del abandono y la sumisión de los técnicos a los políticos hemos llegado al espectáculo de nuestros días: una Administración compuesta por 22 ministerios centrales, un enjambre de consejerías en los 17 Estaditos que componen nuestro diseño territorial y multitud de Ayuntamientos (amén de Diputaciones), cada centro de poder con su Príncipe, su voluntad de apalancarse en el cargo, y su cohorte de servants. Por debajo, secretarios de Estado y subsecretarios, naturalmente políticos, y en el cuarto nivel el técnico de mayor grado como director general del ramo o actividad. Cada uno de ellos cuenta al menos con tres secretarias y multitud de escoltas, bedeles, chóferes, consultores. En la corte de Pedro Sánchez y su amanuense, Félix Bolaños, figuran 34 asesores de protocolo, 231 secretarias y 63 responsables de seguridad, amén de cientos de asesores del más variado pelaje, todos viviendo del Presupuesto. En la era de la Inteligencia Artificial, nadie se plantea una reforma integral de la Administración capaz de ahorrar recursos susceptibles de ser empleados en mejores fines. El número de funcionarios sigue creciendo imparable. El resultado de tanto dislate es un Estado que no funciona y una Administración que no sirve al ciudadano, convertida a menudo en enemiga mortal de Juan Español, porque en esta tragedia los muertos los pone siempre el pueblo: unos en riadas catastróficas (los ingenieros han desaparecido de las Confederaciones Hidrográficas), otros en accidentes de tráfico (la situación de nuestras autovías radiales, trazado y firme, es de auténtica vergüenza), y los demás en una Sanidad colapsada que a veces receta remedios sin los debidos ensayos clínicos, caso de la pandemia. El denominador común en todos los casos es el enriquecimiento del partido y del Ábalos de turno dispuesto a distraer una “comisión” de cualquier proyecto o circunstancia que surja en su camino.

Para hacer frente a esta alarmante situación, algunos cuerpos superiores de la Administración (Interventores del Estado, letrados de la Seguridad Social, ingenieros de caminos, abogados del Estado, etc.) acaban de anunciar la creación, a través de FEDECA, la federación que les aúna, de una nueva entidad de la sociedad civil empeñada en la defensa de la buena gobernanza, la igualdad de derechos entre españoles y el freno al deterioro del Estado de Derecho. Entre los objetivos de esta nueva organización cívica, que descarta cualquier tipo de veleidad política, figuran el refuerzo de la calidad institucional, la profesionalización y la neutralidad del servicio público. “No queremos un Estado democrático fallido; las instituciones no se defienden solas, necesitan ciudadanos exigentes, organizaciones vigilantes y proyectos serios a medio y largo plazo”. Un buen intento que parece anunciar el despertar de una sociedad civil adormecida ante el deterioro institucional. España no está muerta, sino ayuna de liderazgo.