- Es inadmisible utilizar un organismo público para inducir estados de opinión en lugar de para conocer los que existen
No tiene ningún sentido que, al calor de los espléndidos sondeos del CIS para él, Pedro Sánchez no convoque elecciones generales a la mayor inmediatez: gana por diez puntos al PP, revierte su derrota de julio de 2023, es de largo la fuerza política más votada y, además,sse libraría de la precaria situación que padece ahora, sin escaños propios ni ajenos suficientes para algo tan básico como aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en toda una legislatura.
Si tan bien le iría a Sánchez y tan paralizado está ahora, haga caso al instituto demoscópico que él gestiona mediante un acólito y pagamos todos los españoles. La respuesta es bien sencilla pues todos los estudios del organismo asaltado por José Félix Tezanos, dirigente socialista al servicio de una causa ajena a sus funciones teóricas, son simplemente falsos.
La realidad es que las encuestas serias reflejan, sea cual sea su origen, una abrumadora victoria de los partidos liberales y conservadores, con mayorías absolutas con pocos precedentes en España. Y recogen también un hundimiento histórico del PSOE, unido al desplome de la práctica totalidad de los partidos de extrema izquierda, apenas compensada por el mantenimiento o repunte de las indignas opciones separatistas.
El CIS, en fin, no aspira a recoger profesionalmente los estados de opinión de la sociedad española, sino a inducirlos en favor del PSOE con técnicas inmersas en la ingeniería electoral: difundir una imagen victoriosa de un candidato siempre afecta, en positivo, a sus expectativas, aunque en realidad sean nulas o muy modestas, cual es el caso.
La utilización de instituciones y empresas públicas por parte de Sánchez no es una excepción, sino la inquietante norma en un presidente desnortado que siempre intenta tapar su debilidad con fuegos artificiales y trampas: lo ha hecho con el CIS, claro, pero también con el Tribunal Constitucional, con Correos, Telefónica o Indra y desde luego con el propio Congreso, convertido en una burda herramienta al servicio de sus intereses.
Que lo haga también con el organismo que participa en los procesos electorales es de una gravedad cercana al delito, pues denota un intento indignante de mediatizar la decisión de los españoles, con malas artes y un desprecio manifiesto por la liturgia democrática.
Nada sorprende en un personaje de los valores y catadura de Sánchez, pero sí obliga a activar todas las alertas ante alguien capaz de intentar condicionar, nada menos, la decisión de los votantes.